Un informe de 15 páginas, elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, no sólo reseña crímenes y agresiones documentados por la justicia contra menores de edad en los últimos ocho años, sino que aporta elementos para el debate de cómo los niños terminaron en medio del fuego cruzado de la guerra. En siete casos particulares de 2010, el documento refiere que en las muertes de varios menores pudieron haber tenido responsabilidad miembros de la Fuerza Pública.
El atroz hecho de la niña violada y asesinada junto con sus dos hermanos de 9 y 6 años en Tame (Arauca) entre el 12 y el 14 de octubre de 2010, según la Fiscalía perpetrado por el subteniente Raúl Muñoz Linares, entonces adscrito a la Brigada Móvil N° 5, es uno de los casos que retoma el informe. La mesa de trabajo que se conformó para realizarlo estuvo constituida por 19 organizaciones de Derechos Humanos del país. Así, por ejemplo, al procesar las denuncias de la comunidad se describen episodios que hoy son revisados por fiscales e investigadores judiciales.
Uno de los casos resaltados ocurrió el 19 de febrero de 2010, a las 11 y 30 de la mañana. Ese día falleció un niño de un mes de nacido en Carepa (Antioquia), quien resultó herido junto con su familia, según el informe, después de un bombardeo del Ejército el 30 de enero, en desarrollo de operaciones contra la guerrilla. De acuerdo con las denuncias recogidas en el comunicado del la Organización Indígena de Antioquia, el Resguardo Uradá Jiguamiandó en el Alto Guayabal, resultó afectado por la maniobra militar, los cultivos, el bosque y una de las viviendas quedaron destruidas. Además, fueron gravemente heridas cuatro personas. Tres adultos y el niño de 20 días de nacido, que después pereció.
El informe de las ONG de Derechos Humanos relata que altos oficiales de la Brigada XVII sostuvieron reuniones con los líderes de la comunidad de Jiguamindó, quienes “reconocieron su responsabilidad en los hechos y manifestaron su intención de indemnizar a los afectados”. En otro episodio descrito en el reporte de las 19 organizaciones, se señala que el 25 de marzo de 2010, en el municipio de Aipe (Huila), seis presuntos integrantes del Ejército, que vestían chalecos del Gaula, habrían entrado a la vereda Santa Rita disparando indiscriminadamente.
El menor Dídier Alexánder Clavijo resultó muerto. También fue herido José Guillermo Valencia, de 8 años de edad, quien se encontraba en un salón de clases. Miembros del Ejército han insistido, dice el reporte, en que esta muerte se registró en respuesta a un combate con un grupo guerrillero en la región. Según la Comisión Colombiana de Juristas, la IX Brigada del Ejército con sede en Neiva (Huila) ha afirmado que la investigación de los hechos estará a cargo del Juzgado 64 de Instrucción Militar.
Un tercer caso ocurrió el 26 de julio de 2010, en La Argentina, paraje rural del municipio de Vistahermosa (Meta). Allí resultó muerto un menor y otro más herido cuando cazaban animales silvestres. Un hecho que el Ejército atribuyó a una terrible confusión, según se lee en el informe. De hecho, añade el reporte, fuentes del Ejército en Florencia dijeron que en el área estaban presentes soldados de una brigada móvil que escucharon disparos y al temer un ataque reaccionaron con sus armas.
En ese contexto el informe de las 19 organizaciones dio cuenta de un cuarto caso. El 15 de agosto de 2010, a dos cuadras del parque principal del municipio de El Tarrá (Norte de Santander) se escucharon disparos que motivaron la reacción inmediata de la Brigada Móvil N° 23. Luis Esteban Campo, de 16 años, murió cuando fue alcanzado por una de las balas. Al parecer el arma fue accionada por uno de los uniformados. Sin embargo, el informe revela asuntos más graves. Por ejemplo, que presuntamente los militares lanzaron, en presencia de los pobladores, una pistola cerca del cuerpo del menor para salvar su responsabilidad.
Más allá de las apreciaciones del reporte, las investigaciones por estos episodios son objeto de pesquisas judiciales. El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, en reciente entrevista con este diario, dijo que cada vez más se implementan políticas para evitar que se sigan cometiendo excesos y agresiones a los derechos humanos.