Eduardo Montealegre, el séptimo fiscal de Colombia, está empeñado en acabar ese lastre de impunidad que rodea innumerables violaciones contra los derechos humanos. Dice que va a crear una unidad para vigilar el proceso de restitución de tierras, que nunca ha asesorado a parapolíticos, que está en contravía de la legalización de las drogas, pero que no cree en la penalización de la dosis mínima, y que hay otros bufetes de abogados que han cobrado sumas muchísimo mayores a las que el suyo recibió —unos $5.000 millones en cinco años— por asesorar a la intervenida EPS Saludcoop. Franco, frentero y pausado, así le contestó a El Espectador.
¿Cuál es su principal preocupación sobre la administración de la Fiscalía?
Hay un compromiso de Colombia de esclarecer la verdad en investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Una de las primeras medidas que adoptaré será hacer el examen del estado de todos esos procesos, porque se viene una gran discusión sobre si la justicia transicional debe dar un giro en su forma de actuar.
Su discurso ante la Corte Suprema lo basó en los derechos humanos. ¿Qué tan mal estamos?
Colombia tiene una situación dramática en esta materia. Aunque el país viene respondiendo progresivamente a esos casos y luchando contra la impunidad, el conflicto actual exige una dinámica fuerte de la Fiscalía. Hay casos importantes por esclarecer y la comunidad internacional está siempre muy atenta.
¿Cuál es su percepción del sistema interamericano, sobre todo después del escándalo de las falsas víctimas de Mapiripán?
He representado a Colombia ante la Corte Interamericana de DD.HH. y soy un defensor del sistema. Fue el discurso de derechos humanos la gran revolución que cambió el concepto tradicional de soberanía, la razón por la cual los países deben tener conciencia de que, por más independencia que tengan, no pueden desconocer los estándares internacionales. La protección de los DD.HH. es un factor de equilibrio y de consolidación de la democracia.
Pero la creación de esos tribunales refleja el grado de impunidad en muchos países.
Los tribunales demuestran que globalmente existen fallas estructurales en la administración de justicia, y parten del supuesto de que hay graves fallas o que no tienen la suficiente independencia para producir resultados y luchar contra la impunidad.
¿Qué le dijo su esposa cuando fue elegido?
Estaba muy contenta, se emocionó tanto que lloró cuando le di la noticia. Mis hijos, mi hermana, todos muy contentos.
Bastante se publicitó el pasado del esposo de Viviane Morales. ¿Quién es su esposa, fiscal?
Tania Hernández, abogada de la Universidad Externado, con dos especializaciones en derecho administrativo, y está haciendo una maestría en derecho económico. Estoy casado hace más de 12 años con ella. Colabora en algunos temas de mi oficina.
A quienes llegan a ser fiscal los terminan asociando con el presidente de turno. A usted lo asocian con tres. ¿Es samperista, uribista o santista?
Soy conceptualmente liberal: respeto el pluralismo, las minorías, me gusta el discurso deliberativo, respetuoso del proceso democrático, no me gusta el Estado totalitario ni la concentración de poder. Nunca he hecho política. Mi vinculación con el presidente Uribe se debe a que fui asesor de la Cancillería ante la Corte Interamericana y luego designado para integrar una comisión para presentar una propuesta de reforma a la justicia.
¿Le suena eso de ampliar el fuero militar?
La propuesta debe ser retirada de la reforma a la justicia. Es altamente inconveniente y no resuelve los problemas estructurales que tiene la Fuerza Pública. Las graves violaciones a los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura y ejecuciones extrajudiciales deben ser competencia de la justicia ordinaria. La comisión de la que formé parte sugirió también la armonización del derecho internacional con el derecho interno. Las categorías tradicionales del Código Penal son insuficientes para resolver los problemas del conflicto colombiano. Lo lícito frente al DIH, como una muerte en combate, puede ser ilícito desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos.
¿Es verdad que usted ha sido asesor de casos de parapolítica?
Eso es absolutamente falso. Respeto la actividad de mis colegas, es legítima, pero no he llevado ninguno de esos casos.
¿Qué va a hacer con la ‘papa caliente’ de la yidispolítica, que en el caso de dos exministros está por prescribir?
No voy a entrar al análisis particular de casos. Cualquier opinión sin que me haya posesionado me puede causar impedimentos posteriores. Pero sí puedo hablar en general: no va a haber retroceso en las grandes investigaciones que se han adelantado. No seré un obstáculo en esos avances.
Pero el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, su gran amigo y exsocio, es el defensor de Sabas Pretelt. ¿Qué va a hacer?
En todos los casos que llegaron a la Corte Constitucional mientras fui magistrado en los que tuviera interés o fuera abogado el doctor Jaime Bernal Cuéllar, me declaré impedido.
El presidente Santos puso el debate de la legalización de la droga. ¿Cuál es su posición?
No estoy de acuerdo con la legalización de la droga, no creo que sea la política adecuada para la lucha contra la criminalidad. Pero eso no excluye un gran debate mundial sobre su conveniencia. Se debe dar el debate.
Y sobre la despenalización del consumo, ¿qué posición tiene?
Estoy de acuerdo con la posición de la Corte Constitucional: no se debe penalizar la dosis mínima. El tratamiento debe ser exclusivamente médico, la respuesta debe ser social. No creo en la política de penalizar todo tipo de conductas, sólo las muy graves, que comprometan los valores esenciales de una sociedad. El consumo de drogas se remite a un ámbito estrictamente personal y debe respetarse el libre desarrollo de la personalidad.
¿Debería entonces el Congreso legislar sobre el tema?
Hay que partir del punto de que no se puede penalizar el consumo. Debe haber más políticas públicas de salubridad, pero jamás la injerencia del derecho penal en este tipo de derechos. Esa es una línea que trazó la Corte.
Este gobierno ha hecho énfasis en combatir la violencia de género. ¿Cómo piensa asumir esta problemática?
Hay unas recomendaciones recientes de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre reforzar las acciones contra crímenes sexuales en el conflicto. Además de la violencia intrafamiliar, la Fiscalía debe hacer énfasis en estos casos.
Sobre la restitución de tierras, una bandera del gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no le parece que estamos aplicando medidas posconflicto en medio de la guerra?
Es que estamos hablando de justicia transicional sin ninguna transición. La contribución que debe hacer la Fiscalía en ese tema es la lucha contra la impunidad. La Fiscalía tiene que crear una unidad especial para la restitución de tierras y las víctimas en el ámbito de la restitución. Lo demás le corresponde a la Fuerza Pública: garantizar los derechos de las víctimas para hacer efectivo el regreso real a las tierras sin que sean nuevamente desplazados por actores ilegales.
No hace mucho estuvo vigente la discusión de la cadena perpetua para violadores. ¿Está de acuerdo con ese tipo de penas?
No creo en la política criminal que se basa exclusivamente en el aumento de penas. ¿Qué sacamos con un derecho penal simbólico basado en cadenas perpetuas si no existen investigaciones para llevar a la justicia a los responsables? La mejor política criminal es investigar los hechos, identificar a los responsables y que las penas se impongan.
Con su renuncia usted se perdió de discusiones muy interesantes en la Corte Constitucional. ¿Cómo habría votado el debate de la reelección?
En la primera hubiera acompañado a la mayoría de la Corte. Un período de cuatro años con posibilidad de reelección es útil para el país, y si se ha hecho un buen gobierno la opinión pública tiene la posibilidad de la reelección. La segunda reelección, sin embargo, sí tenía serios problemas, sobre todo por la sustitución de la Constitución. Una tercera elección implicaba una ruptura severa con el diseño de las estructuras constitucionales vigentes.
¿Y cómo habría votado el tema del aborto?
Estoy de acuerdo con el aborto en los casos que observó la Corte Constitucional. En el conflicto entre los derechos constitucionales de la madre y del niño por nacer la Corte halló una tesis equilibrada. Comparto la orientación filosófica de esa decisión.
Pero ha habido serios choques entre la Corte y el procurador por ese tema...
Soy respetuoso de las decisiones que ha tenido el procurador. Conceptualmente no las comparto, pero Colombia es un país pluralista. Si algo caracteriza las constituciones en sociedades abiertas es que pueden coexistir diversas concepciones de la vida y de la sociedad. Y uno no puede caer en el error de afirmar que la concepción de uno es la verdadera. La verdad en el derecho no existe, es una construcción. El procurador es el representante de la sociedad y puede estar interpretando otras concepciones que existen en la sociedad.
Saludcoop le pagó $5.000 millones en honorarios. La suma suena excesiva, ¿no le parece?
Mis contratos tenían una cláusula donde se decía que mis honorarios no se pagarían con recursos de la seguridad social sino con recursos propios de la entidad. Además, se trató de más de seis años de trabajo, más de 15 procesos de alta complejidad y de larga duración. La asesoría incluyó múltiples conceptos. Es que en esos debates jurídicos estaba en juego la existencia de la misma empresa. Por otro lado, tengo una firma de abogados, cuyo costo de mantenimiento es bastante alto. Obviamente es una cifra alta, pero hay bufetes más prestigiosos que cobran mucho más.
¿Invitaría a la hoy asilada María del Pilar Hurtado a que regrese?
Desde luego. Le diría que nosotros tenemos una de las cartas de derechos fundamentales más importantes que se han escrito en América Latina, que tenemos una justicia independiente y que hay plenas garantías en caso de que quiera regresar al país para explicar sus actuaciones.
El expresidente Uribe insiste en la tesis de que hay una venganza criminal contra su gobierno...
No comparto esa tesis. Creo que la justicia no actúa por motivaciones políticas. Hay mecanismos institucionales para sancionar falsas declaraciones, pero no creo que exista esa tesis de una venganza criminal.
¿Ya abrió una cuenta de Twitter? Digo, para que le conteste al doctor Uribe cuando empiece a trinar...
No tengo Twitter, mi tecnología no me alcanza para tanto.
Las bacrim son crimen organizado
Interrogado sobre la lucha contra las bacrim, el nuevo fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró que estos grupos deben recibir el tratamiento de criminalidad organizada, dado que “tienen una organización jerárquica, con una subcultura de la violencia y con actividades de carácter permanente”. El alto funcionario explicó que las bacrim deben ser atacadas con medidas distintas a las del procedimiento ordinario, y que empezará por evaluar si los instrumentos del sistema penal acusatorio —diseñado fundamentalmente para la delincuencia común— pueden funcionar contra la delincuencia organizada.
Montealegre agregó que se tiene que fortalecer la policía judicial y en especial evaluar si las 3.000 personas que ingresaron a la Fiscalía provenientes del DAS tienen o no la experiencia suficiente para el manejo y recaudo de pruebas en el sistema acusatorio. Y si no lo están, realizar una labor urgente para capacitarlos. “Una cosa es el DAS y otra el CTI de la Fiscalía”, dijo Montealegre.
El caso del caserío de Santo Domingo
Eduardo Montealegre fue asesor de la Cancillería ante la Corte Interamericana de DD. HH. en tres casos: La Rochela (en el que él mismo admitió la responsabilidad del Estado), Pueblo Bello y Santo Domingo.
Sobre este último caso, El Espectador evidenció hace unos días que en Colombia existen dos sentencias en contravía, pues mientras en una se asegura que un bombardeo de la Fuerza Aérea causó la muerte de 17 civiles —6 de ellos niños—, en otra se lee que los responsables fueron las Farc y una bomba activada por ellos.
Al respecto, Montealegre aseguró que el Estado colombiano cuenta con pruebas suficientes para demostrarle a la Corte Interamericana que quien produjo esas 17 muertes fue la guerrilla de las Farc, con un artefacto explosivo que colocaron en un camión.
El recién elegido fiscal general asevera que las víctimas tienen, fundamentalmente, el derecho a la verdad y que reiterar la responsabilidad de la Fuerza Aérea cuando hay pruebas fuertes que dejan ver la participación de las Farc en el crimen, afecta directamente ese derecho de las víctimas a conocer las verdaderas circunstancias de los eventos.