El abogado Jaime Granados, quien defiende los intereses de Laura Moreno aseguró que ya existen suficientes pruebas materiales que indican que el fiscal 11 de Vida, Antonio Luis González fue la persona encargada de llevar al proceso a los denominados “falsos testigos” dentro de las investigaciones que se adelantan por los hechos que rodearon la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares, registrada el 31 de octubre de 2010.
El jurista indicó que las declaraciones conocidas en los últimos días por parte de José Wilmer Ayola son bastante claras para inferir que el exfiscal del llamado caso Colmenares presionó a esta persona con el fin de que entregara declaraciones en contra de los estudiantes Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas y así vincularlos a un proceso penal, no en vano su cliente se presentó como "víctima" en los procesos que se adelanta contra los considerados "tres falsos testigos".
“Seguramente el fiscal González ya está confesando que cometió un delito”, precisó el abogado al considerar que la Fiscalía está en mora de abrirle una investigación formal que conlleve a una imputación de cargos por estos hechos que a su juicio han afectado la recta administración de justicia.
“Lo que hoy por hoy no hay mayor espacio de duda y que es necesario que se formule imputación es contra el fiscal González”, manifestó Granados al recordar que ya ha presentado tres denuncias formales en contra del fiscal 11 de Vida como la intimidación a los procesados y la manipulación de las pruebas.
Granados aseguró que todos los caminos en el caso de los “falsos testigos” conducen a González quien los presentó ante los jueces de la República con el fin de sostener su teoría del caso, por lo que además se podría presentar una denuncia en su contra en los próximos días tras conocer sus declaraciones que vinculan a los familiares y abogados de los procesados de pagarle a Ayola para que cambiara su versión de los hechos.
En el caso de Luis Alonso Colmenares, padre del joven, el abogado indicó que es la Fiscalía la que debe establecer si es víctima de una extorsión por parte de Ayola, “o contribuyó voluntariamente a financiar a estos falso testigos”.
Para Granados, el ente investigar tiene que establecer la responsabilidad de otras personas que habrían estado detrás de estas falsas declaraciones, ya que, citando el caso del almirante (r) Gabriel Arango Bacci no se puede solamente quedar con los “mandos intermedios” y no con los superiores que tuvieron conocimiento de todo ese montaje.