“No existen fracturas por caso Pretelt”: presidente de la Corte Constitucional

Luis Guillermo Guerrero fue elegido presidente de la Corte Constitucional en febrero de este año. / Foto: Mauricio Alvarado

Foto: MAURICIO ALVARADO

Ya han pasado casi dos meses desde que usted le hizo un llamado de urgencia a la Corte Suprema para que presentara sus ternas a la Corte Constitucional. Todavía no hay ternas. ¿A qué atribuye la demora?

De esta experiencia puntual hay un mensaje que debe trascender: que estos procesos deben cumplirse de manera oportuna y con suficiente antelación, para evitar que eventuales dificultades internas se reflejen en la composición de la Corte. Lo ideal habría sido que para diciembre estuvieran las ternas y que el Congreso eligiera en marzo. Pero se dejó transcurrir el tiempo. Finalmente, se trata de una decisión importante que debe tomar la Corte Suprema, pero hay presión porque ese proceso sigue (pendiente) cuando en la Corte Constitucional ya hay unas vacantes y tenemos la urgencia de que se llenen.

Ha sido muy diplomático con este asunto. ¿No se siente ignorado?

Y me toca seguir siendo diplomático. Yo creo que un llamado como el que hace la Corte genera impacto, primero en la ciudadanía, pero también en la Corte Suprema de Justicia. No creo que ellos ignoren el llamado. Sí advierto que han tenido una dificultad en encontrar el consenso y hay tensiones internas que no han podido resolverse. Eso es lo que nos tiene en esta situación. Pero no creo que sea una postura deliberada o que hayan dejado el tema olvidado en su agenda.

Nadie duda de las capacidades que tienen los cuatro magistrados encargados, pero la Corte está tomando decisiones de total importancia, entre ellas la implementación del Acuerdo con las Farc. ¿No cree que eso deja mucho que desear de la Rama Judicial?

Al país le puedo decir que aquí hay tranquilidad frente al tipo de debates que se están produciendo con los magistrados encargados. Mi preocupación viene más del otro lado: la Constitución ha previsto un sistema complejo de designación de los magistrados, con el propósito de que haya unas fuentes de postura de los candidatos. Eso siempre se debe reflejar en la composición de la Corte y creo que la corporación no puede operar de una manera diferente.

Gente de la Corte dice que con los magistrados encargados, los debates en Sala Plena se han vuelto más largos. ¿Cree que esta situación le está haciendo daño a la Corte?

La Corte en este momento está en una coyuntura particularmente difícil, porque estamos enfrentando temas muy complejos, de gran incidencia para el país, en unos tiempos recortados y con una afluencia de temas ordinarios también muy intensa. Tan sólo el Código de Policía ha generado una cantidad importante de demandas en la Corte. El debate suficiente de estos temas implica una sobrecarga en la corporación que estamos enfrentando con responsabilidad y un enorme sacrificio en términos de tiempo y trabajo en los despachos. La Corte trata de mantener los casos al día. Pero en una coyuntura como esta se pone en entredicho la capacidad de la corporación para responder simultáneamente con todo.

Exmagistrados, exconstituyentes y exministros les pidieron al Gobierno y a la Corte Suprema que no postulen para la Corte Constitucional a personas que hayan tenido vínculos con el presidente Juan Manuel Santos. En las ternas presidenciales hay dos postuladas que trabajaron en la administración Santos: Cristina Pardo y María Margarita Zuleta. ¿Cuál es su posición al respecto?

Yo soy profundamente respetuoso del margen de apreciación que la Constitución les confía a determinados órganos en el proceso de conformación de la Corte. Puede haber inquietudes varias sobre cierta proximidad de los candidatos con líneas del Gobierno, pero esa es una valoración que tiene que hacer primero el Gobierno, y luego el Congreso. Esto hace parte del proceso de conformación de una Corte Constitucional. Estos centros de postulación van a tratar de promover ciertas líneas o maneras de leer la Constitución.

Si personas como Cristina Pardo o Margarita Zuleta, exfuncionarias de Santos, llegan a la Corte, ¿sus vínculos con la Presidencia podrían poner en riesgo a la Corte?

Tengo la convicción, al margen de esa elección, de que los magistrados que lleguen deben tener plena independencia, que se desprendan completamente de la fuente que los nominó y sepan que los eligieron para defender la Constitución. Que ese es su único compromiso. También hay instrumentos jurídicos para que si una persona tuvo vínculos con ciertos temas, no pueda participar en el debate constitucional.

Si Cristina Pardo es elegida, ¿cree que se debe apartar de todos los casos de paz?

Eso lo debe plantear ella.

¿Cómo está la Corte después del huracán del caso de Jorge Pretelt? ¿Todavía hay fracturas entre los magistrados?

A la Corte le ha tocado asumir una situación muy compleja, pero no creo que existan fracturas frente a ese tema. Creo que la Corte es consciente de que su legitimación frente al país depende de la seriedad con la que asuma el debate de las decisiones que debe tomar. Ahí está el origen de esa confianza y legitimidad que la Corte debe tener. Estamos concentrados en esa labor que estamos haciendo con juicio y responsabilidad. Diría, además, que lo estamos haciendo con sacrificio, pues el volumen de trabajo que estamos recibiendo es muy alto.

Ya se habla de un eje de mucha fuerza en la Corte. Lo están llamando el bloque Gue-li-li (Guerrero, Lizarazo y Linares). ¿Es cierto?

Me acabo de enterar (risas). Yo soy de la idea de que no es deseable hablar de ejes en la Corte. No creo que funcionemos bajo esa dinámica; soy reacio a esa idea. Creo más bien en que se pueden dar afinidades en ciertos temas y, precisamente, no se puede hablar de un bloque, porque todo cambia dependiendo de lo que se debate. Por ejemplo, en temas de derechos económicos y ambientales, hemos tenido ciertas afinidades con el doctor Linares y Lizarazo. Pero en otros temas no hay esa cercanía. Es coincidencia, no en función de un bloque o de acuerdos previos.

Hay un tema fundamental que la Corte tiene en sus manos ahora mismo: el estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Cómo va a hacerlo?

En general, la mecánica en la Corte con respecto a todos estos temas de paz, ya sean decretos, leyes estatutarias o reformas del trámite especial para la paz, implica unos tiempos recortados y también un esfuerzo bastante grande por parte de los magistrados para abordar asuntos tan complejos en tiempos tan reducidos. Este tema tiene una enorme complejidad académica y ha generado diferentes debates en el Congreso y en la academia; la Corte tiene que entrar en esa dinámica. Lo va a abordar con absoluta transparencia. Hasta ahora, lo que hemos visto de las posturas de la Corte es que apoya las iniciativas de paz del Gobierno. Sectores de la opinión pública han criticado esa posición, pues aseguran que simplemente son favores para el presidente.

La paz en este país polariza mucho, magistrado. Como presidente de este alto tribunal, ¿qué les responde a quienes aseguran eso?

Que el país tiene que tener confianza en sus instituciones, particularmente en su Corte Constitucional. Claramente tenemos diferencias de criterios, y en temas sensibles, como los que trabajamos, afloran mucho más. Además está metida la política, y las afinidades y posiciones jurídicas se inclinan hacia un lado o el otro. Aquí tenemos magistrados que tienen diversas maneras de percibir, construir y defender la Constitución. El debate que se da en la Corte es sobre materia constitucional y sus sentencias responden a eso. Aquí siempre hay un debate intenso.

A la Corte llegan cinco magistrados nuevos. ¿Se viene un cambio jurisprudencial? ¿Cree que ese cambio es necesario?

Me remito a la manera como se integra la Corte, que tiene unas fuentes de postulación diferentes: el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia elaboran las ternas de candidatos y después el Senado elige uno. Quienes crearon la Constitución confiaron en que este modelo complejo era el mejor para crear un organismo plural que siempre tiene como norte la Constitución. En esa conformación llegan magistrados con diferentes lecturas de la Carta Política. Pero no creo que un giro en la postura de los magistrados se pueda leer como una orientación que se aparte de ciertos parámetros constitucionales. Además, no creo que sea válido descartar o invalidar la postura de un magistrado que va en cierta línea diferente que la de los demás.

Pero usted habla de nuevas lecturas de la Constitución. O sea, ¿sí va a haber un cambio?

Eso va a depender de la manera como se conforme la Corte, y siempre que hay estas transiciones, hay la posibilidad de que lleguen nuevas lecturas. Pero yo estoy convencido de la fuerza de la jurisprudencia. Creo que en Colombia tenemos una tradición y un desarrollo muy sólidos en muchos temas y no es fácil desconocerlos o ignorarlos. Puede, eso sí, ser maleable. Pero no como para decir que a partir de tal momento se va a crear una nueva Corte o una nueva Constitución. El arraigo y el recorrido de la Constitución no se pueden desconocer, por más cambios que tenga el tribunal.

Aunque todavía no se advierten las consecuencias del cambio de magistrados, ¿cree que la Corte necesita de esas nuevas lecturas?

Cuando yo aspiré a la Corte dije que aquí debía haber una representación de diferentes perspectivas y de maneras de ver la Constitución. Deben llegar personas que representen cierto equilibrio de las percepciones de la sociedad. Las posturas homogéneas y una sola línea de interpretación que se impone no son buenas. Debe existir la posibilidad de tener un debate amplio y abierto para escuchar las diferentes lecturas y que se produzcan las decisiones.

Hay exmagistrados que dicen que en los últimos ocho años se formó un bloque con tanta fuerza que ni debates había. ¿Fue así?

Yo a esto me refiero como los equilibrios dinámicos. Es posible que en cierto momento se consoliden ciertas mayorías que marcan una tendencia, casi determinada, y se puede anticipar el sentido de la decisión. Pero hay coyunturas de cambio como la que está viviendo la Corte, en las que hay una expectativa sobre de qué manera su composición va a incidir en un cambio de inflexión en ciertos temas. Yo creo que no hay cambios dramáticos, precisamente por la fuerza de la tradición de la que hablaba, pero eso no quiere decir que haya cambios de orientación, enfoques alternativos. Depende de cómo se vaya a conformar la Corte.

¿A usted le molesta que lo etiqueten como el magistrado conservador?

No me disgusta. Lo que me molesta es que se le dé un sentido peyorativo y que se considere que es algo que demerita, esa no es una aproximación adecuada. Se trata de una manera de ver la Constitución que debe tener un espacio en la Corte y que debe tenerlo con suficiencia, claridad conceptual y firmeza, para que haya un debate creativo entre las diferentes posturas. Esas divergencias son necesarias porque así los ciudadanos se dan cuenta de que en la Corte hay un debate amplio y se consideran esas diferentes posturas. Y, por lo contrario, no se trata de un bloque homogéneo en donde no hay debate ni posibilidad distinta de lo que ya está definido.

¿Se considera conservador?

Yo diría que sí. No como partidista. Uno como magistrado está ajeno a todas las consideraciones partidistas. Pero como concepción de las cosas sí tengo aproximación conservadora.

A usted lo están considerando el magistrado más influyente en la Corte. La magistrada Gloria Ortiz es sobrina de su esposa; es cercano al magistrado Linares, vicepresidente de la Corte, y su magistrado auxiliar, José Antonio Cepeda, estuvo como encargado. ¿Lo siente así?

Cada uno de esos magistrados actúa con absoluta independencia. Tengo afinidades con todos ellos, pero también discrepamos en muchas otras cosas con la misma intensidad. Cada magistrado trata de ser el más influyente, tiene la convicción de que tiene la postura correcta de la Constitución y trata de que su aproximación convenza a los demás y su lectura se imponga. Eso depende de los temas.

*Nota de la editora: en la edición original de esta entrevista figuraba que la magistrada Gloria Ortiz es hermana de la esposa del magistrado Luis Guillermo Guerrero. En realidad, Ortiz es sobrina de la esposa de Guerrero.