“Nada me va a devolver a mi hijo. Ni todos los millones del mundo. El hecho de que me pidan perdón no va a cambiar mi historia. Yo sólo quiero que nadie pase por lo que mi familia pasó”.
Mónica lleva 19 de sus 40 años pensando qué habría sido de su vida si los errores cometidos por un médico, César Augusto Muñoz Villegas, no hubieran acabado con la vida de quien iba a ser su primogénito —el primero de los cinco hijos que soñaba tener— y a quien pensaba llamar Cristian David. “Casi todos los días pienso en eso. Creo que mi vida hubiera sido completamente feliz”.
Pero no lo fue. Los errores cometidos por Muñoz en 1996 no sólo acabaron con la vida de su hijo. La dejaron, de la misma forma, sin poder procrear y, como si fuera poco, sin poder caminar durante seis meses, con secuelas que la tuvieron durante un año en tratamiento psiquiátrico y “a punta de pastillas”, porque no podía dormir.
Le causaron heridas, tanto físicas como espirituales, que siguen sin curar. Luego de 19 años, el Consejo de Estado acaba de condenar al departamento de Risaralda, a la Cooperativa de Servicios Profesionales (Serprof) y a la Unidad Clínica Metropolitana de Pereira a pedirle perdón a Mónica por los trágicos hechos.
Pero para ella eso es lo de menos. Asegura que si demandó a estas entidades fue para que la muerte de su bebé no quedara en el olvido. “Saliera o no saliera, plata o no plata, la idea era sentar un precedente. Que nadie más vuelva a pasar por una cosa de esas. Que las entidades tomen cartas en el asunto. Lo único que a mí me tranquiliza es que la muerte de mi hijo no haya quedado impune”.
Su caso, de hecho, llevó al Consejo de Estado a exhortar al Ministerio de Salud a que, si no lo ha hecho, adopte medidas “conducentes a reforzar el respeto a la dignidad de la mujer en el marco de la atención gineco-obstétrica”. Su caso, por supuesto, lo ameritaba.
El punto de partida de esta historia se remonta al 3 de diciembre de 1996. Ese día Mónica cumplía nueve meses de embarazo. Ella y su esposo llegaron a la Clínica Metropolitana de Pereira, donde fueron recibidos por el doctor César Augusto Muñoz Villegas, quien empezó a inducir el parto.
Según Mónica, a eso de la medianoche llegaron los dolores de parto. Pero súbitamente desaparecieron. Sin embargo, Muñoz seguía empecinado en provocar el parto, incluso a la fuerza y realizando varias intervenciones que, a la postre, terminaron agravando la salud de Mónica.
“Empezó a empujar el bebé. Yo escuchaba caer la sangre. Entonces ya me fui poniendo muy débil. Me hacía de todo para tratar de sacar al niño. Cuando ya no escuchó el corazón del bebé ordenó que nos fuéramos. Él solamente dijo: sáquenla de acá. Entonces mi esposo salió y consiguió un taxi”. Y así, sangrante y con su hijo ya muerto, Mónica se fue hasta el Hospital Universitario San Jorge de Pereira en compañía de su esposo.
Una vez ingresada por urgencias allí, los médicos diagnosticaron la muerte del feto y la ruptura del útero. Le practicaron una histerectomía, lo que implicó la pérdida total de su capacidad reproductiva, y la internaron en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció 20 días.
Mónica cuenta que uno de los médicos que la atendió le dijo que se le hacía imposible que alguien hiciera “una carnicería como esta con una niña”. “Yo llegué prácticamente muerta”. Fue necesario encontrar 25 donantes para mantenerla viva.
Los mismos médicos del hospital universitario demandaron a César Augusto Muñoz ante el Tribunal de Ética Médica de Risaralda, que lo sancionó el 23 de junio de 1997 a una “censura verbal y pública”. En su criterio, todas las intervenciones realizadas por el galeno, junto con su negativa a remitirla a otro centro de salud antes de que su estado se agravara, llevaron a la mujer al borde de la muerte.
El Consejo de Estado lo resumió de la siguiente manera: el embarazo de Mónica “se desarrolló en circunstancias completamente normales, y las complicaciones sobrevinieron sólo cuando el médico tratante decidió inducir el parto, e incluso provocarlo forzadamente con procedimientos tales como la utilización de espátulas o la denominada maniobra de Kristeller”. Mónica se salvó de la muerte. No obstante, dice que le arruinaron su vida, que truncaron sus sueños.
Ella y su esposo ya tenían todo para recibir a Cristian David. “Era un niño esperado, un niño en un buen hogar, bendecido por Dios. Yo tenía la habitación de mi bebé decorada”. Pero sus planes se frustraron. “Nos quitaron la ilusión de tener ese hijo y cualquier hijo”. Son cicatrices que supuran a diario.
Mónica cuenta, por ejemplo, que su sobrino nació en octubre de ese año, dos meses antes de la muerte de su bebé. “Han sido años de ver a mi sobrino y pensar que mi hijo no está. Que hubieran sido amigos, que hubieran crecido juntos”. Y a eso se suman padecimientos físicos que siguen ahí como un cruel recordatorio. Entre ellos un dolor en el pie que a veces la perturba, producto de heridas causadas ese 3 de diciembre.
“Afortunadamente el tiempo le ayuda a uno a superar, a hablar de eso sin que duela como el primer día. Uno aprende a sobrellevar las cosas”, señala convencida, valiente. Y agrega, a modo de consejo, que es importante que las mujeres “se defiendan, denuncien, no se queden calladas”.
Nunca volvió a saber del médico Muñoz. Él nunca la buscó, ni siquiera para constatar que había sobrevivido. Lo poco que ha sabido de él es que dirige un centro estético en Dosquebradas (Risaralda).
El Espectador pudo constatar que esto es cierto y, de hecho, se comunicó con Muñoz, quien dijo acordarse vagamente de lo sucedido con Mónica, que eso había sido “hace mucho tiempo” y que, si la memoria no le fallaba, había sido sancionado “por tres o cuatro meses”. Mónica, por su parte, no lo olvida. “Se nos tiró la vida por completo”. Igual, reitera, sólo espera que su caso lleve a las autoridades a que tengan más cuidado a la hora de seleccionar a sus profesionales de la salud.
Por orden del Consejo de Estado, el departamento de Risaralda, Serprof y la Unidad Clínica Metropolitana de Pereira deben brindarle a Mónica “todos los medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos u hospitalarios que requiera a lo largo de su vida, siempre que aquellos sean dispuestos por los médicos tratantes y estén relacionados con el cuidado que deba brindarse a la víctima”. Pero el daño ya está hecho.