“No hay un plan para la restitución de tierras”: Corte Constitucional

Por orden del alto tribunal, el Gobierno tiene seis meses para elaborar un plan de restitución y así cumplir con la meta de restituir todos los predios despojados en el marco del conflicto antes de 2021.

A punta de bala, los grupos armados ilegales les han quitado entre 4 y 6 millones de hectáreas a cientos de miles de campesinos. Un territorio tan grande como el departamento de Guaviare. En 2011, con la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno se puso una meta: entregar todos los predios despojados antes de diez años, es decir, antes de 2021. No obstante, a abril de este año se habían restituido apenas 100 mil hectáreas, según el presidente Juan Manuel Santos.

Por ello, la Contraloría ha dicho, con preocupación, que el Gobierno no va a poder cumplir con la meta. Por eso mismo ha propuesto que se amplíe el plazo. A esta petición se acaba de sumar la Corte Constitucional, que sostiene que no hay un plan estratégico definido para la restitución de tierras. Así lo denunció en un fallo de 51 páginas, de hace tres semanas, ordenándole a la Unidad de Restitución elaborar en los próximos seis meses –y divulgarla– una estrategia en la cual debe “establecerse con claridad la manera en que la Unidad de Tierras, y el Gobierno en general, realizarán la restitución de todos los predios despojados por causa del conflicto”.

De acuerdo con el alto tribunal, este plan deberá contener, “al menos”, un diagnóstico consensuado sobre la cantidad de predios despojados y de solicitudes de restitución. Según la Unidad de Tierras, a marzo de este año se habían presentado 75.122 solicitudes de restitución, de las que apenas 27.691 se encontraban en estudio. Las demás se encontraban suspendidas, debido a que no cumplían con todos los requisitos. Desde 2011, se han emitido apenas 1.837 sentencias de restitución. De acuerdo con el Observatorio de Restitución de la Universidad del Rosario, “las últimas devoluciones de tierras podrían tener lugar dentro de miles de años”.

De acuerdo con la Corte, el plan ordenado deberá, además, fijar plazos “concretos” para resolver todas las reclamaciones de tierras a nivel nacional, e incluir la metodología que se va a usar para cumplir con estos objetivos. La Corte advirtió también que, pese a que dicho plan debe ser elaborado por la Unidad de Tierras, “su expedición es responsabilidad del Gobierno en su conjunto”. Un señalamiento con un objetivo claro: hacerle frente a la desarticulación institucional alrededor de este tema, clave para un país que está pensando en los escenarios posconflicto.

Para la Corte, esta problemática no significa que el Gobierno no haya tomado medidas. Como, por ejemplo, la Estrategia 20-15, anunciada por el presidente Juan Manuel Santos el 7 de abril de este año. “Con la Estrategia 20-15 vamos a hacer un barrido de casi 400 municipios (que son más o menos el 40 % del total en los que hay solicitudes de restitución), haciendo énfasis en la costa norte y el centro del país”, sostuvo el primer mandatario, respecto a esta iniciativa con la que se pretende ponerle el acelerador al proceso de restitución.

Pero, para la Corte Constitucional, dicha estrategia, aunque “apunta a fines loables”, no cumple con los “estándares requeridos por esta Corte”, debido a que apunta a ciertas zonas del país, pero no evidencia un plan macro en el que se indique cómo y cuándo realizará la restitución de todos los predios despojados. “La garantía del derecho parece depender de la buena voluntad del Gobierno, sin que explique las razones por las cuales comenzará por esas zonas o por las cuales se descartan otras regiones que pueden tener igual o mayor incidencia del conflicto armado”, sostuvo el alto tribunal.

El pasado 25 de noviembre, el contralor Edgardo Maya Villazón, quien ha venido proponiendo que se amplíe el plazo dado por la Ley de Víctimas, indicó que, tras un estudio realizado por la Contraloría, se podía “concluir que se hace necesario mejorar aspectos como la gestión administrativa del Fondo de Restitución de Tierras y la garantía de seguridad para la restitución material de los inmuebles”.

El contralor denunció, además, que hay casos en los que, pese a haber una sentencia, los campesinos no han podido asentarse en el predio restituido. El director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, ha reconocido cierto rezago en lo que al cumplimiento de la meta se refiere; no obstante, destaca que la restitución se viene adelantando en medio del conflicto y en un país que acumula ya 50 años de guerra interna, lo que ha dificultado el proceso, sobre todo en zonas en las que no se ha erradicado la violencia. Sabogal, sin embargo, ha asegurado públicamente que las metas sí se van a cumplir.

“Reconocemos que podemos ser más ágiles, pero no creemos que el número de reclamaciones vaya a cambiar mucho. Eso nos indica que ahora puede acelerarse el ritmo de sentencias y estamos pensando en la posibilidad de ampliar el número de magistrados y despachos. Pero, con la experiencia adquirida y los ajustes institucionales que hemos hecho, aseguro que vamos a cumplir en 2021”, dijo Sabogal en una entrevista anterior con este medio. En la Contraloría y en la Corte, no obstante, piensan lo contrario. Falta ver si un posible acuerdo de paz con las Farc puede ayudarle al Gobierno a cumplir con la meta de devolverles a los campesinos lo que guerrilleros y paramilitares les quitaron a sangre y fuego.