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En Bojayá se viven tiempos de confusión. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que hace presencia en la zona, denunció que el corregimiento de Pogue estaba confinado por hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo). Sin embargo, la información que maneja la Fuerza Pública es diferente y, en reacción a los llamados de la comunidad, el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército —que opera en la región— negó que hubiera limitaciones a la movilidad de la población.
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Por otro lado, un líder de la zona, que pidió reserva, le confirmó a El Espectador las denuncias de confinamiento. Esta persona, cuyos familiares viven en el corregimiento de Pogue, denuncia que no se ha podido comunicar con ellos y que en la cabecera municipal de Bojayá —Bellavista— ya escasean los alimentos por cuenta del confinamiento que se vive, pues no han podido transportar víveres de las zonas rurales al mercado del municipio. Según dijo, en Pogue están confinados, con la movilidad restringida y nadie puede acceder allí.
Ahora bien, en entrevista con Caracol Radio, el defensor del Pueblo de la regional Chocó, Luis Murillo, confirmó las denuncias. El funcionario explicó, en el mismo sentido que dijo la Comisión, que todo se debe a la disputa territorial entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas por las rutas del narcotráfico y el auge de la minería ilegal en la región del Atrato. Además, reiteró que la situación que se vive es de “confinamiento en varias poblaciones afro e indígenas, aumento de la instalación de explosivos —mina antipersonal— en el territorio ancestral y, por supuesto, del desplazamiento forzado”.
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Por su parte, el Ejército aseguró a través de un comunicado que tropas de la Séptima División se encuentran desarrollando una operación en la zona “para contrarrestar las intenciones de los grupos armados organizados del Eln y el Clan del Golfo, que buscan hacerse con el control de las rutas del narcotráfico en esta zona del departamento”. Sin embargo, el general Ramírez señaló que, según la información en su poder, la movilidad continúa con normalidad: “Nosotros hemos hablado con la comunidad de Pogue, de Altos de Nazareth, del Alto Bojayá, y si bien hay normal movimiento por el río y han llegado los habitantes a las cabeceras a los mercados y a sus movimientos normales, vamos a verificar esta situación”.
Ante la información y las alertas de los ciudadanos, el presidente Iván Duque aseguró tan pronto se dieron estas informaciones el 31 de diciembre, pidió que se fortaleciera la presencia de la fuerza pública: “Hoy estará el comandante de la Séptima División, no solo en el municipio sino en las veredas, de donde vienen las denuncias de ver gente armada… Estoy monitoreando desde la mañana la situación y espero tener un parte pronto. Obviamente, cuando se presentan estos hechos actuamos de manera inmediata, porque esta región ha sido muy golpeada por la violencia y no vamos a permitir que se repitan esos hechos de dolor”.
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El primer mandatario agregó que desde 2019 se ha hecho un seguimiento claro para desmantelar las rutas del narcotráfico en esa región. “Con la Defensoría del Pueblo recibimos una alerta temprana que fue la 017 de 2019, donde se decía que había grupos y personas armadas transitando por esas veredas. A partir de ese momento hemos fortalecido la presencia de la fuerza pública, hemos fortalecido la capacidad de supervisión, de hacer inspección en los lugares y, adicionalmente, tratar d tener información en tiempo real de la comunidad”, manifestó Duque.
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Los responsables, para el presidente, son lo que el Gobierno ha denominado Clan del Golfo. Sin embargo, Duque explicó que también hay presencia del Eln y grupos de minería ilegal. El Ejecutivo espera que en 2020 se desmantelen estos grupos, pero también que haya una presencia más consolidada en la región: “A los municipios hay que llegar, no solo con seguridad y justicia, sino con mucha más capacidad de brazo social del Estado para buscar oportunidades”.
El líder que habló con este diario ratificó el mensaje del defensor Murillo, pues insistió en que desde Bojayá llevan meses denunciando la escalada de la violencia, que resultó en el panorama de confinamiento en el que aseguran estar ahora. Además, el hombre pidió a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se desplacen a la zona para verificar de primera mano lo que está sucediendo y remató: “Lo que está pasando es responsabilidad del gobierno nacional, porque veníamos advirtiendo esta situación desde hace rato y no hicieron nada”.
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La presencia de las AGC y el Eln no es un asunto nuevo. Hace un mes, cuando el Estado después de 17 años entregó los 80 cuerpos de la masacre de 2002, los habitantes expresaron sentir miedo por la alta probabilidad de que ocurriera un crimen similar. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, estos grupos se pelean por el control territorial, tras la salida de las extintas Farc.
Si bien es cierto que la fuerza pública está en el municipio, los pobladores han afirmado que no se sienten seguros, al contrario, temen quedar en medio de combates, como ya les sucedió en la década de los 2000. Para los bojayaceños es necesario que el Estado tenga una presencia integral. Actualmente, este municipio carece de agua potable, de luz eléctrica las 24 horas y constantemente están desabastecidos. Solo para llegar a Bojayá hay que tomar una lancha rápida desde Quibdó, que tarda entre cuatro y seis horas, y tiene un costo de 80.000 pesos el trayecto, un precio para una población que es mayoritariamente pobre. Eso sin contar con la vigilancia permanente de los grupos armados.
“Estos son momentos difíciles para las comunidades que más hemos sufrido con el conflicto armado. La zozobra y la incertidumbre se han instalado en el Chocó y el Pacífico. Son momentos difíciles para el país. No obstante, es hora de luchar con tenacidad y no aflojar hoy que la paz es atacada desde tantos frentes. Debemos rodear los acuerdos de La Habana, exigir su implementación, profundizar en las reformas estructurales que posibiliten una paz completa que además incluya a otros grupos como el Eln”, escribió Leyner Palacios, víctima de la masacre y líder de la comunidad, en este diario. Desde septiembre de este año, Palacios ha enviado el mismo mensaje: “Ahora que tantos irresponsables desean el retorno a la guerra queremos pedirle al país que se acuerde de Bojayá. Nada justifica volver a las armas. No se justifica repetir tanto dolor”.