“No podemos esperar indefinidamente”

Si los decretos del Gobierno están listos y la disponibilidad presupuestal también está certificada y autorizada, ¿por qué no se nos ha pagado?”.

Cecilia Orozco Tascón.-  Usted y otros dirigentes firmaron la cesación del paro más duro que el sector judicial le ha hecho a este gobierno, en noviembre de 2012 ¿es cierto que aún no han recibido los incrementos ni las bonificaciones prometidas, a pesar de que el Ejecutivo autorizó un presupuesto adicional de $1 billón 350 mil pesos para la rama de los jueces? 

Fiscal Luis Fernando Otálvaro.-  Es cierto. Los salarios que estamos devengando son los mismos del año pasado porque el gobierno no ha expedido el decreto con el incremento general que cubre a todos los servidores del Estado. Debe decidirlo este mes. En cuanto a las bonificaciones para los empleados de la rama, estamos a la espera del pago por parte de la administración judicial a unos empleados; y por parte de la Fiscalía General, a los otros. La primera fijó como fecha de la entrega de la bonificación el 30 de abril. Y la Fiscalía dijo que no podía hacerlo sino hasta mayo. Veremos si cumplen lo prometido.

C.O.T.- El presupuesto adicional acordado con los dirigentes del paro ¿ya fue ordenado por el Ministerio de Hacienda, y los dineros fueron entregados al Consejo Superior de la Judicatura?

L.F.O.-  De acuerdo con la certificación del Ministerio de Hacienda, ese monto ya está disponible en la rama.  En el artículo en que se liquida el presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2013, se autoriza la asignación de recursos hasta por 100 mil millones para el programa de nivelación salarial de los empleados judiciales y otros $100 mil para los funcionarios de la Fiscalía. O sea, los $200 mil millones de pesos que corresponden a este año.

C.O.T.- Entonces ¿el Consejo de la Judicatura, del que depende la ejecución del presupuesto, no está haciendo la tarea? 

L.F.O.- Ese es uno de los reclamos que hemos venimos haciendo: si los decretos del gobierno están listos desde 6 de marzo y la disponibilidad presupuestal está certificada y autorizada  ¿por qué no se nos ha pagado? 

C.O.T.-  Se sabe que el director- gerente de la rama que ejecuta los pagos, depende de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura pues son sus  magistrados los que eligen al titular de ese despacho  y si mal no recuerdo, llevan dos o tres años tratando de escoger a alguien en propiedad, y no lo han logrado.

L.F.O.- Hay que admitirlo: una de las grandes fallas de eficiencia reside en el Consejo Superior de la Judicatura que está compuesto, en su Sala Administrativa, por seis magistrados que se reúnen para determinar hasta a quién se le da un lápiz.  La falta de eficacia se nota, con mayor razón, en su incapacidad para nombrar a un director que ejecute bien el presupuesto de inversión. En ese cargo ha habido funcionarios interinos desde hace casi tres años y eso ha conducido, además de la falta de continuidad, a que nadie asuma las responsabilidades de esa delicada posición. Como los que llegan están de paso, ninguno atiende las necesidades que tiene la rama y el descuido en todos los contratos que  se hacen, es evidente.

C.O.T.- Y, al respecto ¿cuál es la propuesta de Asonal Judicial? 

L.F.O.- Hemos venido insistiendo en que el Consejo de la Judicatura sea cambiado. Es imposible que este órgano continúe existiendo en la forma en que fue concebido por la Constitución del 91. Primero, los magistrados que lo integran no son administradores  ni gerentes. Segundo, sus nombramientos tienen carácter político, no técnico. La rama Judicial cuenta con un presupuesto total de $3 billones de pesos anuales, y el gobierno ha prometido darle $2 billones más en los próximos 5 años. La Sala Administrativa del Consejo ¿puede ser responsable de esa enorme suma? 

C.O.T.-  Lo que usted pinta es un desastre…

L.F.O.- Sí. Es un desastre. Mientras la Justicia está llena de necesidades hasta de los elementos más  simples, ni siquiera ejecutan el presupuesto de inversión anual que se nos asigna. O sea, hay plata y no se usa. No se ha iniciado la construcción de salas de audiencia en las ciudades de más de un millón de habitantes para aplicar el sistema oral.  No habido construcción de nuevas sedes, no hay dotación de  productos ni compra de recursos tecnológicos. Y le puedo seguir haciendo la cuenta.

C.O.T.- Del presupuesto de inversión aprobado para la Justicia ¿cuánto porcentaje se ha ejecutado, por ejemplo, en los años 2011 y 2012?

L.F.O.- En 2011 se ejecutó 57%. Y el año pasado, 50%. De $210 mil millones que nos dieron para 2012, se invirtieron $110 mil millones. Mientras nosotros estamos necesitando desesperadamente recursos para  realizar las transformaciones que requiere la oralidad, la administración judicial, teniendo el dinero, no lo emplea. 

C.O.T.- En lo corrido de este año ¿cuánta parte del presupuesto de inversión se ha ejecutado?

L.F.O.- Este año no se llega aún al 2% de ejecución y ya estamos en el cuarto mes.

C.O.T.- ¿Cuánta  culpa tiene de la Dirección Ejecutiva de la rama y cuánta la Sala Administrativa del Consejo Superior?

L.F.O.-  Me parece que ambas son corresponsables pero la primera obligación está en la Sala Administrativa porque es ella la que debe elaborar los planes que ejecutará el director. El año pasado tuvieron la disculpa de que había parálisis porque iban  a acabar con el Consejo y los magistrados estaban desmotivados.  Este año dicen que la baja ejecución se debe a la interinidad de los directores. Siempre hay una explicación pero las cosas no avanzan.

C.O.T.- ¿Cree que todos los magistrados de la Sala Administrativa son responsables por igual de la falta de eficiencia en la ejecución, o salva a alguno? 

L.F.O.- No. La responsabilidad es colegiada. Es posible que en una corporación donde existen seis miembros, haya buenas individualidades pero las obligaciones y su ejecución son de carácter colectivo. 

C.O.T.- ¿Asonal Judicial paralizaría labores para protestar  contra  sus superiores del Consejo de la Judicatura?

L.F.O.- Hemos planteado en varias oportunidades la necesidad de adelantar las protestas que sean necesarias. Pero, simultáneamente, entendemos que se requiere una reforma constitucional para  sustituir definitivamente al Consejo como administrador de nuestro presupuesto. Y ese proceso no se surte en un día. 

C.O.T.- El Consejo tiene muy mala fama y la mayoría de sus miembros, también. Si estos cambiaran por otros, ¿los nuevos podrían ser mejores y más eficientes?

L.F.O.- Es bueno examinar quiénes llegan a ese organismo, tal como está previsto en la Carta: la Sala Disciplinaria está compuesta por siete magistrados. Son postulados por el Presidente y son elegidos por el Congreso. Es decir, son fichas de la politiquería y nunca han sido jueces. En cuanto a Sala que maneja el presupuesto (la Administrativa), sus miembros son nombrados de ternas enviadas por las cortes Suprema y Constitucional y por el Consejo de Estado. Sin embargo, la mayoría no está blindada y para ser elegido no se exige título de Administración. Es imposible que un organismo así, sea eficiente.

C.O.T.-  Ante esa realidad de corto y mediano plazo ¿qué puede hacer Asonal Judicial?

L.F.O.-  Estamos exigiéndoles a los magistrados de la Sala Administrativa que asuman su responsabilidad política de cara al país. Hace apenas dos días nos reunimos con los presidentes de todas las seccionales de Asonal en Bogotá, para tomar decisiones. La queja unánime de nuestras directivas es contra esa sala…Y la plata ahí. 

C.O.T.- Esa respuesta suya parece una advertencia de los empleados a sus superiores.

L.F.O.- Lo cierto es que hemos decidido entrar en estado de alerta. Se le deja a la dirección nacional de Asonal la decisión sobre cualquier actividad que vaya a realizarse en el futuro inmediato y acordamos, en todo caso, una protesta general que se adelantará el próximo 24 de abril con asambleas en todas las ciudades para exigirle al Consejo Superior de la Judicatura atención inmediata a las necesidades más apremiantes,  a la terminación de la reconstrucción del palacio de Justicia de Cali, al pago de las bonificaciones. Además acompañaremos a los compañeros de Medicina Legal que presentarán un pliego de peticiones en el que piden ser incluidos en la nivelación salarial que se le dio a la rama y a la Fiscalía. 

C.O.T.- ¿Qué pasa si el 30 de abril no les pagan las bonificaciones retroactivamente al primero de enero?

L.F.O.- Estamos a la expectativa de que cancelen esas bonificaciones puesto que el  decreto, como ya dijimos, está listo desde el 6 de marzo.  Si no es así,   determinaremos las acciones a seguir.  Hemos sido muy condescendientes con los plazos. Llevamos seis meses aguardando que se nos pague lo que pactamos en noviembre. Entendemos que el gobierno ya hizo su parte.  Pero no podemos esperar indefinidamente al Consejo de la Judicatura.

C.O.T.- Son ustedes conscientes de lo que significa que, de llegarse a la decisión de iniciar un nuevo paro, ¿este se haría contra sus propios colegas, por primera vez, y no contra el gobierno?

L.F.O.- Sí, somos conscientes. Protestaríamos contra la parálisis de nuestra propia rama.

C.O.T.- Entonces, ¿Asonal salió de la reunión del viernes pasado con la decisión de volver a un paro?

L.F.O.- le repito: estamos en pie de alerta porque el Consejo de la Judicatura no ha entregado las bonificaciones.  Y, por si fuera poco,  a estas alturas no se ha definido si continúa o no el programa de descongestión que también termina el 30 de abril.

C.O.T.- Si no continuara ¿qué pasaría?

L.F.O.- Que habría un gran caos porque todos los expedientes regresarían a los despachos judiciales que los tenían antes, con la consecuente desorganización que eso conllevaría.  Más una mayor cuota de atraso porque entonces esos expedientes volverían a los anaqueles y se tendrían que repasar todos los procesos que venían conociendo los jueces de descongestión y sus empleados.

A falta de un Asonal Judicial, hay dos con 11 mil sindicalizados

Cecilia Orozco.- ¿Cuál es su cargo en la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial?

Fiscal Otálvaro.- Soy el presidente nacional de Asonal, además de directivo de la seccional Antioquia. También represento a los trabajadores judiciales como miembro permanente de la Comisión Interinstitucional de la rama.

C.O.- ¿Qué cargo desempeña usted en la Rama Judicial?

F.O.- Soy el fiscal 24 seccional de Medellín. 

C.O.- Si usted es el presidente de Asonal, ¿por qué hay otro funcionario (Nelson Cantillo) que se presenta como tal? 

F.O.- En 2005 hubo una división en Asonal, de donde salieron dos sectores: uno que representa a los funcionarios y empleados judiciales de la Costa Atlántica y de Boyacá, con cerca de 4 mil afiliados, y otro que cubre Eje Cafetero, Santanderes, Cali, Antioquia, Tolima y Huila, el 70% del país, con entre 7 y 8 mil sindicalizados. Soy el presidente de este último.

C.O.- ¿Los dos Asonales no deberían tener nombre e identidad distintos?

F.O.- No hemos creado una nueva organización porque los dos sectores nos disputamos la legitimidad de la representación de los trabajadores judiciales.

Una pequeña lotería salarial

C.O.- Con el pago de las bonificaciones que acordaron con el Gobierno, ¿cuánto recibirá mensualmente un fiscal o un juez?

F.O.- El incremento será de aproximadamente un 13%, más el porcentaje que determine el Gobierno de aumento general salarial para todos los servidores del Estado. Un juez o un fiscal especializado recibirían por incremento mensual una suma cercana a los $700 mil. El próximo año empezarían a recibir $1 millón 400 mil. En 2015, serían $2’100.000 y así, sucesivamente, hasta 2018, cuando recibirán $4 millones 500 mil. Es decir, que un juez especializado quedará con una asignación mensual de algo más de $10 millones 700 mil, sin contar los incrementos anuales que decrete el Gobierno para los funcionarios públicos.

C.O.- ¿Quedaron satisfechas sus aspiraciones de nivelación salarial con respecto a lo que devengan los magistrados, una de las quejas que ustedes tenían?

F.O.- Nuestro incremento no es tan alto como el 80% que se les dio a los magistrados de tribunal hace unos años. Pero sí es una mejora muy importante en los ingresos de los trabajadores judiciales, lo cual era apenas razonable.