La novela del sargento Guarnizo

Pedro Guarnizo, sargento del Ejército exsecuestrado por la guerrilla y condenado a casi 33 años de prisión. / El Tiempo

En 36 páginas los magistrados Rosa Irene Velosa y José Ramiro Rodríguez concluyeron que el exsecuestrado por las Farc Pedro José Guarnizo Ovalle sí participó en la masacre del 20 de diciembre de 1992, donde asesinaron a cuatro campesinos en el caserío de Puerto Unión (Meta). La ponencia de la magistrada Martha Patricia Trujillo, quien sostenía que la absolución de primera instancia debía mantenerse por duda, fue derrotada y por esa razón el 14 de diciembre pasado una sala de descongestión del Tribunal Superior de Villavicencio sentenció a casi 34 años de prisión a Guarnizo.

Se documentó que el día de la masacre fueron asesinados José Ignacio Gutiérrez, Gustavo Jaramillo, Dumar Castellanos y Leovigildo Castellanos. Este último, según Guarnizo, era hermano del conocido jefe de las Farc Henry Castellanos, alias Romaña. Todos eran integrantes de la Unión Patriótica y por eso el tribunal señaló que había que tener en cuenta el contexto propio del conflicto y cómo los paramilitares operaron. En este caso se estableció que 35 días antes de la masacre dos pelotones del Batallón XXI Vargas hicieron presencia en la zona con el fin de rastrear campamentos del frente 26 de las Farc.

De acuerdo con el fallo, la inspección que hiciera el Ejército el 15 de noviembre de 1992 para establecer los enlaces de la guerrilla en la región se caracterizó por el despliegue de fuerzas y de la población civil, “tanto por parte de miembros de la fuerza pública como de los guías que los acompañaban, que diversos testigos califican de paramilitares”. Algunos testigos, como Rofler Chávez, declararon que cuando llegó el Ejército lo amarraron de las manos para interrogarlo sobre dónde estaba la guerrilla, al punto de estar en el suelo mientras un disparo le pasó muy cerca de su cabeza. Una escena que el tribunal califica como indignante.

En el caso de Guarnizo —secuestrado entre 1997 y 2003, sobreviviente de la masacre de Urrao, en la que murieron, entre otros, el gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverry—, se estableció que en la visita del Batallón a la población el 15 de noviembre, el paramilitar Tiberio Silva ofició como guía y tuvo dotación militar. El día de la masacre este hombre también estuvo, concluyó el tribunal, por lo que criticó que si este batallón de infantería estaba cumpliendo órdenes legítimas en defensa del orden público “no debió permitir que personas ajenas a la institución intervinieran con armas en el operativo”. El crimen fue perpetrado por encapuchados.

Además, la ubicación de Guarnizo Ovalle el día del crimen resultó contradictoria para el tribunal. Primero dijo que ese día se encontraba en la base militar de Vista Hermosa, pero en el año 2004, cuando el proceso se reactivó —después de su secuestro—, les dijo a las autoridades que el día de la masacre estaba en Ibagué con su familia. En 2007 sostuvo que no salió de la base porque tenía leishmaniasis y estaba encargado de celebrar la Navidad en el batallón. Para el tribunal quedó claro que su versión no podía ser creíble, al tiempo que consideró que la versión de la testigo Olga María Triana era contundente.

En primera instancia la justicia había desechado su declaración acogiendo las razones de la defensa de Guarnizo, que señalaba que Triana también hacía parte de la corriente de la UP, que su esposo había muerto por parte del Ejército y que por ello guardaba animadversión por la fuerza pública. En cambio, el tribunal sostuvo que el testimonio de Triana, la única testigo que identificó a Guarnizo en el reconocimiento fotográfico, sí era vital en el expediente para aclarar lo ocurrido y que es absurda la tesis según la cual las víctimas de los múltiples homicidios de la UP deban callarse, porque no se les cree en virtud de sus posiciones ideológicas.

Lo grave del asunto es que según la revista Semana, que contactó a Triana, ella no sabe por qué la ubican como testigo estelar: “No sé ni quién es, ni de dónde apareció que yo lo denuncié”. Sin embargo, está acreditado que Triana sí declaró contra Guarnizo. Este tipo de episodios son los que generan dudas sobre el fallo, según la defensa. Guarnizo ha señalado que la declaración de Triana es sospechosa, que la justicia se ha ensañado con él siendo que es una víctima de la barbarie del conflicto. Además, sostiene que el día de la masacre no estaba en la zona y que el error que cometió fue haber dicho que se encontraba de permiso el día de los hechos cuando por primera vez lo requirió la Fiscalía.

El sargento Guarnizo dice que es un perseguido políticamente, que su vida está en peligro, que es enemigo de las Farc y los paramilitares y, según parece, de la misma justicia que lo condenó de acuerdo con su relato sin mayores pruebas. Además, el suboficial recalcó que no entiende por qué el tribunal interpretó como lo hizo las evidencias que en primera instancia le favorecieron. La justicia ordenó su captura inmediata y la de Ramón Ropero, quien según reportes del CTI habría sido asesinado en el Meta hace pocos meses. Guarnizo asegura que se dedicará a probar su inocencia, tal como lo determino el 13 de enero de 2008 el juez de Villavicencio Freddy Ordóñez de Valdés.

En todo caso este expediente ha generado toda suerte de controversias. Al margen de la responsabilidad del exsecuestrado Guarnizo, según su defensa, el tribunal lo condenó con pruebas circunstanciales y subjetivas, que espera poder rebatir en la Corte Suprema de Justicia. No obstante, hay vacíos en su relato que también lo dejan en posición incómoda.