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Afirma que no tiene ninguna relación con el viceministro de Vivienda, como se ha rumorado; que el trabajo de su firma, Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, fue clave para las imputaciones que se anunciaron contra las Farc, y que nunca ha utilizado sus espacios de análisis en medios para hacer propaganda en favor de la Fiscalía. Natalia Springer, cuestionada por haber obtenido tres contratos directos con la Fiscalía de Eduardo Montealegre por un total de $4.275 millones, habló con El Espectador sobre los debates que protagoniza en los últimos días y defendió su labor.
El fiscal creó de la Dirección de Análisis y Contexto con un presupuesto de más de $100.000 millones. ¿Para qué entonces contratar a firmas como la suya, que hacen un trabajo similar?
La creación de una dirección de esta naturaleza no solo implica una gran inversión de tiempo y dinero, sino, sobre todo, una reacomodación institucional sin precedentes. Frente a la tensión entre la urgencia de avanzar con las investigaciones, y las limitaciones financieras y administrativas, el señor fiscal ha solicitado el acompañamiento de asesores para avanzar. Nuestro trabajo no reemplaza ni duplica el trabajo de la Dirección de Contexto. Ellos hacen un extraordinario trabajo en cabeza de su director, el doctor Hinestrosa, al que le debemos la audacia de estar al frente de las imputaciones que proceden en este momento. Nosotros aportamos análisis cuantitativo y apoyo en la estrategia y los aspectos metodológicos.
¿Por qué el contenido de su trabajo tiene reserva? ¿Para qué está siendo o va a ser usado?
Debe recordarse que, en este momento, el Marco Jurídico para la Paz no está vigente, pues solo entraría a operar en la eventualidad de que en efecto se firme un acuerdo de paz con las Farc. Esa información es considerada de “seguridad nacional” por cuanto se trata de material de investigación que ayuda a soportar las investigaciones de la Fiscalía contra las Farc por crímenes de guerra, de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. La audacia de proceder por estas categorías de crímenes tiene unas implicaciones extraordinarias: nunca en nuestra historia se había hecho. Pero, además, implícitamente es una admisión oficial de que los crímenes cometidos en el marco del conflicto colombiano ofenden la conciencia y dignidad de toda la humanidad y es bajo ese estatus que deben ser investigados. La reserva de esa información es vital en este momento para continuar con investigaciones que aún no concluyen.
¿Con base en qué afirma que la información de su trabajo es considerada de seguridad nacional si la Fiscalía nunca lo ha argumentado así?
Como la Fiscalía le respondió a usted en oficio radicado con el número 0001524 del 28 de julio del 2015, la información es de interés nacional y reserva.
(Nota de la periodista: en los dos derechos de petición que la Fiscalía le ha respondido a este diario rechazando divulgar el trabajo realizado por la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, el motivo de seguridad nacional no se ha expuesto).
Su firma recibió unos $4.000 millones en dos años por indicar cómo analizar y procesar información y bases de datos de ciertos crímenes de las Farc, el ELN y las bacrim. ¿Ese trabajo para qué le sirve a la Fiscalía?
El trabajo de investigación que desarrollamos directamente para el despacho del señor fiscal cumple con el fin de: 1) apoyar desde el trabajo que se surte en la Dirección de Análisis, que en días pasados ha iniciado el proceso de imputación por crímenes de guerra (a las Farc); 2) asesorar al señor fiscal en la estrategia de imputación por las tres categorías de crímenes/siete líneas de investigación; 3) desarrollar el análisis cuantitativo/cualitativo de los casos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Usted hizo parte del equipo que notificó a las Farc de las imputaciones que se vienen. ¿En calidad de qué? ¿Cómo puede hacer esa tarea sin pertenecer a la planta de la Fiscalía?
En calidad de asesora adscrita al despacho e investigadora. Aclaro: yo no he notificado a nadie, esa función está en cabeza del señor fiscal general, quien procedió a hacerlo asesorado por su equipo.
¿Por qué el contrato de 2013 era de $895 millones y el más reciente, de $3.085 millones?
Son cuatro grupos armados, un equipo gigante y esta vez, estamos recogiendo información por todo el país. Son el ELN y tres bandas criminales, no decimos cuáles por la seguridad de los investigadores que en este momento viajan por todo el país recolectando datos.
¿Su firma ya entregó los documentos que va a usar la Fiscalía para divulgar las investigaciones de su contrato para analizar casos de crímenes de las Farc?
Están bajo custodia del señor fiscal general.
¿Cuándo se van a hacer públicas esas investigaciones, si a Springer Von Schwarzenberg le pagaron $295 millones en 2014 para asesorar cómo divulgar su propio trabajo?
Es de resorte (del fiscal) decidir cuándo y cómo se divulgarán.
¿Por qué contratar a su firma para divulgación, cuando la Fiscalía tiene una planta de comunicaciones tan numerosa?
No se trata de documentos informativos, ni de propaganda o pedagogía. Se trata de informes técnicos, altamente especializados.
A usted la han criticado por establecer una relación contractual con la Fiscalía mientras ejercía el periodismo, en un papel protagónico además. Si pudiera echar el tiempo atrás, ¿tomaría las mismas decisiones?
Mil gracias por otorgarme el título de periodista, pero no lo merezco. Mis estudios de pregrado, posgrado y doctorado son en derecho internacional de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Trabajé como analista política por más de cinco años en La FM. Los analistas venimos de diversas áreas especializadas a aportar nuestro conocimiento. Con toda confianza puedo decir que el trabajo que realizo me proporciona un conocimiento único de lo que está pasando en temas de justicia y conflicto armado. Eso aporté en La FM, y no puedo expresar el dolor y el desconsuelo que me produjo retirarme. Espero volver muy, muy pronto a los medios.
Usted dice que no es periodista, pero es recordada por episodios como las entrevistas en que cuestionó duramente al presidente Uribe, y eso es periodismo. Aunque no tenga el título, ¿no cree que igual es incompatible ser analista de un medio y contratista de la Fiscalía?
No veo ninguna incompatibilidad. Reitero que jamás he cumplido funciones periodísticas, y esa entrevista a la que se refiere la condujo enteramente nuestra directora Vicky Dávila. Soy analista y en esa capacidad he entrado en debate sobre asuntos sustanciales con múltiples interlocutores de todo el espectro ideológico. Pero sobre todo, no veo la relación de su pregunta con el doctor Uribe, pues no tengo conocimiento de ningún caso contra Fuerzas Armadas, agentes del Estado o contra el señor expresidente. Tampoco soy funcionaria pública, ni he utilizado el espacio de análisis para hacer propaganda en favor de la Fiscalía. Para no ir más lejos, quisiera ilustrar el punto con la más reciente columna publicada en El Tiempo en donde he subrayado con extrema dureza que el de La Escombrera es un crimen de Estado y he señalado la responsabilidad de quienes, desde el CTI de la Fiscalía, avalaron esas operaciones.
Se ha dicho que usted tiene una relación sentimental con el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera. ¿Es cierto?
No tengo ninguna relación sentimental ni de amistad con el doctor Herrera.
En Valledupar contrataron a su firma acreditando experiencia previa en temas como construcción de paz. ¿Cuál es esa experiencia?
Legalmente, cuando una firma es muy joven como la nuestra, la acreditación de la experiencia se puede soportar por vía de sus miembros y representantes legales. En mi caso, tan solo en Colombia durante los últimos años, puedo acreditar una amplia experiencia en el activismo de derechos humanos, procesos de diálogo regional y pedagogía de paz, así como de trabajo con víctimas: Mesa Humanitaria de los Montes de María; Grupo de Sainville; como decana creé el programa de Ciencia Política de la Universidad Tadeo Lozano con énfasis en temas humanitarios y de conflicto armado; hago parte de la Mesa de Notables del Instituto de Estudios Humanitarios de la ONU y el PNUD; y he trabajado muy intensamente en la investigación del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes de manera independiente y sin financiación. Quisiera, de manera especial, recordar que fui asesora de la Presidencia de la República en tiempos del señor presidente Uribe, y allí se me encomendó el análisis de la agenda de negociación con el ELN.
¿En qué momento fue asesora para el tema del ELN? ¿De qué se trató su trabajo?
El señor presidente (Álvaro Uribe) y el alto comisionado de la época (Luis Carlos Restrepo) me entregaron copia de la agenda acordada hasta entonces. Mi única función fue, confidencialmente, comentar sobre sus contenidos a la luz del derecho internacional y las obligaciones del Estado.
¿Qué nombres relevantes figuran en la lista de los 30 invitados nacionales e internacionales que, dice el contrato, van a hacer parte del trabajo en Valledupar?
La semana pasada, solamente, contamos con la presencia del doctor David Barguil, Roy Barreras, Simón Gaviria, Claudia López, Sofía Gaviria. Para próximas semanas, y con la fe de que no cancelarán, esperamos entre otros al doctor Juan Carlos Esguerra, Sigifredo López, Juan Carlos Henao, los ministros Yesid Reyes y David Luna, el fiscal Eduardo Montealegre, Juan Manuel Galán y Carlos Fernando Galán y monseñor Óscar José Vélez Isaza.
Tengo el placer de confirmar que también nos acompañarán Naomi Roth-Arriaza (experta global en temas de justicia transicional), Baltasar Garzón (asesor de la Corte Penal Internacional), Leonardo Boff (asesor del papa Francisco), Mahmood Mamdani (uno de los 20 intelectuales más influyentes del mundo y el experto más reconocido de los temas de Africa), Kai Ambos (académico y juez alemán qeu asesora a la cooperación alemana), Yariv Oppenheimer (director de Peace Now- Israel) y el baron Serge Brammertz, (fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia), entre otros.
¿Algún funcionario público recibe honorarios por estas conferencias?
De los nacionales solo reciben honorarios unos profesores que nada tienen que ver con el servicio público, la política o la justicia. Reciben honorarios académicos porque ese es su trabajo, en promedio de 1’700.000 que es el estándar general, más sus tiquetes, alimentación, transporte y seguridad, por una presentación que exige desplazamiento nacional. A ningún funcionario público o congresista se le han ofrecido o ha solicitado honorarios. Solo los tiquetes.
¿Para qué invertir dineros públicos en este tipo de proyectos?
La necesidad imperiosa de iniciar este proceso de diálogos regionales está justificada no solo en lo sintomático de estos ataques a la Escuela y a mi persona, sino en los atentados que ha sufrido: los pocos carteles que imprimimos fueron rotos e incendiados, los trasformadores de luz fueron saboteados 15 minutos antes del evento (inaugural), he recibido innumerables amenazas en este fin de semana. Nuestra firma donó casi $700 millones ($607 millones, precisó Springer en su cuenta de Twitter) para esta primera etapa como parte de nuestra vocación de responsabilidad social y de nuestro compromiso con Valledupar por más de 10 años.
¿Ya puso en conocimiento de las autoridades lo del sabotaje al evento y las amenazas en su contra?
Sí, está bajo investigación.