La nueva compulsa de copias contra el magistrado Pretelt

La Fiscalía General solicitó investigar al expresidente de la Corte Constitucional por presuntamente recibir 10 mil millones de pesos para mantenerle la personería jurídica al movimiento político Mira.

La Fiscalía General compulsó copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chlajub por presuntamente haber recibido 10 mil millones de pesos para mantener la personería jurídica del movimiento político Mira.

Esto tras la denuncia presentada ante el despacho del Fiscal General en la cual se indicó que el magistrado habría recibido dicha suma de dinero por parte del entonces senador Carlos Alberto Baena. Ante esto se le solicitó a la célula legislativa que establezca la veracidad de los hechos ahí denunciados.

El ente investigador manifiesta en la compulsa de copias que se debe determinar si Pretelt Chaljub habría incurrido en una conducta punible. "Mi despacho recibió información procedente de la oficina de Asignaciones Especiales, relacioandas con la posible comisión de conductas punibles por un aforado constitucional".

"Que verificadas las personas mencionadas en precitada comunicación electrónica se advierte la presunta participación del doctor Jorge Enrique Pretelt Chaljub, magistrado de la Corte Constitucional, en la presunta comisión de las referidas conductas punibles", precisa uno de los apartes de la compulsa de copias revelada por Noticias Uno.

En diálogo con dicho noticiero, el excongresita Baena aseguró que no conoce ni se reunió con el expresidente del alto tribunal, indicando que esto es una calumnia por lo que anunció acciones penales. "Esto es lo que ha venido sucediendo con el movimiento Mira en los últimos años".

Igualmente se indica en la acción judicial que el magistrado habría presionado a los fiscales que adelantaban la investigación contra María Luisa Piraquive por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.  

Actualmente el magistrado enfrenta una investigación en la Comisión de Acusación por presuntamente haber recibido 500 millones de pesos para favorecer la selección de una tutela de la empresa Fidupetrol. 

La Fiscalía General compulsó copias además para que se le investigue por las irregularidades en la adquisición de dos predios en el Urabá antioqueño, cuyos legítimos dueños fueron amenazados y desalojados por la Casa Castaño.