Víctimas rechazan que no se investigue a M-19 por toma del Palacio de Justicia

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Derechos Humanos (CIDH) acudirán las víctimas de la toma del Palacio de Justicia registrada el 6 de noviembre de 1985. Esto tras el archivo de la Fiscalía para archivar la investigación en contra de los miembros del M-19 por las muertes ocasionadas durante los hechos que rodearon la toma a la edificación.

En la demanda radicada ante el organismo internacional los familiares dos policías que murieron durante el ataque del grupo guerrillero aseguran que hasta el momento los miembros del M-19 no han sido investigados por estos luctuosos hechos, por lo que piden que se reabra una investigación y se condenen a los responsables de la toma que aún continúan con vida.

En este sentido aseguran que la teoría de “cosa juzgada” por estos hechos no puede ser admitida puesto que esto es evidencia de una "violación al derecho de acceso a la justicia y ausencia de los judiciales efectivos para determinar la responsabilidad de los dirigentes e integrantes del M19 por los hechos ocurridos durante la toma".

Para los familiares del capitán Héctor Aníbal Talero y del sargento Jaime Benítez Prieto, muertos en la toma, es evidente que existe una responsabilidad por parte de los guerrilleros del M-19 que hasta el momento no han sido establecidos. “Los familiares de las víctimas y la sociedad no conocen la verdad. No existen penas ni condenas contra los responsables".

"Aproximadamente un centenar de personas resultaron muertas por acciones directas del grupo guerrillero, tales como tiros de gracia o como consecuencia del incendio iniciado por el M-19 cuando los integrantes de este grupo impidieron su salida del Palacio", precisa la acción judicial radicada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En este sentido considera que existe jurisprudencia internacional frente a hechos similares, como el caso de la masacres cometidas en El Salvador. Pese a que en estos casos se emitieron amnistías o indultos por parte de los gobiernos locales fueron consideradas no válidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Este jueves el fiscal general (e) Jorge Fernando Perdomo aseguró que tras un arduo análisis se consideró que los hechos que rodearon el indulto a los guerrilleros al M-19 ya pasó a cosa “juzgada por lo que no se pueden abrir nuevas investigaciones ni adelantar nuevos juicios.