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Faltando cinco minutos para las 12 del día de este viernes, el exfiscal de Antinarcóticos Camilo Bula, enredado en el manejo irregular que se le dio a los bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), llegó a los Juzgados de Paloquemao en Bogotá para conocer la sentencia que debía enfrentar por las anomalías en la venta de cuatro bienes, cuyo detrimento fue avaluado en $31.550 millones. Casi dos horas después el juez 25 Penal de Conocimiento lo sentenció a ocho años y tres meses de prisión y a pagar 25.500 salarios mínimos, es decir, cerca de $15.708 millones.
Una pena que fue rebajada en un 45% porque Bula tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía y porque el 7 de octubre pasado aceptó el delito de peculado en beneficio propio y en favor de terceros. En concreto, la rebaja de Bula se fundamentó en su colaboración a la justicia, pues cuando prendió su ventilador en septiembre de 2013 salpicó a cerca de 30 funcionarios de la DNE. Hoy la suma, según informó la Fiscalía hace un mes, alcanza los 41 implicados por el desfalco. Aún así, el juez consideró que la conducta delictiva de Bula tenía dos agravantes.
El primero es que Bula era un funcionario público al que el Estado le confió la administración de bienes, por lo que usó su posición privilegiada para alcanzar unos intereses personales y de terceros. Y, por otro lado, acordó con otras personas cometer estas irregularidades. Un detalle que, consideró el juez, demuestra que el exfiscal tenía conciencia sobre lo que estaba haciendo y que, además, evidencia su intención de dolo porque las anomalías en los contratos de venta se dieron “una y otra vez”.
Precisamente, en el expediente de Bula consta que cuando fue liquidador de la DNE, cargo al que llegó el 13 de junio de 2007, vendió cuatro bienes incautados a la familia Nasser Arana —a su vez procesada por narcotráfico y cuya fortuna se dijo en ese momento era la más grande que había llegado a la DNE— en Barranquilla por un valor menor al que tenían. Lo anterior para incentivar su compra en terceros. Así, el centro comercial Villa Country, el Centro Ejecutivo II, la casa vacacional Bello Horizonte y el lote parqueadero El Prado fueron avaluados y entregados por una cifra irrisoria. El Estado perdió $31.550 millones y el exfiscal recibió $327 millones, como una coima por parte de los compradores de Villa Country.
En este millonario desfalco, Bula fue el primer implicado que le reveló a la Fiscalía el negocio redondo que se fraguaba desde la DNE. De ahí que lograra un principio de oportunidad por los delitos de falsedad en documento público, prevaricato, fraude procesal, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Unas operaciones que trascendían la misma DNE. El exfiscal reveló que congresistas y excongresistas sacaron provecho de su investidura para fungir como intermediarios entre la entidad y los compradores finales. En abril de 2013, Bula señaló al expresidente del Congreso Javier Cáceres —condenado por sus vínculos con los paramilitares a nueve años de prisión—, de quien dijo que se le entregaron $1.000 millones como resultado de irregularidades en la administración de bienes decomisados a la mafia.
El exfiscal sostuvo después que el abogado Fernando Navarro era el enlace de Cáceres para realizar estas maniobras ilícitas, pues buena parte del dinero del ‘saqueo’ se consignaba en sus cuentas personales. A la senadora Myriam Paredes, Bula la acusó ante la Fiscalía de tráfico de influencias y peculado por un anticipo de un contrato para las rejas del hotel El Prado (Barranquilla). Un compromiso en el que se pactaron $200 millones. La senadora ha negado estos vínculos. Y sobre Carlos Albornoz, exdirectivo de la DNE, señaló que éste participó en los trámites irregulares de venta y conciliación de los predios Cuba y Casa Blanca; además de haber recibido $250 millones para cuadrar los avalúos con el Instituto Geográfico Agustín Codazi.
Camilo Bula se convierte en el primer condenado por el escándalo de la DNE, incluso cuando su abogado intentó interponer una retractación sobre la aceptación del cargo de peculado que fue rechazado por el juez, pues los momentos procesales para hacerlo se agotaron. Por ahora, Bula seguirá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se encuentra desde enero de 2013 y tendrá que seguirle colaborando a la Fiscalía hasta septiembre, cuando caduque su principio de oportunidad.
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