La odisea de Paula Gaviria, víctima de la Unidad de Víctimas

Paula Gaviria Betancur. / Gustavo Torrijos - El Espectador

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Parece una historia para Kafka. Paula Gaviria Betancur está embargada, no tiene cuentas ni créditos y debe $2.000 millones en multas. El jueves pasado –cuando hicimos esta entrevista– tenía vigentes 111 órdenes de arresto por desacatos judiciales (la cifra pudo haber aumentado en las últimas 72 horas). Varias veces ha sido retenida en el aeropuerto El Dorado cuando pasa por Migración y su nombre y su rostro suelen aparecer en las bases de datos de la Policía. ¿Su pecado? No dar abasto. Su historia me recuerda a Joseph K. en El proceso.

Usted es quizá la funcionaria más demandada del Estado. ¿Cuántos arrestos tiene en su contra y cuánto debe en multas por sanciones?

Diariamente llegan veinte arrestos contra mí que tenemos que resolver de manera rápida para evitar la privación de mi libertad. Son básicamente derechos de petición y tutelas que, por la masividad, no se contestaron a tiempo o se contestaron y al juez no le satisfizo la respuesta. También están las multas. Como representante de la Unidad de Víctimas debo $2.000 millones.

¿Cómo lidia a diario con un escenario tan loco como este?

Cuando estoy en situaciones tan extremas, con riesgo de arresto, pienso en los millones de personas que hemos ayudado, en la sonrisa de las víctimas. Y digo “vale la pena”. Pero es un riesgo que no todo el mundo asumiría. Yo no había querido hablar de esto, porque siento que estamos en un momento histórico para cambiar el destino del país. Lo que me ha pasado no se compadece con mi esfuerzo. Todas estas víctimas las causaron las guerrillas, los paramilitares o el mismo Estado, pero no resulta razonable que la respuesta para todas ellas recaiga solo en una persona.

La deuda histórica con ocho millones de víctimas en 60 años de guerra le cayó toda a usted.

De alguna manera conviví con eso estos cuatro años, pensando que había un bien mayor por el que trabajar y buscando dentro de la Unidad todos los mecanismos para resolver esta deuda histórica. Pero claramente cuando se hacen efectivas las órdenes de arresto o me embargan mi cuenta personal y mi honorabilidad y prestigio están en riesgo, es muy fuerte. Cuando uno aparece en las bases de datos de la Policía con una orden de captura es como si se viniera abajo toda una vida de transparencia. Tan solo este año, entre fallos judiciales, desacatos y sanciones, hay más de 30 mil procesos en mi contra.

Pero eso es una barbaridad.

¡Y el año pasado se interpusieron 200 mil recursos más! Hagamos el ejercicio con los procesos de este año: la mayoría son derechos de petición y reclamos de ayudas humanitarias por vía de tutela. De esas 30 mil tutelas la mitad están en proceso de ser resueltas; hay 5.000 más que están en fase de desacato y otras 10 mil en fase de sanción. Ahí ya hay riesgos de arresto y de multas. Como le dije antes, al día me notifican veinte solicitudes de arresto y lo que hace la Unidad es responderles muy rápidamente a esos jueces, demostrándoles que se atendió el fallo para que revoque el arresto. Algunos lo hacen, otros no. Ha tocado interponer tutelas contra esas decisiones como una manera preventiva de evitar el arresto. También ocurre que los jueces levantan el arresto, pero mantienen la multa. Y ese es un universo que identificamos hace muy poco a raíz de un embargo a mis cuentas.

¿Sus cuentas están embargadas?

Sí. No puedo obtener créditos ni tengo tarjetas, porque el Consejo Superior de la Judicatura me reportó. Allá llegan las multas impuestas por los jueces. Yo nunca fui notificada de esas multas y lo que encontramos fue un universo de cobros, unos en fase persuasiva, y otros en fase coactiva. En total debo $2.000 millones. ¿Qué estamos haciendo? Demostrándole al juez que sí cumplimos esos fallos.

¡Dos mil millones de pesos en multas y órdenes de arresto todos los días! ¿Cómo vive uno así?

Hmmm. Y cuando necesito salir del país, es un lío. Me han detenido en el aeropuerto varias veces y lo que hemos logrado es una consciencia de algunos funcionarios frente a esta realidad. He contado con el apoyo de gente de Migración que entiende mi situación cada vez que voy a salir de Colombia. La Policía y la Fiscalía también han logrado entender y conjuntamente nos articulamos para demostrar que no hay razón para privarme de la libertad.

Pero cuando usted está llegando al punto de Migración, ¿qué se le pasa por la cabeza?, ¿se angustia?

Es como si yo estuviera en un trabajo de altísimo riesgo en donde todos los segundos tengo que demostrar que no soy una delincuente (llora).

Es que ni el peor capo de la mafia ha tenido el volumen de fallos que a diario se profieren contra usted.

Es muy duro, la sensación es de una gran injusticia y desproporción, porque si alguien supiera lo que ha sido montar este trabajo, generar la confianza en el Estado, atender a millones de víctimas, pues quizá entendería.

¿Qué episodios feos le han tocado?

Ahora que me hace la pregunta visualizo esa salida de inmigración y me da temor y angustia. Cada vez que voy a salir del país tengo la sensación de que algo me va a pasar para lo que no estoy preparada. Y me ha pasado diez veces o más que aparece en el computador que tengo una orden de captura. Recuerdo que en 2013 iba a Madrid a un congreso de víctimas de terrorismo y no pude viajar. Me pasaron a un cubículo especial luego de que saliera en el computador que tenía un arresto por un delito sin especificar. Me llevaron a este cuarto y me tuvieron ahí un tiempo. Me trataron muy bien, pero me tuvieron junto a otras personas que tenían droga, que sacaban niños sin permiso y bueno... Estuve tres horas en esas, perdí el avión y no pude representar al país en España. Además, tuve que ir a una estación de Policía, estar allí otras cuatro horas y esperar a que el juez del caso respondiera que efectivamente ese fallo sí se había cumplido.

¿También le han ocurrido chascos así en aeropuertos nacionales?

Sí, donde hay control de Policía. Tengo que estar permanentemente verificando que no se haya montado en las bases de datos ninguna orden de arresto. Cargo siempre fotocopias de los fallos, vivo llamando a los jueces a las horas más extrañas para que revoquen la sanción y reporten a las autoridades. Porque también hay líos con los sistemas de información que cargan esas órdenes y mientras lo sacan a uno de ahí, pasan días…

Sobre el tema del embargo, ¿cómo cambió su vida?

No tengo ninguna cuenta, para no tener riesgos de embargo. Todo es en efectivo. Eso no me trasnocha, siento que no es justo, pero he logrado sobrevivir y mantener mi vida con mi familia. Aunque, claro, es una limitación a la libertad y a la independencia.

¿El embargo tuvo incidencia sobre el patrimonio de la familia?

No ha llegado hasta allá, porque afortunadamente no tengo nada.

¿Ha sido arrestada alguna vez?

Sí, estuve arrestada tres días, me concedieron detención domiciliaria e iba permanentemente la policía a hacer rondas de vigilancia. Obviamente no les conté a mis hijas (llora) y ellas estaban contentas de ver a su mamá, pero no entendían muy bien por qué su mamá estaba en la casa entre semana. Después de eso hemos logrado tener acciones más preventivas, tener muy controladas las sanciones, verificar siempre con la Policía, tener siempre disponibles teléfonos de los jueces. Sí ha habido mayor sensibilidad por parte de algunos de ellos frente a la situación. Muchos han ayudado cuando entienden la magnitud del problema pero, igual, el daño ya está hecho.

¿Y cómo va a hacer para posesionarse como nueva consejera para los Derechos Humanos?

Cuando el presidente Juan Manuel Santos me designó en este nuevo cargo el 20 de abril pasado, yo tenía 9.000 tutelas en fase de sanción. Le dije: “Deme unos días para resolver esto e irme un poco más tranquila”, y él me dijo: “Claro”. Pero de allá a acá hay 9.000 nuevas entre multas y arrestos.

¿Y su familia qué le dice?

Yo no les cuento tanto. He tratado de manejar el tema. Pero con lo del embargo a mi cuenta en enero pasado empezó a ser evidente lo grave de la situación.

Usted parece ser la prueba viviente de por qué mucha gente pila les huye a los cargos estatales, ¿no?

Muchos me han dicho eso. Pero mi respuesta es que amo lo que hago, por loco que esto parezca.

¿Y usted no se ha quejado con el presidente de estas cosas?

Él supo lo que me pasó con ese viaje a España donde me retuvieron varias horas. Me llamó muy preocupado, me ofreció todo su apoyo y así lo he sentido siempre. En el Gobierno son conscientes de esta situación y ya la Agencia de Defensa del Estado se metió al tema. Ya sabemos que hay un uso indebido de la tutela y, al contrario, se están generando unas distorsiones y riesgos enormes para cumplir con las obligaciones a costa de la libertad y el patrimonio de los funcionarios que asumimos esa tarea. Le repito: hoy me aparecen 111 arrestos en el sistema y debo $2.000 millones en multas. Pero tampoco quiero que se entienda que yo vivo impune, que no me arrestan. Estas son sanciones administrativas que inmediatamente atendemos para que se revoquen. ¡Es que al día llegan 4.600 derechos de petición y 1.500 tutelas!

¿Ese volumen de peticiones y tutelas no revela que el Estado ha sido incapaz de cumplirles a las víctimas?

Al contrario. Hemos dado respuesta al 95 % de los requerimientos recibidos y hemos mejorado ostensiblemente nuestra capacidad en esa respuesta. El problema es que este es un tema masivo, que tiene unas cifras y unas proporciones que no tiene ningún país del mundo. Además, se generó también en las víctimas una cultura de que si no es vía derecho de petición o tutela, no se obtienen los beneficios. Y, claro, no faltan quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas. Hemos encontrado muchas denuncias de personas que a cambio de un porcentaje de la indemnización presentan tutelas masivas contra la Unidad a costa de las víctimas.

Un mercado negro de negociantes...

Sí, personas que conocen el sistema, que abusan de las víctimas y que buscan hacerle trampa al sistema. Se han incrementado en un 70 % las quejas de los ciudadanos por estas mafias. El año pasado recibimos 4.300 quejas que se convirtieron en 1.200 denuncias ante la Fiscalía. En 2015 hubo 20 capturas de personas que estaban traficando con estas ayudas humanitarias, pero faltan respuestas urgentes de las autoridades para acabar este fenómeno.

¿Cuántas víctimas atiende la Unidad y cómo priorizan las ayudas?

Desde 2012 a la fecha hemos atendido más de 10 millones de solicitudes y entregado más de 6 millones de ayudas humanitarias y pagos a las víctimas. Claramente hay diferentes derechos que tienen las víctimas, diferentes momentos en los que reciben estas ayudas y lo que buscamos con la Ley de Víctimas es organizar una respuesta estatal ante un desafío masivo con victimizaciones complejas. Es imposible vía judicial llegar satisfactoriamente a todas las víctimas. El presupuesto que se destinó para la implementación de la política de reparación es de $55 billones y ya se han invertido más de $30 billones. Debido al aumento en el universo de las víctimas y los fallos proferidos que obligan también a reparar a los desplazados, lo que no estuvo previsto en las cuentas originales, hemos tenido que recalcular para repararlos a todos.

¿Cuál es el presupuesto de la Unidad para atender semejante desafío?

El presupuesto de la Unidad es de $1,6 billones anuales, de los cuales la mitad se destina para ayudas humanitarias. Pero sorprendentemente muchos recursos se vienen destinando a la operación de respuesta de miles de requerimientos judiciales. El 82 % de las víctimas son desplazados. Ante recursos escasos y violaciones masivas, hay que priorizar las ayudas. Y en ese mapeo que tenemos de las víctimas hay varias categorías, que van de los menos a los más vulnerables. ¿Qué encontramos en un reciente estudio? Que el 43 % de las tutelas las interponen los menos vulnerables.

¿Qué le dice a usted esa cifra?

Que estamos orientando la respuesta del Estado, que obedece a criterios de urgencia y necesidad, a los menos vulnerables por cuenta de estas tutelas. Lo cual altera la lógica de respuesta a las víctimas. Nosotros recibimos un millón de solicitudes de ayuda humanitaria al año (que van entre $300 mil y $800 mil). El Estudio de la Agencia de Defensa del Estado encontró que el costo administrativo en 2015 para la respuesta a las tutelas equivale al 14 % del presupuesto que se asignó en ayuda humanitaria. Aún más: por cada 100 pesos de ayuda humanitaria que se entregan por vía tutela, el Estado gasta 60 pesos adicionales por toda esa operación que implica responder a diario miles de tutelas. Le cuento más: la planta de la Unidad es de 857 personas y me tocó contratar 800 más sólo para atender ese volumen de peticiones. Hay cálculos de que ellos deben responder una tutela cada 15 minutos para no colgarse. Esto es irracional.

Mucha gente ve en la tutela su único salvavidas. ¿Qué hacer entonces?

El Estado colombiano antes no tenía cifras reales sobre la magnitud de la tragedia en 60 años de guerra. Ahora lo sabemos. Hoy tenemos caracterizadas a seis millones de víctimas y doce millones de personas de los hogares en donde conviven. Pero lo que se implantó en la cultura de las víctimas es que no hay que esperar el proceso administrativo, sino que hay una ruta más rápida, porque los jueces condenan en un 85 % de las veces a la Unidad. Yo quisiera que esas 800 personas que están a diario respondiendo tutelas pudieran estar en los centros atendiendo a las víctimas, pero están frente a un escritorio o patinando ante despachos judiciales.