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La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez se declaró inocente por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales imputados por la Fiscalía General dentro de las irregularidades que rodearon la ejecución de un millonario contrato para reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albanía.
El ente investigador sostiene que la entonces alcaldesa de Albania conformó una "empresa criminal" direccionando la entrega de millonarios contratos con el único fin de beneficarse económica y políticamente. Mediante la adición de 12 mil millones de pesos a los convenios interadministrativos números 008 y 006, Pinto utilizó recursos públicos con el único fin de garantizar un apoyo a su candidatura a la Gobernación en 2014.
"Sólo tenía el objetivo de conseguir dineros para su campaña política", precisó el fiscal de la unidad anticorrupción durante la audiencia de imputación de cargos. Consideró que ella misma seleccionó a los 1.600 subcontratistas para ejecutar los convenios pese a que estas personas no tenían ningún tipo de experiencia en temas de atención a menores de edad. (Ver Legalizan la captura de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto)
Lo único que tenían en común era que tenían cédula inscrita en el municipio de Albania. Con esto buscó directamente que estas personas apoyaran su candidatura a la Gobernacíón. "Ella creó una empresa criminal al interior de la alcaldía de Albanía con el único fin de ser dueña, ama y señora de los contratos para la reducción de la mortalidad infantil".
En la diligencia judicial celebrada el pasado martes el fiscal de la unidad anticorrupción reveló que en el año 2008 Oneida Pinto utilizó su poder político en la región para "montar" en la Alcaldía a Yan Keller Hernández Herazo, quien en ese momento trabajaba con su escolta y conductor personal. Esto con el único fin de gobernar en el municipio "a través de su conductor".
En la administración de Hernández Herazo se firmaron un valor cercano a los 6.900 millones de pesos. Para su ejecución fueron subcontratadas 1.459 personas por medio de 10 coordinadoras. Pocos meses después se suscribió un segundo convenio por un valor superior a los 7.800 millones de pesos con la misma contratista, Cleofe Dora Piedra.
El 12 de agosto de 2012 se firmó un contrato de conslutoría e interventoría de los dos contratos por 390 millones de pesos. "Tras la sombra dio órdenes de suscribir contratos con al ESE Hospital San Rafael de Albania para evitar la mortandad de niños, pero el dinero de los contratos en realidos los habría usado para gestionar su campaña politica a la Alcaldía".
Cuando llegó al poder utilizó el mismo modus operandi para conseguir votos y financiamiento a su candidatura a la Gobernación de La Guajira. Para esto ordenó la adición de 12.600 millones de pesos a los contratos firmados en la anterior administración. Para la Fiscalía General estos fueron los contratos más costosos firmados en la Alcaldía de Albania.
Debido a la gravedad de los hechos, el peligro que representa para la sociedad y la alta posibilidad que la exmandataria departamental manipule a los testigos y las pruebas que existen en su contra la Fiscalía General le solicitará a la jueza 39 de control de garantías que la cobije con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Pinto Pérez fue capturada el pasado miércoles en el noroccidente de Bogotá cuando salía a comprar vívieres. El fiscal General, Néstor Humberto Martínez explicó en su momento que la petición se hizo debido a los constantes incumplimientos y aplazamientos en los que había incurrido la exmandataria frente a las citaciones de la justicia.
Detalló además que en su contra existe una investigación por presuntamente haber estado detrás de las amenazas de muerte en contra del superintendente de notariado y registro, Jorge Enrique Vélez cuando fungió como gobernador encargado de La Guajira después que la elección de Pinto Pérez fuera anulada por el Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades.