"Oneida Pinto se inventó el programa con el fin de sacar recursos para su campaña": Fiscal

Para la Fiscalía General, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez utilizó los contratos para la reducción de la mortandad infantil en el municipio de Albania para financiar sus candidaturas políticas. Es decir, utilizó los recursos públicos para su beneficio personal.

Incluso –advirtió- la dirigente política “se inventó el programa de reducción de la mortalidad infantil” con el fin exclusivo de sacar recursos para su campaña a la Alcaldía de Albania y su candidatura a la Gobernación de La Guajira. El fiscal 28 de la unidad anticorrupción sostuvo que pese a conocer la ilicitud de sus acciones las realizó.

En este punto hizo énfasis en que la entonces mandataria municipal tuvo varias reuniones con la contratista del Hospital San Rafael de Albanía, Cleofe Peidra para fijar de manera directa la entrega de los millonarios contratos que tenían como objetivo crear programas y entregar ayudas para reducir el número de muertes de menores de edad en el departamento.

Utilizando su poder político en la región Pinto Pérez para "montar" en la Alcaldía de Albania a Yan Keller Hernández Herazo, quien en ese momento trabajaba como su escolta y conductor personal. Esto con el único fin de gobernar en el municipio "a través de su conductor" y el manejo de los contratos que se firmaran en su administración.

Pinto Pérez fue la misma que subcontrató a 10 personas con el fin que ejecutaran los convenios 004 y 008 con adición del 001 firmados con la ESE Hospital San Rafael de Alabania por un valor superior a los 18.600 millones de pesos.

"Los 10 subcontratistas han hablado del control total que tenía Oneida Pinto sobre lo que tenían que hacer", señaló el fiscal citando la declaración entregada por una de las subcontratistas, quien se comprometió a colaborar con las autoridades en el desarrollo de esta investigación.  

La declarante detalló que en el desarrollo de la ejecución del contrato se subcontraraon a más de 1.600 personas que "salían del banco con dinero en bolsas de basura para entregárselos directamente a personas cercanas a Pinto Pérez. 

El fiscal del caso sostuvo que la exgobernadora representa un peligro para la sociedad. Igualmente, debido a su poder puede manipular las pruebas recolectadas en el desarorllo de la investigación y presionar a los testigos que ya declararon en su contra para que cambien la versión en el juicio. 

Pinto paga la defensa de otros procesados

El exalcalde Hernández Herazo, quien ya es procesado por estos hechos de corrupción, ha pedido protección con el fin de colaborar con las autoridades y contar lo sucedido. Debido a esto la Fiscalía General le solicitó a la jueza 39 de garantías de Bogotá que cobije con medida de aseguramiento en un centro carcelario a la exalcaldesa.

"Se pudo dislumbrar que otro fin fundamental que se encuentra en riesgo es el de la obstrucción a la justicia, esto es que en la medida que las declaraciones recibidas por las coordinadoras contratadas para ejecutar los convenios se pudo determinar que es la señora Oneida Pinto quien está coordinando los gastos relacionados con la defensa de los implicados en este caso", precisó el fiscal. 

Es evidente, sostuvo el fiscal, que la procesada ejerció un poder de determinación e influencia"  sobre varios funcionarios de la Alcaldía de Albania y personas cercanas para el direccionamiento de los millonarios contratos y la apropiación indebida de recursos públicos. 

"A todo este poder que ejerció en su momento se le añade que también apoya financieramente a las perosnas que fueron afectadas con medida de aseguramiento en la indagación, y esto lleva a que existan menores posibilidades de contar con la colabroación de testigos que pudieses entregar testimonios e información relevante a la investigación. Existe un riesgo de obstrucción a la justicia". 

En la mañana de este viernes la exgobernadora de La Guajira se declaró inocente por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales imputados por la Fiscalía General.