ONU, preocupada por falsas víctimas de masacre de Mapiripán

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este martes al Gobierno colombiano aclarar el caso de las "falsas víctimas" de una matanza perpetrada en 1997 y en la que el Estado pagó millonarias indemnizaciones tras recibir una condena internacional.

Esa agencia así lo instó en un comunicado difundido en Bogotá en el que, además, condenó "la utilización fraudulenta de los sistemas de protección de derechos humanos que hubiera podido ocurrir" en este caso en el que 14 años más tarde se descubrió que dejó menos víctimas de las informadas inicialmente.

La ONU, asimismo, manifestó que "es una responsabilidad del Estado colombiano investigar, juzgar y sancionar la reprochable conducta de las personas que hubieran podido haber faltado a la verdad en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)".

El organismo llamó "a las autoridades competentes a iniciar las acciones necesarias para aclarar estos hechos y sancionar a las personas responsables" de la llamada masacre de Mapiripán, en los Llanos Orientales del país en julio de 1997 y de la que siempre se informó que había dejado 49 víctimas y ahora se indica que fueron menos de diez.

La semana pasada el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, señaló que, "al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas que aparecen en la sentencia que profirió la CorteIDH contra el Estado están vivas o no murieron en la mencionada masacre".

La posibilidad de un fraude, añadió la ONU este martes en el comunicado, "no pone en duda la legítima labor de los órganos del sistema interamericano, ni el derecho de las víctimas y de sus representantes legales a utilizar los mecanismos internacionales cuya competencia Colombia ha aceptado".

También la semana pasada la magistrada Teresa Ruiz, del Tribunal Superior de Bogotá, pidió enviar copias de la investigación una vez se realice, a la Cancillería para que comunique a la CorteIDH las presuntas irregularidades en la acreditación de víctimas.

 Igualmente ordenó pedir a la Procuraduría y a la Contraloría (general de cuentas) para que investigue posibles anomalías por parte de funcionarios y entidades oficiales, o particulares, que intervinieron en la identificación de víctimas y avalaron los daños y perjuicios ocasionados a estas. Y al Ministerio de Defensa que cese los pagos a los afectados por la matanza, atribuida a facciones de las Autodefensas.

Dos días después, el presidente Santos reveló que ha pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) incluir el tema de la matanza en la agenda de la próxima cita de cancilleres del organismo.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sin embargo, señaló que la masacre "ha sido demostrada tanto por los tribunales colombianos como por la sentencia emitida el 15 de septiembre de 2005 por la CorteIDH".

Añadió en el mismo comunicado que "se ha probado judicialmente que esta masacre fue cometida por miembros de organizaciones paramilitares con el apoyo, la aquiescencia y la tolerancia de agentes del Estado".

Igualmente recordó que "el 4 de marzo de 2005, el Estado colombiano reconoció expresamente ante la Corte su responsabilidad por la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

La misma agencia aclaró, además, que "La Corte Interamericana no determina responsabilidades individuales sino que establece la responsabilidad de los Estados".
Corte Interamericana revisará presuntas irregularidades en masacre de Mapiripán.