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Operadores privados de aseo 'sabotearon' modelo de recolección de basuras en Bogotá

Así lo manifestó el abogado Daniel Prado Albarracín, quien defendió los intereses del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El Espectador
11 de diciembre de 2013 - 01:01 p. m.

El abogado Daniel Prado Albarrín, quien defiende los intereses del IDU en los procesos por el 'carrusel de la contratación' aseguró que es evidente que los operadores privados de recolección de basuras sabotearon el nuevo modelo de aseo implementado por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El jurista aseguró que la declaración de Emilio Tapia a ElEspectador es clara sobre la "estrategia" que se ejecutó el 18 de diciembre de 2012 con el fin de afectar la implementación de este servicio y colapsar a la ciudad.

"Emilio Tapia conocía que existía una estrategia en la que a partir del 18 de Diciembre del año pasado, la ciudad quedara sin recolección de basuras (...) Claro que hay un complot y él puso en conocimiento del fiscal Ricardo González y de mí, estos hechos", señaló el abogado quien defendió los intereses de Gustavo Petro cuando inició el proceso en la Procuraduría sin embargo renunció argumentando falta de garantías por parte del órgano de control disciplinario.

El abogado Prado dijo que el "complot", consistía en que los vehículos de recolección de basuras entraran a mantenimiento a partir del 18 de Diciembre de 2012, en los días en los que se puso en marcha el nuevo modelo en la ciudad.

El abogado aseguró que existen "intereses políticos" frente a la decisión emitida el pasado lunes, asegurando que se afectó la recta e imparcial administración de justicia. "Lamentablemente en estos temas de los operadores de basuras hay un señor Alberto Ríos que tiene relaciones estrechas con el señor Germán Vargas Lleras y con otras personas que desgraciadamente tienen que ver con la administración de justicia".

Prado consideró que las declaraciones entregadas por Tapia pueden ser de gran importancia en el recurso de reposición que se interpondrá en los próximos días ante la Procuraduría contra el fallo en el que se destituyó de su cargo al alcalde de Bogotá y se le inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos. 

Por El Espectador

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