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En los próximos días la Procuraduría General le presentará al magistrado del Consejo de Estado, Gerardo Arenas su concepto frente a la solicitud de medidas cautelares presentadas por la defensa del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que es estudiada en el tribunal de lo contencioso y administrativo.
El Ministerio Público argumentará que no se cumplen con los requisitos exigidos para la emisión de estas medidas que suspenderían provisionalmente la sanción disciplinaria emitida contra Petro Urrego, consistente en destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en Bogotá en diciembre de 2012.
En el documento, el cual será revisado en los últimos días y enviado al despacho del magistrado ponente, se indica que al mandatario distrital se le dieron todas las garantías procesales y a la defensa, citando además las acciones que presentó contra la sanción disciplinaria ante diferentes órganos administradores de justicia como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
Igualmente se señala que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General sí tenía la facultad de investigar y tomar una decisión de fondo en un proceso disciplinario contra el Alcalde Mayor de Bogotá. En este punto se citan los casos relacionados con aforados los cuales han sido resueltos por esta misma Sala ya que la ley permite la designación de los casos en el interior de la Procuraduría General.
En este punto se citan además otras decisiones de altos tribunales como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la facultad de la Procuraduría General para sancionar disciplinariamente a funcionarios públicos elegidos por voto popular, caso que fue reiterado en las últimas semanas tras resolver las acciones de tutela presentadas por la defensa de Petro Urrego y un grupo de seguidores.
Este concepto será estudiado por el magistrado ponente quien tiene un plazo de 10 días para tomar una decisión de fondo sobre las medidas cautelares solicitadas por Petro Urrego en el que se considera el último recurso para volver al Palacio de Liévano. Actualmente la Corte Constitucional también estudia una acción judicial presentada por Petro en la cual pide que se suspenda provisionalmente el fallo disciplinario emitido el pasado 12 de enero.