La Corte Constitucional le ordenó a Cajanal frenar el pago de 21 mil millones de pesos destinados a las pensiones de 95 docentes en el departamento del Bolívar.
En su decisión, el alto tribunal consideró que el pago de estas pensiones había sido ordenado de manera irregular y fraudulenta por el juzgado segundo civil del Circuito de Magangué, Bolívar, quien fallo a favor de la tutela interpuesta por los docentes.
Según la alta Corte, el juez civil no podía por vía de tutela conceder dichos beneficios, debido a que la mayoría de los solicitantes no sobrepasaban los 60 años y no se estaba vulnerando sus derechos fundamentales.
Por esto, la Corte compulsó copias a las Fiscalía para que investigue al juez que ordenó el pago por delito de prevaricato por acción.
El caso
Pese a que el fallo civil emitido hace 6 años le ordenaba a Cajanal hacer efectivo el pago de las pensiones, la entidad se negó a hacer este desembolso, hecho por el cual los dineros aún no han sido reembolsados.
Al respecto, los presuntos abogados que están detrás de las pensiones fraudulentas, interpusieron una tutela para que se hiciera efectiva el arresto contra el director de Cajanal por no cumplir la orden preferida por el Juzgado Segundo Civil de Magangué.
En la determinación se señala que el juez segundo ya había sido sancionado a 10 años por el Consejo Superior de la Judicatura, y a cinco abogados que representaron a todos los maestros que fueron beneficiados por la decisión judicial.
Dicha tutela llegó a revisión a la Corte Constitucional, y en ella fue ordenada la suspensión del embargo de las cuentas que tiene Canajal en BBVA para pagar las pensiones.