Ordenan libertad de dos coroneles de la Policía procesados por el caso grafitero

Al considerar que se presentó un vencimiento de términos el juez 61 de control de garantías dejó en libertad a los coroneles de la Policía Nacional, John Harvey Peña y José Javier Vivas procesados por su presunta participación en los hechos que rodearon la manipulación en la escena del crimen en el lugar donde el joven Diego Felipe Becerra recibió un disparo por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón. 

El funcionario judicial determinó que pasaron 263 días en detención sin que se iniciara el juicio en contra de los oficiales Vivas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y Peña, exsubcomandante de la estación de Policía en la localidad de Suba. Los coroneles fueron señalados por la Fiscalía General de tener expreso conocimiento de la obtención de un arma de fuego para ubicar en el lugar.

Con esto se buscaba desviar la investigación y señalar al joven de 16 años de pertenecer a una banda delincuencial que momentos antes había atracado a un bus de servicio público en la calle 116 con Avenida Boyacá. En la investigación se determinó que los dos coroneles tuvieron participación y conocimiento en este plan para afectar el caso. 

El arma fue ubicada estratégicamente en el lugar para luego señalar que el patrullero Alarcón -procesado por el delitos de homicidio agravado- le había disparado al joven de 16 años en defensa propia puesto que éste el había apuntado con un arma de fuego tras perseguirlo varias cuadras atendiendo el llamado de alerta del conductor del bus. 

Por estos hechos la Fiscalía General los acusó por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y favorecimiento de homicidio. Se encontraban privados de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo).

Para los padres del joven Becerra Lizarazo la defensa de los coroneles procesados incurrieron en múltiples dilaciones que obligó a los jueces a aplazar y suspender las diligencias judiciales. Señalan que solamente se han podido realizaron ocho de las 32 audiencias preparatorias que se han programado.

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