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La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), instaron este sábado al Gobierno de Panamá a reconsiderar la decisión de no extraditar a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado.
El pasado jueves la Cancillería panameña informó a Colombia, que la resolución se basa en que las leyes de ese país y convenios internacionales impiden a Panamá "conceder una extradición que ha sido negada anteriormente con los mismos fundamentos y respecto a la misma persona, tal como fue el caso en mención".
La FIDH y el Cajar lamentaron esta decisión y hacen un llamado a las autoridades panameñas a reconsiderarla en el menor lapso posible.
Ambos organismos denunciaron al Estado de Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otorgar irregularmente asilo político a una persona acusada de delitos comunes que conllevaron graves violaciones a los derechos humanos.
Hurtado es investigada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por apropiación, falsedad ideológica, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, así como por seguimientos e interceptaciones ilegales durante el tiempo en que fue directora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
"Con esta decisión, el presidente (Juan Carlos) Varela no solo imposibilita que Hurtado sea investigada y juzgada como corresponde por los delitos que cometió, sino que compromete la imparcialidad y respeto por los derechos humanos de su propio Gobierno" señaló Luis Guillermo Pérez, presidente del Cajar, en un comunicado.
El abogado de las víctimas del proceso del DAS en Colombia dijo además que "es una clara señal del rumbo que está adoptando su Administración en esta materia".
La FIDH y Cajar aseguran también que es inadmisible que el Gobierno de Panamá no respete el tratado de extradición de 1928, vigente entre los dos Estados y que las víctimas, la sociedad y la justicia colombiana sigan siendo burladas.
"Resulta inaceptable que el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela ofrezca alternativas que posibiliten a la exdirectora del DAS seguir siendo una prófuga de la justicia colombiana" manifestó Pérez, quien también es representante de la FIDH ante la OEA.
La exfuncionaria del DAS se asiló en Panamá en 2010, pero perdió esa condición después de que en mayo pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país considerara inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo le concedió dicho amparo.