Organizaciones piden a la CPI investigar rol de Chiquita Brands en el conflicto armado

Los peticionarios utilizaron documentos internos de la empresa para mostrar la forma y los montos entregados por los ejecutivos de la bananera a los paramilitares.

La multinacional le entregó dinero a los paramilitares entre 1997 y 2004.Archivo El Espectador.

En nombre de las comunidades de paz de San José de Apartado (Antioquia), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Programa de Derechos Humanos de la universidad de Harvard y la Federación Internacional de Derechos Humanos, le pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar el rol de los ejecutivos de la multinacional Chiquita Brands en la contribución a crímenes de lesa humanidad en territorio colombiano.

Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, hasta la fecha ningún ejecutivo ha rendido cuentas ante la justicia, a pesar de que la empresa confesó haber entregado millones de dólares a paramilitares colombianos que mataron, violaron, y desaparecieron a civiles. "Si la CPI acepta investigar el caso, será la primera vez que actúa en contra de ejecutivos corporativos por facilitar tales crímenes”, señalaron las organizaciones. En la petición a la CPI la coalición de grupos locales e internacionales de derechos humanos utilizaron documentos internos de Chiquita, para rastrear la forma y los montos entregados por los ejecutivos a los paramilitares entre 1997 y 2004.

Como corporación, Chiquita ya fue declarada culpable en un tribunal federal estadounidense en 2007 por haber financiado ilegalmente a los paramilitares, pero no ha habido investigación penal en contra de los ejecutivos que supervisaron e implementaron el esquema de pagos. Y aunque el litigio civil contra los ejecutivos de Chiquita continúa en curso en los tribunales estadounidenses, las organizaciones aseguran que se estancaron.

Chiquita confesó que los pagos efectuados a las Auc desde 1997 hasta 2004 alcanzaban un total de 1,7 millones de dólares. En la audiencia de declaración de culpabilidad, el fiscal estadounidense señaló: "El dinero de la compañía pagó por las armas y municiones que las AUC utilizaron para matar a civiles inocentes" y "las Auc fueron capaces de comprar muchas armas y municiones con los $ 1,7 millones de dólares que la compañía pagó a lo largo de los años”.

Aún después de que asesores jurídicos externos y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informaron que dichos pagos eran ilegales bajo el derecho estadounidense, éstos continuaron. Esta comunicación incluye un apéndice sellado y confidencial que identifica por nombre a catorce altos empleados, directivos y miembros de la junta directiva de Chiquita, quienes de acuerdo con la coalición deben ser el foco de atención de la Fiscalía.

“Los ejecutivos que supervisaron el financiamiento de paramilitares no deben poder sentarse tranquilamente en sus casas en los Estados Unidos como si no hubieran hecho nada malo,” aseguró uno de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien a su vez presentó una carta a la CPI sobre cómo la violencia paramilitar les afectó personalmente. “Hace demasiado tiempo que familias de todas partes de Colombia esperan justicia” puntualizó el líder.

La compañía ha tratado de argumentar que fue una extorsión de las autodefensas. Sin embargo, sus propios asesores jurídicos exteriores explicaron en 2003 que la bananera se puso voluntariamente en esa posición. “La defensa por coacción puede desaparecer a través de la repetición. La decisión de negocios de quedarse les perjudica. Chiquita debe irse de Colombia”, aseguraron en su momento los asesores. En abril de 2003, en una reunión en el Departamento de Justicia, el antiguo ayudante del Fiscal General, Michael Chertoff “observó que no veía el caso de Chiquita como un caso de verdadera coacción, ya que la empresa había tenido una alternativa legal: salir de Colombia”.

 Los peticionarios aseguraron que Chiquita habría podido tener otra actitud o salir del país muchos años antes, pero decidió seguir adelante con su “lucrativo” negocio mientras pagaba a los paramilitares por una “supuesta seguridad” en las regiones bananeras. Para el año 2003, la empresa subsidiaria de Chiquita en Colombia, también señalaron las organizaciones, era su operación bananera más rentable en todo el mundo. "Para ése entonces, era notorio que los paramilitares colombianos atacaban a civiles, entre ellos a trabajadores bananeros y líderes sociales,”, indicó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). “A pesar de esto, los ejecutivos de Chiquita decidieron seguir entregando dinero a paramilitares”

 “En momentos de transición hacia la paz, los actores corporativos logran eludir frecuentemente su responsabilidad por graves e indignantes conductas” indicó el profesor Tyler Giannini, un Director de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard. “El enjuiciamiento de los oficiales de Chiquita por sus pagos a paramilitares transmitiría un poderoso mensaje: que la impunidad de actores corporativos ya no puede seguir siendo “business as usual” -como de costumbre”.

Chiquita también le habría pagado a las guerrillas

Desde hace aproximadamente un mes, el portal web Verdad Abierta y la organización no gubernamental National Security Archive de los Estados Unidos han dado a conocer un nuevo capítulo sobre la empresa bananera dentro del conflicto armado colombiano. Además de haberle pagado a las autodefensas entre 1994 y 2007, los documentos que fueron desclasificados por el gobiernoestadounidense revelan que la multinacional también habría entregado dinero a las guerrillas colombianas a final de los años noventa.

En el extenso reportaje se relata como El National Security Archive, libró una batalla legal desde hace siete años para obtener este nuevo paquete de más de 9 mil páginas de información. Chiquita, por su parte, asegura Verdad Abierta, peleó con dientes y uñas para evitar la liberación de esos documentos. En 2013, en una demanda casi que sin precedentes, la compañía pidió a La Comisión de Bolsas y Valores (SEC por sus siglas en ingles), el organismo que vigila los crímenes financieros en Estados Unidos “reversar” la aplicación del Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), sin embargo, dos años después una corte federal de apelaciones rechazó la demanda de Chiquita y los documentos fueron revelados.