Oscura semana para exjefes de las autodefensas

El exjefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’. / AP Édgar Fierro, alias ‘Don Antonio’, desmovilizado del bloque Norte de las Auc

Esta semana se complicó la situación para dos importantes exjefes paramilitares vinculados al proceso de Justicia y Paz. A la par que la Fiscalía radicó ante el Tribunal de Medellín la petición formal para excluir a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, un juez de ejecución de penas revocó la pena alternativa de ocho años de prisión que el Tribunal de Bogotá le había impuesto a Édgar Fierro Flores, alias Don Antonio, desmovilizado del bloque Norte de las autodefensas. En el caso de Monoleche, la solicitud ha generado controversia, teniendo en cuenta que hace sólo cuatro meses el ente acusador había asegurado que cumplía todos los requisitos exigidos por la ley. Por eso, justo ahora, cuando se fijó la lectura de la sentencia condenatoria para el próximo 20 de octubre, la petición cayó como un baldado de agua fría y tendió un manto de incertidumbre sobre el futuro del proceso. El problema radica en si los magistrados pueden dictar sentencia antes de resolver la solicitud de exclusión, una decisión que salvaría los avances que se han realizado durante los últimos ocho años para esclarecer los crímenes que cometió Monoleche y la reparación que les corresponde a sus víctimas.

Precisamente ese es uno de los temas más preocupantes, pues quienes sufrieron la violencia de ese exparamilitar se enfrentarían al escenario de la justicia ordinaria, que es a donde irían a parar las investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Monoleche debe ser excluido porque, luego de su desmovilización, habría ordenado el homicidio de tres colaboradores del extinto comandante paramilitar Vicente Castaño: se trata de Luis Fernando Claros Guerra, su contador, y de los hermanos Fernando Vélez Isaza y Diego Andrés Vélez Ruiz, dos de sus testaferros. Según el ente acusador, Monoleche habría ordenado esos homicidios para apropiarse de las tierras que dejó Castaño en Córdoba y Urabá, y entregar parte de ellas como un aporte suyo al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Monoleche fue guerrillero del Epl y conoció a los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil en 1988, cuando fue contratado como vaquero. Más tarde recibió entrenamiento militar y fue designado escolta personal y hombre de confianza de John Henao, un familiar de Fidel, cargo que ejerció hasta 1991 en Valencia (Córdoba). A partir de ese año y hasta 1994 se dedicó a administrar la finca Costa de Oro, actividad que abandonó para ascender a jefe de seguridad y administrador de las haciendas de Carlos y Vicente. Además, fue designado inspector de los bloques o frentes paramilitares creados en Antioquia y la Costa Atlántica, donde las autodefensas se afincaron y consolidaron para extenderse al resto del país. Justamente, participó en la estructuración de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Bajo las órdenes de los Castaño y de Carlos Mauricio García, alias Doblecero, Monoleche cometió hurtos, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas de campesinos y pequeños comerciantes en Córdoba y Urabá. Sin embargo, se le recuerda por su participación en el asesinato de Carlos Castaño en 2004 y por haber salpicado en 2013 al exalto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, de quien dijo había “organizado” el homicidio de Vicente Castaño, ocurrido en 2007 en Antioquia. En mayo pasado el Tribunal de Medellín decidió que lo juzgaría por el homicidio de siete personas, la desaparición de cuatro más y el hurto de cientos de cabezas de ganado, caballos, vehículos y dinero en efectivo. No obstante, el futuro de esa condena se encuentra ahora en manos del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, quien deberá determinar para cuándo fijará la audiencia de exclusión y cómo resolverá el conflicto jurídico que ha suscitado la petición de la Fiscalía.

En caso de ser expulsado de Justicia y Paz, Monoleche enfrentaría penas superiores a los 30 años de prisión y se sumaría a la lista de exjefes ‘paras’ que perdieron los beneficios de la ley. Precisamente, un juez decidió ayer revocar la pena alternativa que el Tribunal de Bogotá le había concedido a Édgar Fierro Flores.
Cuarenta años para ‘Don Antonio’

Este jueves un juez le revocó el beneficio de la pena alternativa a ocho años de prisión a Édgar Fierro Flores, alias Don Antonio, por no haberles pedido perdón a las víctimas de sus atrocidades y haber incumplido con algunos de sus deberes judiciales. En un auto de 15 páginas, el juez sostuvo que Don Antonio “no ha ofrecido disculpas públicas a las víctimas”, una orden que estaba incluida en la sentencia en su contra y que debió ejecutarse hace dos años. En la misma decisión quedó consignado que ese exparamilitar “apenas ha presentado un borrador del escrito de disculpas”, lo que el juez encontró “injustificable” porque, en su criterio, Fierro o su abogado debieron adelantar las actuaciones correspondientes para que la petición de perdón se hiciera efectiva. Igualmente, rechazó que ese ‘expara’ se hubiera negado “sin razón valedera” a asistir a una audiencia de formulación de cargos realizada la semana pasada, “demostrando así su renuencia y falta de compromiso de contribuir a la satisfacción de la verdad respecto de todos aquellos hechos en que participó”. Y por ello dispuso que se le revocara la pena alternativa y se le impusiera la pena principal de 40 años.

Este fallo se produce a menos de una semana de que la Corte Suprema de Justicia avalara la salida de Don Antonio de la cárcel, porque ya había cumplido ocho años de prisión. No obstante, las determinaciones del juez y de la Corte no son excluyentes, por lo que ese exparamilitar, una de las fichas claves en el escándalo de la parapolítica en la Costa Atlántica, deberá permanecer recluido en la cárcel La Picota mientras se define la apelación que ya presentó la defensa. Aun así, su libertad también se encuentra enredada por cuenta de la decisión de la Fiscalía de imputarle el delito de falso testimonio en el proceso por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda. Según el ente acusador, Don Antonio habría mentido para enrostrarle la responsabilidad del crimen a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, considerada hasta ahora la autora intelectual del homicidio.

Estas decisiones contra Monoleche y Don Antonio vuelven a poner en el centro de la polémica la posibilidad real de que los exjefes paramilitares puedan salir libres tras cumplir la pena máxima de ocho años de cárcel contemplada en la Ley de Justicia y Paz. Todo indica que las autoridades han activado los motores para acelerar la “depuración” del proceso; no en vano en los últimos días han sido excluidos Miguel Ángel Mejía Múnera, alias el Mellizo, y Marco Tulio Pérez Guzmán, alias el Oso.