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Por un oficio del 22 de noviembre de 2012 en el que el director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, le pide al Ministerio de Justicia mediar para que se agilizara la extradición de los capos Camilo Torres, alias Fritanga, y Andrés Arroyabe, alias La Máquina, estos señalados narcotraficantes demandaron al uniformado por un supuesto tráfico de influencias. El miércoles Fritanga y La Máquina fueron extraditados y hoy, la Fiscalía archivó su investigación contra Ricaurte porque no se pudo probar que con su solicitud al Ministerio de Justicia, el general hubiera incurrido en un delito.
Fuentes del Inpec le informaron a este diario que, precisamente, el director de esa entidad no hizo la solicitud para beneficiarse –como es propio del tráfico de influencias– sino para que se diera una solución a la situación de algunos extraditables que se habían convertido en un dolor de cabeza para las autoridades por sus constantes actos de indisciplina, sus planes de fuga y, en ocasiones, sus amenazas a la guardia. En palabras del Inpec, estas personas se habían convertido en un riesgo para el sistema carcelario y la ciudadanía.
Valga el ejemplo de Camilo Torres, alias Fritanga, que fue trasladado en reiteradas ocasiones de un centro penitenciario al otro por cuenta de sus excesos. El capo estuvo recluido en Bogotá, Valledupar y Girón (Santander). Cuando estuvo en Bogotá se supo de su participación en un supuesto plan de fuga, en Girón hizo hasta lo imposible para que lo dejaran entrar un colchón ortopédico a la cárcel. No lo logró. Entonces fue trasladado a Valledupar, donde su supo de amenazas que, al parecer, le hizo a guardias de ese centro.
En referencia al proceso, el general Ricaurte dijo que “ese es un tema que no me deja dormir realmente la guerra jurídica contra el director. Hay una guerra jurídica que busca afectar mi trabajo. Disparan de todas partes, disparan con escopeta de regadera. Me ponen tutelas, me denuncian ante la Fiscalía, ante la Procuraduría. En el día a día eso no lo deja trabajar a usted” y agregó que estaba en todo su derecho de hacerle la referida solicitud a la ministra Ruth Stella Correa. Fuentes de esa entidad le informaron a este diario que al Inpec llegan cerca de 6 mil tutelas al mes y a falta de un secretario general o de un subdirector, es el general Ricaurte quien debe encarar gran parte de estos procesos. Por ejemplo, por un supuesto desacato, un juez de Montería condenó al uniformado a cinco días de prisión el 10 de abril de 2013.
La sentencia fue impugnada por el Inpec porque la tutela que motivó esa decisión ya había sido cumplida. Además de tener que lidiar con una población reclusa que asciende a 116 mil y a la que se suman cada mes 3 mil reclusos, de ‘capotear’ la crisis carcelaria y las críticas de funcionarios como el mismo vicepresidente Angelino Garzón, a Ricaurte le toca afrontar cuanto proceso judicial llega a la Fiscalía. A este diario le dijo: “Este es un puesto que nadie quiere, excepto yo. Para mí ha sido un reto y un voto de confianza del presidente”.
El fin de ‘Tolemaida Resorts’
En entrevista con este diario, el general Ricaurte resaltó el fin del centro de reclusión para militares que hay en la base de Tolemaida en Melgar (Tolima). Dijo que “ya era tiempo para que esto ocurriera y que era una buena oportunidad para que el Ministerio de Defensa se diera a la tarea de construir una cárcel ‘moderna, funcional’ para los 1.500 uniformados presos que, en su criterio, “sería una noticia internacional”. “El ministro es muy inteligente y perfeccionista, seguro le quedaría muy bien”, dijo.