"Papá no puede perder su dignidad"

Irene (izq.) y Sofía Gaviria, hijas del empresario Guillermo Gaviría y hermanas del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviría. / Gustavo Martínez

Los Gaviria Correa se cansaron de llevar la procesión por dentro, respetando los tiempos de la justicia y callando lo que consideran una infamia: el proceso penal contra el patriarca de la familia, Guillermo Gaviria Echeverri, el empresario de 89 años al que sindica la Fiscalía de patrocinar el paramilitarismo en Urabá. Desde hace dos años el padre del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, ha sorteado las acusaciones del comandante de las autodefensas Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, señalado testigo estelar de las autoridades para abrir de una buena vez la caja de Pandora de la llamada paraeconomía.

El pasado 29 de noviembre la fiscal de Medellín María Fabiola Mejía le dictó por segunda ocasión medida de aseguramiento a Gaviria Echeverri al considerar que existen indicios de que el reconocido fundador de Colanta, Unibán y Carbocol voluntariamente financió estos ejércitos privados. Su familia está convencida de que la única evidencia posible es que los pagos que se efectuaron —sólo cinco en dos años por un valor total de $15’300.000— fueron producto de una extorsión.

En diálogo con El Espectador, Irene y Sofía Gaviria rechazaron la decisión de la Fiscalía, controvirtieron el testimonio de Hasbún y lamentaron que la fiscal Mejía incurriera nuevamente en el error de citar en la medida de aseguramiento un informe judicial que dice lo contrario de lo que afirma la funcionaria. En la decisión de la Fiscalía se cita el reporte que hizo el investigador judicial Óscar Julio Correa, en el que se concluye “que los señores Gaviria patrocinan en forma directa” a las autodefensas. No obstante, dicho reporte concluye que después de revisar si la familia Gaviria tenía nexos con las Auc en Urabá, no existen investigaciones al respecto.

El Espectador conoció ese reporte fechado el 9 de diciembre de 2008 y lo que se lee allí en referencia al supuesto patrocinio de los Gaviria al paramilitarismo es la copia textual de un anónimo que le llegó al fiscal Mario Iguarán Arana. De allí que Irene y Sofía sostengan que no puede ser posible que la misma fiscal caiga en el mismo error dos veces, que es indignante que se haga aparecer como una prueba un anónimo y que “no sabemos si esto es una cuestión de incapacidad o de inmoralidad de la fiscal”.

“No nos vamos a quedar callados y vamos a dar la pelea. Hasta hace dos años mi padre era un coloso, un incansable, ahora apenas se levanta de la cama a un sillón con un tanque de oxígeno y con una depresión profunda que lo dejó monosílabo”, dice Sofía. “Así mi papá sea un anciano, la dignidad no la puede perder. Sólo miren los editoriales que mi padre escribió en El Mundo de rechazo profundo a cualquier grupo ilegal. Nosotros mismos hemos sido violentados desde todos los frentes del conflicto, han asesinado a mayordomos, empleados y colaboradores por negarse a pagar las extorsiones de guerrillas o paramilitares. Esto es una injusticia”, añadió Irene.

Ambas vehementes dicen que su familia no tiene rabo de paja, que no van a permitir que esta arbitrariedad se siga cometiendo ni que a todos los bananeros los metan en el mismo costal como financiadores de los crímenes del paramilitarismo. Sostienen que la única prueba son las declaraciones de Hasbún, testimonios que ellos consideran contradictorios en lo fundamental, porque mientras en 2008 aseguraba que comerciantes, empresarios y bananeros eran obligados a pagar so pena de ser asesinados, en 2010 cambió su discurso para resumir estos aportes en un supuesto acuerdo de voluntades.

“La justicia no puede generalizar ni llegar tarde. Ya llevamos dos años con este dolor. El gerente de nuestras empresas, Juan Esteban Álvarez, fue obligado a pagar ese dinero y a reunirse en dos ocasiones con Hasbún porque las amenazas eran inminentes. No puede uno pasar de víctima a financiador así como así. Por eso estamos dando la cara y queremos abrir el debate, porque nos cansamos de estar callando estas arbitrariedades”, señalaron.

Con pruebas en mano aseguran que irán hasta las últimas instancias para probar la inocencia de Guillermo Gaviria Echeverri y que la fundación del exsecuestrado Sigifredo López tomó su caso al concluir que se está violando el debido proceso en este expediente. De todas maneras la Fiscalía le ha dado toda la credibilidad a alias Pedro Bonito, quien ha señalado que el dueño de El Mundo sí colaboró con el grupo ilegal. La familia Gaviria desde la otra orilla asegura que saldrá adelante de lo que ha denominado como un complot.