En una carta firmada por 30 parlamentarios europeos y latinoamericanos se plasmó una preocupación por el fallo disciplinario emitido por la Procuraduría General que destituyó e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos al ahora exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.
En el documento de tres páginas se califica como “injusta y desproporcionada” la decisión emitida por el Ministerio Público, representando así una clara violación a los derechos políticos de Petro Urrego y el grupo de personas que votó por él.
Resaltan además el hecho de que el exmandatario distrital no tuvo una segunda instancia en su proceso disciplinario, por lo que a su modo de ver no gozó de garantías procesales que debe tener cualquier procesado.
“Las garantías políticas han sido un elemento esencial en el curso de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc, en el que se han logrado importantes avances. La desproporcionada e injusta sanción impuesta al alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, tiene un impacto negativo en términos de la confianza en la voluntad política del Estado colombiano de cumplir con lo pactado en la mesa de negociaciones sobre garantías políticas”, precisa uno de los apartes.
En el documento firmado “Declaración de Atenas: por la paz y la democracia en Colombia” se asegura que con su actuar, el presidente de la República desacató las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh) a favor de Petro con lo que se desconocieron las sentencias de la Corte Constitucional que hacían referencia al caso, así como los compromisos internacionales adquiridos.
Ante esto presentaron una serie de consideraciones ante la Unión Europea y Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para que presenten su posición frente a la decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General y que fue ratificada por el Presidente de la República.
“Exhortamos a la Unión Europea a activar la clausula democrática que hace parte del Acuerdo Multipartes suscrito por Colombia. La violación de los derechos políticos, la falta de oportunidades para ejercer y la falta de recursos idóneos para defenderlos y para prevenir daños irreparables, que se han presentado en este caso, son elementos que ameritan la suspensión del Acuerdo con Colombia”, señala el documento.
Igualmente se le hace un llamado de atención a los miembros de Unasur para que dediquen una audiencia especial “al estudio del caso y sus implicaciones para la democracia y la paz de la región (…) Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y la democracia en Colombia y convocamos a la realización de un Encuentro con participación de parlamentarios, partidos políticos, movimientos sociales y demócratas de ambas regiones”.