En el audiencia pública sobre el debate del Marco Jurídico para la paz, Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, resaltó que la participación política de los miembros de grupos desmovilizados no incide en las víctimas del conflicto. En este sentido, destacó que "las normas internacionales no limitan el acceso a la política de los miembros de grypos armados", por lo cual, "el derecho a la verdad, justicia y reparación no se debería ver afectado".
Por su parte, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, intervino de manera imparcial sobre el debatido tema. Pues aunque manifestó que el Gobierno tiene la convicción de que no existen límites para impedir la participación política de los desmovilizados luego de un proceso de paz, sostuvo que es "un pilar fundamental de la constitución, condenar a los culpables de genocidio y violaciones al Derecho Internacional Humanitario".
En su intervención ante la Corte Constitucional, el defensor estableció tres ejemplos de naciones que tras sus respectivos procesos de paz, lograron reinsertar y reincorporar a la vida civil y política a integrantes de grupos armados. Es el caso de Sudáfrica, Indonesia y Guatemala, en este último país, tres años después de firmar el acuerdo; seis parlamentarios y nueve alcaldes elegidos, provenían de dichos grupos.
Asimismo, Otálora fue claro al afirmar que los diálogos de paz pretenden garantizar un pacto fundamental que no esté coaccionada por las armas. Así, "la búsqueda de la paz a través de un acuerdo es la forma de alcanzar una sociedad pacífica y una manera de dedsarrollar la paz como derecho y valor fundamental".
En este punto coincide la cabeza de la cartera de Justicia, quien afirmó que la posibilidad de que los grupos armados se reincorporen a la vida civil permite desarrollar la democracia, acorde a la Constitución.
Igualmente Gómez dijo que pese a que los objetivos de la paz en la carta política no se han cumplido, ahora se pueden lograr; "configurando un Marco Jurídico compatible con los derechos humanos, la reparación de las víctimas y particularmente la garantía de la no repetición".
Finalmente, Otálora se refirió a la participación política de los desmovilizados como una consecuencia del proceso de paz; y dijo que en el Marco Jurídico para la paz, se deben tener en cuenta diferentes garantías para los derechos de las víctimas como una investigación seria e imparcial, asesoría especializada, derecho a la reparación integral y el derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus seres queridos.