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Como un caso complejo calificó el fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades de tipo administrativo que se habrían presentado en la EPS SaludCoop. Sin embargo, después de cuatro años no se han hallado elementos materiales probatorios suficientes para tomar una determinación de fondo.
Para Perdomo hasta la fecha no se ha podido establecer con un alto grado de certeza de los hechos que corrupción que fueron denunciados en su momento, y los cuales fueron la base para que el Gobierno ordenara la liquidación de la EPS. El informe de la Contraloría General que fue presentado en su momento no ha sido confirmado del todo en las pesquisas adelantadas
“La Contraloría dijo que se había estafado por 1,4 billones de pesos, pero resulta que nosotros a partir de ese falo comenzamos a hacer nuestra propia investigación y advertimos que en la liquidación de SaludCoop no se hablaba de estos montos. Habla de 70 mil millones, 80 mil millones y no de $1,4 billones”, aseguró el jefe del ente investigador en entrevista con RCN Radio.
En este sentido manifestó que debido a esto no se ha anunciado una imputación en contra de los investigados puesto que no se tienen todas las pruebas. “Nosotros en derecho penal no podemos meter gente presa sin tener claridad sobre eso. Nosotros tenemos que demostrar de cuánto fue el hurto”. Ante esto aclara que no se puede tomar el siguiente paso con especulaciones sino que necesitan algo probado.
“Se habla mucho de una gran situación de corrupción pero las pruebas no existen, las pruebas no se aportan y eso es lo que estamos intentando. Es muy fácil dejarle la responsabilidad a una entidad”, señaló Perdomo en la entrevista radial, en la cual reiteró que no está diciendo que en la EPS no se hubiera cometido un delito sino que por el momento no se ha podido comprobar la teoría jurídica.
Los datos recolectados después de cuatro años están siendo analizados para establecer si existió una defraudación y una afectación a los usuarios de la EPS y al sistema de salud en general. “Tenemos que investigar todo lo que se ha dicho para saber cuál es la realidad de la situación”.
La otra etapa de la investigación
El jefe el ente acusador encargado aseguró que en el desarrollo de la primera investigación se recibieron testimonios y denuncias frente a los intereses de funcionarios de la Contraloría para que el Gobierno ordenara la intervención y liquidación de SaludCoop. Hecho que motivó la apertura de una indagación paralela para establecer la veracidad de estas versiones.
Este presunto interés tendría relación con la cercanía que se tenía con los dueños de algunas clínicas que habían sido “arrendadas” por la EPS. Debido a esto se empezaron a recolectar elementos materiales de prueba para establecer si el informe tuvo una motivación adicional a las funciones de control fiscal que tiene la Contraloría General.
“El superintendente de salud nos dijo que tuviéramos cuidado porque allá (en la Contraloría) había mucha gente que quería que se liquidara SaludCoop, las clínicas que estaban siendo construidas pasaban de nuevo a manos de quienes las habían construido pasaban de nuevo a manos de quienes las habían construido y algunos funcionarios de la Contraloría tenían relación con esas construcciones”, aclaró.
Finalmente aseguró que la investigación se encuentra en los marcos establecidos. Vale recordar que esta indagación fue asumida directamente por el despacho de Perdomo cuando fungía como Vicefiscal General puesto que el fiscal General, Eduardo Montealegre se declaró impedido puesto que había sido asesor jurídico de SaludCoop.