Hay preocupación sobre si la Unidad de Restitución de Tierras va a cumplir con la meta de restituir todos los predios despojados, antes de 2021, como lo señala la ley. Ha habido alertas por parte de la Contraloría y la Corte Constitucional que, recientemente, le ordenó a la Unidad la creación de un plan en el que se señale la forma en la que se va a cumplir con este plazo. En entrevista con este diario, el director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal, dio un parte positivo: la restitución va por buen camino. Hasta hoy se han presentado cerca de 81 mil solicitudes. Pero indicó que hay que ser realistas, que hay muchas dificultades a la hora de restituir en medio del conflicto y que algunas solicitudes se van a demorar
¿Es verdad, como dijo la Corte Constitucional, que no hay un plan para restituir tierras?
La devolución de las tierras se hace en zonas donde estuvo o aún está el conflicto, por lo que la planeación no se hace de una manera tradicional. No es como hacer 100 mil viviendas, por poner de ejemplo el programa bandera del Gobierno, donde usted coge los recursos, los difiere en el tiempo y cumple con la meta. Aquí no. Hay variables que no puede controlar, como presencia de grupos armados ilegales, minas antipersonal. Requieren una planeación diferente.
¿Cómo es entonces esa planeación?
Lo primero que se hace es mirar en qué zonas hay densidad de reclamaciones. Esa información se manda al Ministerio de Defensa, que revisa las condiciones de seguridad y, si da luz verde, planeamos la intervención, revisando qué gente se requiere. De la misma manera se coordina con la Rama Judicial para que se coloquen allí jueces y el proceso marche bien y en un tiempo razonable. Es una planeación muy responsable, juiciosa, pero que no puede mirar un horizonte de largo plazo. En algunas zonas, luego de arrancado el proceso restitutivo, hemos tenido que suspender: en Putumayo, en el Valle del Cauca, en Norte de Santander.
¿Qué se les puede decir a las personas cuya región no ha sido microfocalizada?
Estamos ajustando nuestros procedimientos para empezar a contarles a las víctimas lo que podemos contarle. Por ejemplo, a una persona de Putumayo podemos decirle que hay determinados problemas en su región que impiden que la Unidad intervenga. Lo que no podría decirle es que en el año 2019 va a empezar la intervención, porque no puedo saber si en ese momento va a haber bacrim, o si ya va a estar recuperado o desminado el territorio. Como gobierno tenemos la responsabilidad de que, si llegado el plazo no hemos llegado al 100%, nos toca prorrogar la ley.
¿Entonces sí contemplan prorrogar la ley, como ha propuesto la Contraloría?
Lo que pasa es que falta mucho tiempo para el 2021. Lo que dice la Contraloría, aunque lo dice sobre todo por la política de víctimas en general, es que las demandas presupuestales para atender a todas las víctimas valen mucho y que ya para el 2021 va a ser necesario ampliar la vigencia. Pero ahí estamos hablando, más que todo, de indemnizaciones. Además, hay que hacer una precisión: nosotros no hacemos la restitución, la hacen los jueces. Desde el Gobierno seguramente vamos a poder tener la tarea completa, pero va a haber una porción muy difícil de superar por la complejidad del conflicto armado en Colombia. No es lo mismo tramitar Montes de María en tres años que el Catatumbo. Un caso de una excelente planeación fue la zona de La 35, en Urabá.
Esa es la región donde están las fincas del magistrado Jorge Pretelt. ¿Cómo fue ese trabajo?
Esa zona la arrancamos a trabajar hace casi dos años. Veíamos que había muchas reclamaciones y le dijimos a Mindefensa, pero nos dijeron que no había condiciones de seguridad; seis meses después, lo mismo. Hasta que, en diciembre del año pasado o enero de este año, nos dijeron: ‘Entren’. Durante seis meses tuvimos en esa zona sociólogos, abogados y topógrafos, metidos sin ningún problema. Pero es que seis meses antes se había hecho un operativo muy grande contra los Úsuga.
Lograr que la zona esté asegurada es, entonces, un paso muy grande…
Uy, claro. En el momento en que usted consigue tener la zona ya asegurada, es el mejor escenario para planear sin problemas. Esta planeación se hace a dos manos, nosotros para ingresar el equipo humano, pero también la Fuerza Pública. Cuántos uniformados se van a requerir hace parte de la planeación. El otro día nos mataron un funcionario. En Norte de Santander nos tocó suspender el proceso. Usted no puede controlar eso.
¿Cuál es el tiempo idóneo para hacer el proceso?
Seis meses con equipos, dependiendo el número de reclamaciones. En La 35 era un equipo grande y se hizo. Ahora, si me dicen ‘en el Cesar tienen las condiciones de seguridad a un 90%, ¿usted me saca eso en seis meses?’ Yo le digo no. No porque en el Cesar igual yo necesito tropa y Policía al lado mío. Cuando nos mataron a un topógrafo, nos lo mataron en una zona segura, llegó un tipo con una escopeta. Nos toca siempre con Policía, y esa capacidad hay que tramitarla. En el Cesar esperamos terminar el próximo año.
¿En qué regiones que tengan muchas reclamaciones no se ha podido intervenir por seguridad?
En muchas. Somos varios los que oramos para que haya un acuerdo de paz porque, si usted mira nuestra intervención en el Meta, Puerto López, Puerto Gaitán, todo en el norte... ¿Y el sur? No hemos intervenido, aunque hay bastantes reclamaciones, porque la zona no está del todo segura. Ahorita estamos en Mapiripán pero en el casco urbano y arañando, apenas, unas pocas veredas. Lo bueno sería abrirlo todo. Seguramente, si hay proceso de paz, entra todo. Otras regiones complicadas son el sur del Tolima y el Catatumbo. La Corte dice: ‘Ustedes ya lo hicieron al norte pero, ¿y el sur? Ahí está la respuesta.
O sea, la Unidad de Restitución es una abanderada del proceso de paz.
Claro, es vital para avanzar. En el sur (del país), la mayor beneficiada sería la restitución. Bueno, el país entero se vería beneficiado, pero para los campesinos del sur sería beneficioso porque los del norte ya están recibiendo sus tierras. Los del sur son los que están reclamando. ¿Dónde hay intranquilidad? En el sur. Donde la restitución aún no ha podido entrar. Claro que es un tema neto de seguridad. El acuerdo de paz nos va a abrir muchas zonas afectadas históricamente por el conflicto. Pero, por eso, el tema es cómo planear la restitución en medio del conflicto.
A qué zonas le están apostando para 2016?
Esperemos entre 2015 y 2016 dejar el norte barrido. La apuesta es que esos equipos se preparen para lo que hemos llamado la fase de posconflicto en el sur del país, bajarlos a Villavicencio, a Putumayo, a Caquetá. Ese es el propósito: acabar rápido el norte del país y avanzar en el sur tan pronto se firme el proceso de paz. Estamos empezando a poner puntos en Caquetá, por ejemplo, para empezar a documentar casos. Si uno le jugara un poco a los datos puedo decir que para 2017 van a estar resueltas el 70% de las solicitudes. Pero hay que decir que ese faltante va a ser a mordiscos.
¿Se necesita la paz?
Siempre he pensado y he dicho es que con paz lo hacemos. Con todo y lo complejo que es, con paz lo hacemos. Sin paz, nos vamos a demorar quién sabe cuánto tiempo, porque, además, la gente va a seguir saliendo por el conflicto. Hay zonas donde si le dijo algo al guerrillero, que no le gustó, se va. Y ahí ponen a otra familia. O en algunas zonas donde no hay poder del Estado porque las guerrillas no lo han permitido, entonces sacan a una familia porque necesitan el lugar como un corredor para el tráfico de estupefacientes. Eso es porque no hay Estado. Entonces, si no tenemos paz, obvio que eso se va a demorar muchísimo más.
¿Cómo ha sido restituir en zonas que han sido bastiones de los grupos armados ilegales, como Las Tangas, en Córdoba?
Ha habido experiencias muy bonitas, porque ha sido la primera vez que el Estado hace presencia. En el Urabá estuvimos hace un tiempo y el presidente dijo: ‘Ahora los litigios de tierras no los van a definir ni los paramilitares ni los guerrilleros; va a ser un juez de la República’. La gente se paró a aplaudirlo. Eso evidencia la importancia de la institucionalidad en lo local. La semana pasada, por ejemplo, salió un fallo sobre un predio muy importante en Córdoba, que se llama El Levante. Lo tenía Mancuso y se lo había dejado a su mujer. Y estas familias habían luchado por sus tierras durante muchos años. La semana pasada fue tal la emoción que me llamaban porque no creían que, por fin, hubieran podido recuperar sus tierras. En el Meta recuerdo el caso de una familia: al papá, militante de la UP, lo desaparecieron y a los hijos les tocó casi que deambular por el mundo por la persecución contra la UP. El señor tenía una tierra pegada a Villavicencio, la familia la había dado por perdida y, al final, la recuperó. Son casos bien bonitos. Contarlo no es lo mismo que verlo: cuando salió la sentencia del Meta, el muchacho estuvo llorando durante 10 minutos. Lo que hay que decir es que éste no es un proceso de un día.