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Por orden del Consejo de Estado, en menos de 40 días el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, deben pedirles perdón a la esposa y a las hijas de Antonio Contreras Calderón, un conductor del CTI de la Fiscalía, quien el 22 de junio de 1994 fue asesinado, junto con otro miembro de esa entidad y un menor de edad que los acompañaba, por cuatro militares que querían impedir que estos capturaran al presunto paramilitar identificado como Orlando Vesga Cobos, alias Tribilín, con quien estaban vinculados.
En un fallo del pasado 27 de febrero, conocido por El Espectador, la corporación establece que la presentación de excusas debe realizarse en la sede de la Quinta Brigada en Bucaramanga, ya que el teniente (r) Carlos Acosta Tarazona, los cabos (r) Hernando Enrique Villamil Castellanos y Tulio Jiménez, y el soldado profesional Fabio Poveda Meneses —uniformados que asesinaron a Contreras, al agente del CTI Alirio Achipiz y al menor— estaban adscritos a esa unidad. Además, por decisión del Consejo de Estado, su sentencia debe ser dada a conocer en todas las brigadas del Ejército, para que estos hechos no se vuelvan a presentar.
Ese 22 de junio de 1994, Contreras transportaba al agente Alirio Achipiz, que iba en búsqueda de Tribilín, un supuesto miembro de la organización paramilitar Los Masetos. Al saber del operativo, Vesga Cobos le pidió al teniente (r) Acosta que lo ayudara. El uniformado, junto con tres de sus hombres, detuvo a los miembros del CTI y a un menor que los guiaba por la zona rural del municipio de Zapatoca (Santander). Los soldados los secuestraron, torturaron y asesinaron en un puente de la vereda El Tablazo.
Los cuerpos de los dos miembros del CTI y del menor fueron arrojados al río Sogamoso. El cadáver de Contreras fue encontrado en las aguas del río Suárez, a algunos kilómetros del puente. El carro en el que los miembros del CTI se movilizaban fue incinerado y alrededor le dejaron propaganda alusiva al Ejército de Liberación Nacional (Eln), al parecer con el fin de que se vinculara a esta organización guerrillera con los homicidios. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que los homicidios habían sido cometidos por el teniente (r) Acosta y sus hombres.
El Consejo de Estado fue claro en el fallo de la magistrada Olga Mélida Valle de la Hoz: “Dichos militares no sólo eran aliados de los grupos paramilitares de esa región, sino que hacían parte de los mismos. Eran auspiciadores de estos grupos, les suministraban armas y los acompañaban a patrullar y entrenar. Asimismo, alentaban a la comunidad para que colaborara con ellos. Y asesinaron de manera premeditada a los agentes estatales para evitar que cumplieran con su deber de materializar la captura de Vesga Cobos”.
Por ello, el teniente (r) Tarazona, el cabo (r) Villamil y el soldado Poveda fueron condenados a 58 años de prisión por estos homicidios. Por su parte, el cabo (r) Tulio Jiménez, fue capturado el 14 de junio de 2012 y está siendo procesado por estos hechos.
Cuando los familiares de Contreras demandaron al Estado por su muerte, el Ministerio de Defensa dijo que el crimen era responsabilidad, exclusivamente, de los uniformados y que por ello no había lugar a demandas contra el Estado.
El Tribunal Superior de Santander, Norte de Santander y Cesar estuvo de acuerdo con el Ministerio de Defensa y, en fallo del 30 de enero de 2001, le dijo no a las pretensiones de los demandantes. El caso llegó al Consejo, de Estado que no estuvo de acuerdo con la decisión y en su sentencia fue vehemente: “Es el deber del Estado salvaguardar la vida e integridad de sus ciudadanos, lo que torna inconcebible y execrable que sus propios funcionarios, abusando de su fuerza, asesinen a otros funcionarios para respaldar a grupos ilegales”.
Y agregó que por la gravedad de los hechos era pertinente que el Estado pidiera perdón públicamente “como garantía de no repetición de estas conductas absolutamente reprochables y execrables”. El alto tribunal dio como ejemplo el fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado colombiano pedir perdón por las muertes de 19 comerciantes en el Magdalena Medio, en manos de paramilitares con la supuesta ayuda de militares adscritos, precisamente, a la Quinta Brigada. En menos de 40 días, el Ministerio de Defensa y el Ejército deben enviarle al Consejo de Estado un informe en el que se constate que les presentaron excusas a las hijas y a la esposa de Antonio Contreras Calderón.
Este hecho trae a la memoria a funcionarios que murieron en cumplimiento de sus deberes, como los 12 funcionarios judiciales asesinados en la masacre de La Rochela, ocurrida en Santander el 18 de enero de 1989, o los miembros del Gaula muertos en la masacre de San Carlos de Guaroa, acaecida en Meta el 3 de octubre de 1997.