La pelea de un soldado enfermo por una valoración médica

La Corte Constitucional ordenó al Ejército realizar una nueva junta médica para establecer el estado médico del uniformado, quien producto de haber estado secuestrado por dos años desarrolló alucinaciones.

El 28 de junio de 2001, el soldado José de los Santos Meléndez Villadiego se reencontró con la libertad. Su secuestro de 2 años, 11 meses y 15 días tuvo, ese sábado, un epílogo soñado. En ese regocijo lo acompañaron otros 62 uniformados que abrazaban el fin del cautiverio, como consecuencia de un acuerdo humanitario pactado entre las Farc y el gobierno. Con ellos, el grupo guerrillero completó 365 soldados y policías liberados a cambio de catorce de sus hombres que estaban presos y enfermos. José de los Santos y sus compañeros fueron trasladados al batallón Pedro Nel Ospina, en el municipio de Bello (Antioquia). Allí los esperaban los otros dolientes de esta tragedia: sus familiares.

Sin embargo, las secuelas irreversibles de este flagelo empezarían a hacer estragos en la mente de José de los Santos. Padece de una enfermedad psiquiátrica que le hace ver y oír alucinaciones. Tiene insomnio y en ocasiones tiende a la hostilidad. Bajo estas condiciones le es imposible trabajar y su situación económica empeoró al punto de ser precaria. Un mes después de ser liberado fue declarado no apto para la actividad militar porque su capacidad se disminuyó en un 21,7%. Padece de estrés postraumático crónico sicótico. Fue retirado de sus funciones.

Pese a que su afección se originó por situaciones propias del combate, sólo hasta el 23 de marzo de 2013 se le garantizó el acceso total al servicio médico, quirúrgico, hospitalario y farmacéutico que requiere. Una atención que debe garantizar la Dirección de Sanidad del Ejército, luego de que José de los Santos instaurara una tutela en noviembre de 2011. Pero su pelea jurídica por este derecho no terminó allí, pues le fue negada la solicitud de realizar una junta médica para determinar su actual estado de salud.

La Dirección de Sanidad le respondió que el fallo de su tutela no había ordenado tal evaluación y, por tanto, no se la iban a realizar. Además, la institución sostuvo que la petición era improcedente porque en el 2001 ya le habían practicado dicha junta médica y el hecho de que José de los Santos presentara una tutela más de diez años después de su retiro demuestra su “falta de interés de resolver su situación médico laboral”. Agregó que se le han prestado todos los servicios para proteger su derecho a la salud “y con éste la mejora y recuperación del paciente”.

El problema es que su estado en vez de mejorar tiende a empeorar. Por eso la Corte Constitucional le puso fin a esta querella y ordenó que en un plazo máximo de cinco días, desde la notificación del fallo, la Dirección de Sanidad del Ejército convoque a la junta médica para que se realice una nueva valoración de las condiciones en las que se encuentra José de los Santos. De manera que se “determine su actual estado de salud física y mental, así como las afecciones que padece, con el fin de recalificar la pérdida de capacidad laboral”.

Y es que esta nueva evaluación es importante, pues puede tener consecuencias en cuanto a indemnizaciones o pensión de invalidez. Precisamente, porque se enfermó y resultó afectado desempeñando funciones como miembro de las Fuerzas Armadas. En este sentido, la Corte Constitucional reclamó que él es un sujeto de especial protección porque las secuelas sufridas son permanentes.

De hecho, tras dos años de tratamiento no ha obtenido recuperación. Al respecto, el alto tribunal explicó que la valoración es necesaria para detectar las consecuencias de patologías, como la que sufre José de los Santos, que tienden a empeorar con el tiempo. Y en estos casos, la evaluación incial "no arroja como resultado las verdaderas secuelas en la disminución de capacidades". Hecho que explica la necesidad de una nueva junta médica.

La enfermedad que padece José de los Santos además de ser crónica, ha evolucionado a tal punto de impedir que realice cualquier trabajo y, por ende, pueda valerse por sí mismo en cuanto a lo económico. Una situación que, sin lugar a dudas, ha desmejorado su calidad de vida. De ahí que se haga imperativa la necesidad de determinar su actual estado de salud y así garantizar el derecho a la salud que estaba en riesgo.

Como tantos soldados y civiles que han sido víctimas, José de los Santos debe enfrentar su vida con las secuelas irreversibles que le dejó la guerra. Un conflicto que terminó por arrebatarle la tranquilidad y la salud porque en su mente la angustia del secuestro permanece.