La pelea por la tierra de un desaparecido

Parte del predio que familiares del desaparecido Luis Flórez reclaman. / Archivo particular

Después de 20 años de que las Farc desaparecieran a Luis Flórez Portela, un prestante comerciante tolimense, sus familiares todavía libran una batalla jurídica para tomar posesión de su bien más valioso: un terreno en las afueras de Ibagué cuyo valor actual, según familiares de Flórez, se estima en $50.000 millones.

Guerrilleros de las Farc llegaron a la finca Tamarindo, en Purificación (Tolima), propiedad de Flórez, y lo secuestraron. Era abril de 1995 y la amenaza sobre el comerciante y agricultor, a quien la guerrilla le seguía los pasos desde tiempo atrás, se consumó.

Durante dos años, sus familiares fueron extorsionados por la guerrilla, que les exigía $5.000 millones por su liberación. Los hostigamientos fueron tan fuertes que varios de ellos recibieron protección de las autoridades.

Las extorsiones pararon, pero Flórez nunca apareció, por lo que el Juzgado 4 Civil de Ibagué declaró su muerte por desaparición forzada en el año 2000, tras petición de su esposa. Ahí comenzó un segundo viacrucis para la familia, esta vez por la sucesión de sus bienes, en especial la de un terreno de aproximadamente 30 hectáreas ubicado en las afueras de la capital tolimense.

El 26 de enero de 2001, miembros de la Policía de Ibagué irrumpieron en el terreno, destruyeron la casa del vigilante y lo ocuparon, argumentando que la Alcaldía, a cargo entonces de Carmen Inés Cruz, les había cedido seis hectáreas del mismo. Desde 1998, la administración de Ibagué había intentado hacerse a parte del terreno de Flórez, primero a través de una demanda de la que finalmente desistió y luego con la declaratoria del predio como bien de uso público, lo que fue desestimado por una tutela interpuesta por la viuda del comerciante.

Ella, María Gladys Navarro, interpuso un lanzamiento por ocupación de hecho para recuperar la posesión del predio. Infibagué, el instituto designado con funciones de alcalde ad hoc para este caso, le dio la razón. Pero la diligencia de recuperación del terreno, que tenía que ser adelantada por la misma Policía, nunca se llevó a cabo por distintas trabas que Jaime Useche, en ese entonces abogado de Navarro, consideró como “dilaciones arbitrarias”.

Los terrenos terminaron ocupados por la Policía y por otras personas, entre ellas Jaime Salcedo, Álvaro Melgarejo, Julio Villa y Leslia Escobar, quienes se los habrían comprado al municipio, desconociendo, según familiares de Flórez, las escrituras a nombre del desaparecido.

El predio se valorizó cuando la zona empezó a urbanizarse. Actualmente varias constructoras tienen proyectos en allí. Entre ellas Picaleña, empresa que construyó el edificio Sabana, cuyos apartamentos, según se ofertan en el sitio web fincaraiz.com, están avaluados entre los $142 millones y $267 millones. Napoleón Céspedes, representante legal de la firma, dice que la constructora adquirió legalmente el terreno a Leslia Escobar y Jaime Salcedo.

Flórez y su esposa, ya fallecida, nunca tuvieron hijos, por lo tanto sus posesiones las heredaron otros familiares. Recientemente, Carlos Flórez, sobrino y ahijado de Luis Flórez, empezó una campaña en redes sociales, con videos y textos en los que reclama lo que, considera, les pertenece a él y a su familia. A raíz de estas publicaciones, dice, ha recibido llamadas amenazantes de desconocidos, por lo que ya denunció ante la Fiscalía y solicitó protección a la Unidad Nacional de Protección.

Carlos Flórez planea seguir con la batalla jurídica. Mientras tanto, los proyectos residenciales avanzan sobre el predio, el origen de cuya discordia fue una desaparición forzada cometida por las Farc.