La pelea por las tierras de hacienda Las Guacharacas (Cundinamarca)

La pelea por la hacienda Las Guacharacas, en Beltrán (Cundinamarca), que pasó por media decena de estrados judiciales, llegó a la Unidad de Restitución de Tierras. La solicitud para que esa entidad presente ante jueces una demanda por despojo la interpuso la Empresa Comunitaria Guacharacas, que agrupa a 130 campesinos que aseguran haber sido engañados por funcionarios del antiguo Incoder y socios de la Empresa Agrícola Guacharacas para vender sus predios. Los compradores se defienden advirtiendo que se trató de un negocio legal y que hay intereses de un abogado y algunos pobladores por entorpecer el proceso.

El lío creció de tal forma que, ante la falta de pago de los terrenos, el embargo de la hacienda y una deuda de los campesinos que crecía con Finagro, la Empresa Agrícola Guacharacas se declaró en quiebra y entró en reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. Hoy, el expediente está en el Tribunal Superior de Bogotá porque el delegado de la Supersociedades fue recusado y, además, todo lo actuado durante este año fue anulado. A la par, se mueven investigaciones en la Fiscalía contra todos los protagonistas de la historia. Mientras unos hablan de despojo y sobornos, los otros sostienen que se han dado comisiones a jueces y falsificado documentos.

Una hacienda apetecida

La historia de la finca Las Guacharacas comenzó en 1968. Desde esa época tuvo varios dueños, hasta que llegó, en 1981, a manos de la empresa Cultivos y Ganados Guacharacas Ltda., propiedad de los dueños de Arroz Diana. Se plantó arroz en la mayoría de las 2.072 hectáreas. Sin embargo, el conflicto armado obligó a sus propietarios a abandonar la finca y, en abril de 1997, el Incoder se la entregó a 151 campesinos, quienes, apoyados por el Gobierno, compraron la tierra.

Los beneficiarios recibieron créditos del Estado y crearon la Empresa Comunitaria Guacharacas, una sociedad que por ley tenían que constituir para tomar decisiones sobre los terrenos que les había entregado el Estado bajo la Ley 160 de 1994 (que reguló los baldíos). Una norma que los comprometió a trabajar la tierra para pagarle los créditos al Gobierno y a que en 12 años no podían vender su propiedad si no contaban con el aval de la junta directiva del Incoder –liquidado en 2015–.

En 2005 empezaron las dificultades para cumplir con el pago de los créditos y el Banco Agrario comenzó un proceso administrativo contra los campesinos. Tres años más tarde fue cuando, según el abogado de la Empresa Comunitaria Guacharacas, José Rosemberg Núñez Cadena, aparecieron Édgar Rueda y Guillermo Forero. Algunos campesinos denuncian que tanto Rueda como Forero, el primero funcionario de Incoder para la época y el segundo ya retirado*, atemorizaron a la gente de Las Guacharacas al decirles que tenían que vender sus tierras, porque el Estado se las iba a quitar a raíz de la deuda que no estaban cumpliendo.

Un delicado negocio

Forero y Rueda, aseguran los campesinos, les presentaron al señor Mario Gutiérrez para que vendieran sus propiedades. La negociación se adelantó y el 18 de abril de 2008 se firmó la promesa de compraventa. Quienes consignaron sus firmas fueron Víctor Oliveros, como representante legal de la Empresa Comunitaria Guacharacas –apoderada de los 130 campesinos que decidieron vender el 86 % de las 2.072 hectáreas–, y Mario Gutiérrez, como representante legal de la recién constituida Empresa Agrícola Guacharacas, una sociedad que se creó 11 días antes de concretar el negocio con un capital de $12 millones (el 0,1 % de lo estipulado en el negocio).

La venta de la finca Las Guacharacas se pactó por un valor de $11.000 millones, de los cuales se entregarían de inmediato $890 millones para los 130 vendedores y se destinarían, en dos meses, alrededor de $720 millones para pagar la totalidad de los créditos que se debían a Finagro. El 4 de abril de 2009 se firmó un otrosí en el que cada campesino aceptaba que le habían pagado $10 millones y que el lote se desalojaría el 5 de junio de 2009. El 27 de agosto de 2009, ante la Notaría 76 de Bogotá, se firmó la escritura pública 2688. Ese mismo día también los compradores firmaron una hipoteca sobre el inmueble para garantizar su pago.

Para el abogado José Rosemberg Núñez, quien asesoró a los campesinos en el momento de firmar la compraventa, ahí fue cuando empezaron las irregularidades. En un principio, aseguró que la hacienda Las Guacharacas no podía venderse porque, según la Ley 160 de 1994, no se cumplía con el plazo de 12 años para vender la tierra. Su teoría es que, si bien se habían cumplido 12 años desde que el Incoder les entregó los predios, desde 2005 existía un proceso administrativo con el Incoder que suspendía ese plazo.

Para comprobar sus señalamientos, el abogado de la Empresa Comunitaria Guacharacas le mostró a este diario un estudio de títulos hecho por el BBVA, el mismo banco al que Gutiérrez y sus socios recurrieron para obtener un crédito y así pagar la plata que se debía a los campesinos. El Espectador comprobó con el banco que el documento es legítimo. La entidad financiera, al darse cuenta de que existía un proceso de hipoteca a favor de la Caja Agraria –hoy Banco Agrario–, señaló que no había posibilidad de negociar el predio. Además, a mediados de este año, el Incoder le reiteró a José Rosembeg Núñez que un acto administrativo como una hipoteca suspendía el plazo de los 12 años para poder vender el inmueble.

Un nuevo socio

Posterior a la firma del negocio apareció un nuevo socio en la Empresa Agrícola Guacharacas. Se trataba de Luis Guillermo Cortázar, un empresario de Bogotá que maneja repuestos de llantas para el servicio de transporte integrado de la capital y que es distribuidor oficial de Michelin desde hace 34 años. Según le dijo a este diario, su llegada al negocio se dio luego de que Mario Gutiérrez lo invitara a conocer la finca Las Guacharacas, una hacienda que conocía desde niño, pues su papá era de esa zona, donde a Cundinamarca y Tolima los separa el río Magdalena.

Gutiérrez explicó que se metió en el negocio luego de que los primeros socios de Gutiérrez, unos arroceros del Tolima, se hicieron a un lado. Él, asegura, invitó a Víctor Raúl Martínez –otro empresario del sector de transporte masivo– y al agrónomo Silverio Vega a que se unieran y constituyeran un proyecto agrícola rentable. Ya con la posesión de la finca –según ellos después de haber pagado la mitad de las obligaciones con los campesinos–, compraron maquinaria pesada, adecuaron el terreno y comenzaron sus labores. Sin embargo, ahí vino el proceso que enredó todo el negocio.

Al no haber cumplido con los plazos establecidos para pagar el resto del dinero a los campesinos y sanar las deudas con Finagro, el abogado José Rosemberg Núñez hizo efectiva la escritura de hipoteca –que firmaron en 2009– ante el juez civil del circuito de Lérida para garantizar el pago de los $4.843 millones que faltaban. El juez decidió embargar en abril de 2011 la hacienda Las Guacharacas con todo lo que tenía en su interior y nombró como administrador a Isaac Bonilla. La decisión fue apelada por el banco con el que la empresa agrícola había firmado un contrato de leasing para conseguir la maquinaria. Por ahora, la finca sigue en embargo.

Al ser consultados sobre el tema, Luis Guillermo Cortázar explicó que su sociedad siempre ha querido responder por la plata de los campesinos, pero que José Rosemberg Núñez se convirtió en “un palo en la rueda”, complicando trámites como la firma de los pagarés con Finagro. Cortázar agregó que los mismos campesinos están divididos, pues algunos consideran que las gestiones del abogado son para quedarse con parte del negocio e insiste en que nada con respecto a la compraventa ha sido irregular.

Cortázar le dijo a El Espectador que no lograron conseguir los más de $4.000 millones que se les adeudaban a los campesinos porque no pudieron trabajar el inmueble a raíz del embargo y que ningún banco los quiso respaldar con un crédito al no poder ofrecer como garantía la finca Las Guacharacas. “Si se hubiera dado algún despojo, cualquiera de los jueces que ha revisado el proceso se hubiera dado cuenta”, indica Cortázar. Además, manifestó que al no poder trabajar la tierra y al perder la multimillonaria inversión entraron en quiebra. “Las obligaciones con los campesinos y con Finagro sí son nuestras pero no hay cómo cubrirlas. Queremos solucionar ese problema”.

En medio de ese ir y venir del expediente entre jueces de Lérida, ambas partes denunciaron que su contraparte había cometido actos de corrupción y entrega de dádivas a cambio de decisiones judiciales favorables. Asimismo, resultó denunciado el administrador de la finca Las Guacharacas, Isaac Bonilla, por manejos irregulares del inmueble. En pocas palabras, la venta de 1.738 hectáreas pertenecientes a 130 campesinos –cada hectárea se pagó a $5.300.000– quedó inmersa en medio de denuncias penales.

Otros implicados

El Espectador indagó sobre Édgar Rueda, quien, según los campesinos, fue uno de los funcionarios del Incoder que los presionó para vender la finca Las Guacharacas. Rueda trabaja en el Incoder y es vicepresidente del sindicato. Él y el primer comprador de Las Guacharacas, Mario Gutiérrez, figuran en la venta de 280 cabezas de ganado, en diciembre de 2009; es decir, cuatro meses después de que se firmó la escritura de Las Guacharacas. Al ser consultado sobre el tema, Rueda respondió que, si bien había estado en la zona por motivos de su trabajo, nunca presionó a los campesinos para que vendieran sus tierras.

Asimismo, Rueda precisó que su caso está en indagación en la Procuraduría y que sólo ante jueces dará explicaciones. Además de la venta de ganado en la que también participó Mario Gutiérrez, la compañía de este (Empresa Agrícola Guacharacas) registra en su contabilidad un pago de $60 millones a su hijo, Juan Camilo Rueda. Cuando El Espectador le preguntó a Édgar Rueda al respecto, el funcionario del Incoder colgó el teléfono y no volvió a contestar. Una situación similar sucedió en la Superintendencia de Sociedades durante una audiencia el 27 de mayo de este año. Édgar Rueda se comunicó por Skype, pero al final, señaló la Supersociedades, hubo “renuencia del testigo” a hablar.

Guillermo Forero es el otro exfuncionario del Incoder que, según varios campesinos, los engañó para que vendieran sus tierras. Fue jefe jurídico de esa entidad entre agosto de 2004 y abril de 2006; luego se convirtió en abogado y asesor en temas de tierras. Vía correo electrónico, Forero accedió a resolver las preguntas de los periodistas de El Espectador. Dijo que asesoró a la Empresa Agrícola Guacharacas en la compraventa de la finca, que se concretó en 2009. Su firma también aparece en la promesa de compraventa que se hizo en 2008, dos años después de que él salió del Incoder.

Forero acusó al abogado de los campesinos, José Rosemberg Núñez, de haber usado un poder falso para representar a la Empresa Comunitaria Guacharacas. Núñez, efectivamente, fue sancionado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima por ese tema y apeló la decisión. Guillermo Forero sostuvo que la compra de Guacharacas sí podía hacerse porque ya habían transcurrido “12 años, cuatro meses y 10 días” desde que los campesinos habían adquirido las tierras a través del Incora. Este exfuncionario fue sancionado por la Procuraduría en julio de 2009 por, supuestamente, no haber acatado una tutela. Un año después fue absuelto en segunda instancia.

Procesos en la Supersociedades

Según le dijeron Luis Guillermo Cortázar y Víctor Martínez a este diario, la solicitud de que Empresa Agrícola Guacharacas entrara a un proceso de reorganización empresarial se dio porque la sociedad quebró al no poder trabajar la tierra. Cortázar agregó que se cansó de que los líos se resolvieran mediante denuncias penales, por lo que cambió de abogado y reemplazó a Guillermo Forero por Hugo González, quien, el 30 de septiembre de 2014 –seis años después de haberse comprado Las Guacharacas–, hizo la petición a la Supersociedades.

El 4 de diciembre de 2014, la Supersociedades admitió a la Empresa Agrícola Guacharacas para iniciar proceso de reorganización. Presentaron la documentación correspondiente, los balances financieros y el expediente quedó en manos del superintendente Nicolás Polanía. Sin embargo, el abogado José Rosemberg Núñez sostuvo que había actas alteradas y que la contabilidad financiera era falsa, pues, entre otras, aseguró que se habían desconocido las deudas de los campesinos con Finagro que iba a pagar la sociedad de Cortázar, Gutiérrez y Martínez.

La explicación de Cortázar y fuentes consultadas cercanas al proceso es que la Empresa Agrícola Guacharacas, y así lo entendió la Supersociedades, hizo un negocio directo con los 130 campesinos que vendieron el 86 % de la hacienda y que la única función de la Empresa Comunitaria Guacharacas fue servir como un vehículo y representarlos. En pocas palabras, Cortázar se negó a pagarle la plata a la Empresa Comunitaria Guacharacas –que supuestamente la repartía entre los campesinos– porque desconfiaba y quería resolver los problemas directamente con los vendedores.

Ante la negativa de declarar como acreedor a la Empresa Comunitaria Guacharacas, el superintendente delegado Polanía fue recusado en tres oportunidades este año. La primera la puso el abogado Núñez el 22 de enero; la segunda, Capitolino Legro (representante legal de la Comunitaria) el 25 de mayo, y la última, el campesino Rafael Legro, el 21 de julio. El superintendente Polanía resolvió la primera solicitud el 5 de abril y anuló todo lo actuado desde el 22 de enero, menos la audiencia celebrada el 25 de enero de este año, en la que se definió que la empresa de Cortázar, Gutiérrez y Martínez no tenía deuda alguna con la Empresa Comunitaria Guacharacas.

Asimismo, el 14 de julio de 2016, la Supersociedades envió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá para que resolviera las recusaciones contra Polanía. Aún no hay respuesta. Paralelo al proceso de reorganización empresarial, en esa Superintendencia se adelanta otro por petición del abogado José Rosemberg Núñez. El objetivo es que todos los socios de Empresa Agrícola Guacharacas sean quienes respondan directamente por las deudas con Finagro y con los campesinos. Mientras en 2008 cada uno de los dueños de Las Guacharacas debía $8 millones, actualmente tiene un saldo en rojo de casi $32 millones.

A la espera de que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva las tres recusaciones que se presentaron este año contra el superintendente delegado Polanía, en la Unidad de Tierras se analiza la petición de algunos de los campesinos de la hacienda Las Guacharacas que denunciaron haber sido despojados, amenazados –en la Fiscalía hay relatos de que les amarraron de pies y manos en 2011– y revictimizados, pues una parte de ellos están inscritos en el registro de víctimas por temas de desplazamiento. Por su parte, la Empresa Agrícola Guacharacas insiste en que nunca hubo despojo y que su único propósito es pagarle directamente a los campesinos y sin intermediarios.

*Nota del Editor: el abogado Guillermo Forero estuvo en el Incoder hasta abril de 2006, dos años antes de que se iniciaran las negociaciones por la finca Las Guacharacas. En la versión que se publicó de este artículo se decía que, al momento de la negociación, él aún hacía parte del Incoder.