El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la pérdida de investidura del concejal de Bogotá, Róger José Carrillo Campo. En un fallo de 60 páginas, los 18 magistrados de la Sala Plena aceptaron las pretensiones de una demanda presentada en contra de la reelección del cabildante del partido Conservador.
Como lo dio a conocer El Espectador en abril pasado, el caso que terminó en su pérdida de investidura lo denunció el abogado Jesús Andrade Mora, quien fue cercano al concejal. En su denuncia aseguró que Carrillo, en su condición de concejal, les exigía a cuotas políticas suyas en entidades del Distrito “un porcentaje o cuota de dinero en efectivo sobre el salario y honorarios que devengaran en la administración”. En el documento Andrade revela una lista de nombres, precisa la entidad en la que han trabajado y agrega que no solo los aportes iban a la fundación, llamada Proyecto Bogotá, sino que, de ahí, algunos montos se destinaban “a las arcas personales” del concejal.
El abogado no solo aporta su testimonio, en sí llamativo porque fue presidente de junta y representante legal de dicha fundación entre 2012 y 2013, cuando todavía hacía buenas migas con Carrillo. También aporta como prueba principal la copia de dos correos electrónicos que recibió en noviembre y diciembre de 2012 de una empleada del concejal, en los que adjunta tablas de Excel con la relación de aportes, ingresos y egresos de Proyecto Bogotá, entre febrero y noviembre de ese año. Funcionarios y contratistas aparecen como aportantes frecuentes con montos que generalmente eran de $300.000.
De los 15 nombres que menciona el abogado como aportantes, nueve, según su denuncia, trabajan o trabajaron en despachos del Distrito durante la administración de Gustavo Petro (2012-2015). Este diario corroboró con fuentes de esas entidades y en la página de contratación del Estado, la veracidad de la información: dos siguen trabajando en la Contraloría; otro pasó por esa entidad (donde fue declarado insubsistente) y estuvo en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá (Foncep).
A estos se suma otro que estuvo en el IPES; otro que fue contratista del Acueducto, y cuatro que ocuparon cargos directivos en el Foncep entre 2012 y 2015. El resto son antiguos integrantes del equipo de trabajo del concejal y exfuncionarios del desaparecido Instituto de Seguros Sociales, donde Carrillo fue presidente hasta 2009 y salió cuando el Ministerio de Protección Social lo declaró insubsistente por supuestas irregularidades en una licitación.
El concejal Carrillo, en diálogo con este diario, reconoció que muchos de los mencionados en la demanda eran amigos suyos, pero negó que les hubiera exigido dinero para la fundación. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de revisar las evidencias, quedaron convencidos de que el cabildante sí recibió dinero para su campaña política a través de la Fundación Proyecto Bogotá, actividad que está prohibida por la ley.
Al final, los magistrados declararon la pérdida de su investidura. El concejal Carrillo podrá presentar un recurso de apelación en contra de esta decisión ante el Consejo de Estado. (Ver La fundación que enreda al concejal Róger Carrillo). Si la sentencia queda en firme, lo reemplazaría el exconcejal Fernando Vásquez, quien obtuvo la cuarta votación del Partido Conservador en las pasadas elecciones.
El primero fue Nelson Castro (Polo Democrático), quien fue sancionado por la Procuraduría en agosto pasado por haber sido candidato sin haber renunciado a su puesto en el Acueducto de Bogotá.