La pesadilla que soporta un colombiano con la justicia de El Salvador

Rafael Enrique Silva Zambrano junto a su esposa Yuli Losada. / Archivo particular

Rafael Enrique Silva es un colombiano que lleva 16 meses luchando por su inocencia en El Salvador, donde es acusado por lavado de activos. Pese a que en tres oportunidades jueces de ese país le han dado la razón de que es un simple rentista capital que se dedica al arbitraje cambiario –es decir, a cambiar plata en distintas divisas a nivel nacional e internacional– y que la Fiscalía salvadoreña lo ha estigmatizado como narcotraficante por ser de Colombia, las fiscales del caso han apelado todas las decisiones que lo favorecen. Según Rafael, se trata de una injusticia de personas corruptas que quieren quedarse con su dinero: US$279.000.

“Mi pesadilla comenzó el 2 de mayo de 2015 cuando venía de regreso desde Cancún (México). El avión hizo una escala en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez de San Salvador. El vuelo llegó a las seis de la tarde, eran dos horas de escala antes de salir para Bogotá. Cuando me bajé junto a mi esposa, Yuli Fernanda Losada, nos paró un policía que estaba vestido de civil. Me preguntó para dónde iba y qué llevaba en la maleta. Ahí siempre llevo todos los documentos, certificados y la plata. Le dije que un dinero y se los mostré. Me indagó que de dónde lo había sacado y le expliqué que era de mi trabajo de 20 años y de créditos bancarios”.

“Me llevaron a una oficina en el aeropuerto. Requisaron todo el equipaje que traía con mi esposa. Me dejaron en ese lugar toda la noche. Al día siguiente, el 3 de mayo, a la una de la tarde, me dijeron que los documentos –declaraciones de renta, registros y certificados de aduana– eran falsos. Les pedí respeto porque no era ningún delincuente. Que si querían les pidieran información a las autoridades de Colombia y México, pero se negaron. Me decían que muchas personas les presentaban ese tipo de documentos. Ahí me notificaron que estaba detenido por lavado de activos”.

Rafael Silva lleva 20 años trabajando en el arbitraje cambiario como rentista capital certificado ante la DIAN, como lo certifican los documentos de la entidad. Comenzó a nivel nacional, pero cuando vio la posibilidad de hacer negocios en el exterior no lo dudó, y su nuevo destino empezó a ser Cancún. Según él, bajo la autorización de la DIAN comenzó a viajar desde 2013 a México, donde no duraba más de tres días cambiando euros –que traía desde Colombia– por dólares. Declaró cada billete que salía desde Colombia o México. La plata siempre la llevaba en efectivo y en un maletín de mano. Normalmente viajaba en un vuelo directo a Bogotá, pero ese 2 de mayo de 2015, que le tocó parar en San Salvador, comenzó su calvario.

Las autoridades de ese país le notificaron que quedaba preso por lavado de activos por no declarar ante la División Antinarcóticos (DAN) ni a la Policía Nacional Civil el dinero. Su argumento era que los documentos presentados eran falsos, que se trataba de hojas impresas que no correspondían a las originales. Ese mismo día, mientras a su esposa la metían en un vuelo de regreso hacia Bogotá, la Policía firmaba un acta en la que se anotó, serie por serie, cada billete que le decomisaron. Silva durmió desde esa noche hasta el 8 de mayo, día de la audiencia en la que legalizarían su captura, en una bartolina, una especie de jaula que cierran con candado y es al aire libre.

Su esposa volvió a Colombia luego de que un agente de la Policía la llevara hasta la puerta del avión. No la arrestaron porque en su equipaje no encontraron ninguna irregularidad, pero la obligaron a montarse a un vuelo con destino a Bogotá. Al llegar al país recogió todos los documentos de la DIAN, las declaraciones de renta, solicitó el pasado judicial de su esposo y los documentos que daban fe de que el dinero no era ilícito, sino producto de su trabajo. También se presentó en la oficina de Asuntos Consulares de la Cancillería a pedir ayuda. Pocas respuestas obtuvo. Llegó de nuevo el 6 de mayo directamente a la Embajada de Colombia en El Salvador a que la asesoraran, a pedir que la ayudaran a conseguir un abogado y que la llevaran a ver a su esposo.

“Duré seis días durmiendo en la bartolina mientras la Fiscalía reunía pruebas. Se quedaron con mi dinero, que fue examinado por agentes de narcóticos para ver si tenía partículas de droga. La prueba salió negativa. Apuntaron la serie de cada uno de los billetes porque supuestamente era un procedimiento para darme la garantía de que si me devolvían la plata era la mía. El 8 de mayo de 2015 me llevaron a un juzgado de paz para una audiencia inicial”.

“Mi esposa había ido a Colombia a recoger más documentación como declaraciones de renta y registros de aduana entre enero y mayo de 2015. Estábamos demostrando que el cambio de divisas era mi trabajo habitual y no un acto delictivo. Me estuvieron acompañando agentes de la embajada, mi esposa y mis abogados. A esa audiencia llegaron dos mujeres fiscales, Marta René Guevara y Rosario del Carmen Cruz, quienes siempre han adelantado el juicio en mi contra y quienes han apelado todas las decisiones de los jueces”.

“La Fiscalía, como ha sido siempre, dijo que la declaración de aduanas era falsa porque ella misma había conseguido la declaración de aduanas por internet. Que supuestamente yo la había impreso a color. Además, que desde Colombia nadie podía sacar más de US$10.000. Eso es falso, mis declaraciones son originales y selladas por la Aduana. Luego la otra fiscal dijo que en Colombia y en México la moneda oficial no eran ni el dólar ni el euro, y que eso era una prueba de que yo trabajaba a nombre de la mafia. Agregó que México y Colombia están minados de narcotraficantes y empezó a dar rienda suelta a sus acusaciones contra mi país y mi buen nombre”.

“Me defendí, expliqué cuál era mi trabajo y presenté los documentos. Después de tres horas el juez me dejó en libertad. Pero la Fiscalía apeló la decisión ante la Cámara de Magistrados pidiendo que me pasaran a audiencia de instrucción para poder presentar más pruebas y solicitó que me dejaran preso. El juez se negó. La nueva decisión salió en mi contra porque las fiscales presentaron un documento con todas las mentiras que dijeron en la primera audiencia, que el delito de lavado de activos era muy grave y podía fugarme. Me capturaron a los dos meses, la segunda semana de agosto”.

La Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente revocó la decisión del juez de dejar en libertad a Rafael. El 15 de mayo de 2015 ordenó nuevamente su captura. Los abogados del colombiano solicitaron una audiencia para impedir el arresto. La diligencia solo tuvo lugar hasta el 14 de agosto de 2015. En esa ocasión el juez les dijo que no podía reversar un fallo de una instancia superior y Rafael terminó capturado. Fue enviado a una prisión. Su esposa volvió a Colombia a recoger más pruebas y viajó a México a que le entregaran las declaraciones de aduana apostilladas.

“Duré tres meses en prisión. Es muy duro. No sé si todas las cárceles del mundo son así. Había mucho criminal, mucho pandillero, y yo temía por mi vida. Nunca había tenido a un delincuente al lado. Me golpearon dos veces y una de ellas fue la Policía. Ese día llegaron a requisar mi celda, que en realidad era una jaula para 40 personas en la que había 150 –unos dormían en hamacas y otros en el piso uno encima de otro–. Nos hicieron salir con los calzoncillos en los tobillos, caminando en cuclillas y sin chanclas. Yo no sabía, salí con las mías puestas y un policía me pegó en la cabeza”.

Yuli sólo pudo visitar a su esposo en tres oportunidades. Dos en septiembre y una en octubre. Cada ida a la cárcel le costaba alrededor de US$100, porque quedaba en un pueblo cercano a San Salvador. Luego de filas eternas pasaba un rato corto con Rafael, le entregaba dos mudas de ropa y los elementos de aseo que le dejaban entrar. Desde el 3 de octubre de 2015 no lo volvió a ver. Se le acabó la plata para poder seguir viajando. Le tocó vender el último microbús de transporte privado que tenía para sobrevivir en Colombia, pues sus ahorros se habían acabado en los viajes a México que hizo para que le dieran apostilladas las declaraciones de aduana de Rafael.

La Fiscalía presentó el 21 de octubre de 2015 la acusación por el delito de lavado de activos ante un juez de Instrucción de San Luis de Talpa. El escrito de la Fiscalía argumentó que Rafael Silva había presentado documentación falsa y que sus declaraciones eran poco lógicas “teniendo en cuenta que en México no se utiliza el dólar americano sino pesos mexicanos (…), así como que la moneda legal en curso en Colombia son pesos colombianos”. La pena a la que se podría enfrentar Rafael es entre ocho y doce años de prisión. En la acusación también se lee que las fiscales construyeron su hipótesis con sustentos hasta de Wikipedia.

Fue hasta el 16 de noviembre de 2015 que Rafael fue presentado formalmente ante un juez, en la audiencia preliminar en un juzgado de instrucción. En esa oportunidad la Fiscalía solicitó que se avanzara directamente a la instancia de vista pública –es decir, a juicio– frente a un Tribunal. Se negó la petición y arrancó el juicio: lo declararon inocente. La fiscal salvadoreña apeló la decisión.

“Luego de cuatro horas de audiencia, la jueza dictó una sentencia de sobreseimiento definitivo, es decir, me declaró inocente. Dijo que debía cesar el estigma con los colombianos porque no todos eran delincuentes y que yo simplemente era un comerciante. Agregó que la forma en que me trató la Fiscalía era igual a la que a se trataba a un pandillero a cualquier salvadoreño en otro país. Me pidió excusas a nombre del Estado. La única medida que me puso fue ir a firmar cada semana al despacho mientras se resolvía la apelación ante la Cámara”.

La apelación salió nuevamente en favor de la Fiscalía. La misma Cámara de Magistrados resolvió el recurso el 15 de diciembre de 2015 y ordenó que se pasara a juicio ante el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca. Comenzó el 1º de marzo de 2016 y, exactamente un mes después, se dictó sentencia absolutoria. El 1º de abril de 2015 la jueza Misanillas Reyes precisó que Rafael Silva actuó legalmente, que su dinero era lícito y que la Fiscalía no había logrado demostrar por qué lo acusaba por lavado de activos.

La jueza no compró la tesis de que los colombianos no podían intercambiar divisas con dólares y euros, y tampoco que Rafael estuviera ocultando su dinero de las autoridades. Por segunda vez, la justicia salvadoreña consideró que los soportes que presentaron eran prueba fidedigna de que su trabajo era legal, pues entre 2013 y 2015 Rafael había hecho una gran cantidad de viajes iguales para comprar divisas en México.

A pesar de todo esto, la Fiscalía nuevamente apeló ante la Cámara de Magistrados. La reacción de los abogados de Rafael fue recusar a la Cámara de Magistrados al advertir que no podrían obrar con imparcialidad, pues ya habían conocido el caso. La recusación fue admitida el pasado 31 de mayo y ahora Rafael está a la espera de que su situación la resuelva una Cámara de Magistrados suplentes que fue nombrada hace un mes por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

“La fiscal del caso nos ofreció en tres oportunidades que me declarara culpable y que ellos se encargaban de expulsarme. Pero el trato era que el dinero se quedaba en El Salvador para uso de la Fiscalía. Siempre le dijimos que yo nunca me iba a declarar culpable de un delito que no había cometido y mucho menos le iba a dejar mi patrimonio a ellos. Por no aceptar su propuesta es que me han hecho la vida imposible. Mi esposa y mi hija mayor están trabajando por debajo de un mínimo. No tenemos con qué comer y estamos viviendo de la caridad”.

“Después de tantos años de construir mi patrimonio legalmente y pagando impuestos estamos en esta situación. Sacamos una hipoteca de una casa que teníamos con Bancolombia para tener más capital para el cambio de divisas, y ahora estamos a punto de perderla. La van a rematar. A mis hijas no las veo hace 15 meses. Al presidente Juan Manuel Santos le digo que soy un colombiano honesto, que no soy un delincuente. Le pido al gobierno colombiano que me ayude porque estoy en un país que se quiere quedar con mi patrimonio de toda la vida”.

El cónsul colombiano en El Salvador, Rafael Quintero Cubides, ha sido el ángel de la guarda de Rafael. Lo ha acompañado en todo el proceso pero no ha podido gestionar más de lo que su cargo le permite. Frente al dinero, la Fiscalía salvadoreña inició un proceso de extinción de dominio paralelo al juicio contra Rafael. El temor de la familia es que el caso se alargue aún más, pues la Fiscalía puede seguir apelando las decisiones de la justicia salvadoreña hasta llegar a una etapa de casación, que puede demorarse más de un año en resolverse.

“Que tristeza que todo esto suceda nada más por hacer un mal y que ellos lo disfracen con mentiras y acusaciones sin fundamento, sin pruebas de lo que ellos mismos dicen y buscan que alguien les ayude en los medios judiciales a pretender condenar a un inocente y todo por quedarse con el dinero. Llevo meses sin trabajar mi plata y eso me ha llevado a la quiebra. Perdimos todo. Este es el país más inseguro del mundo en este momento, porque hay 20 o 30 muertes a diario. Los mismos pobladores me dicen que me cuide, pues me pueden matar con tal de no devolverme el dinero”.