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Hace casi dos meses, la Corte Suprema de Justicia anunció que arrancaba en Colombia la segunda instancia para aforados constitucionales. La Sala Especial de Primera Instancia era una deuda del sistema judicial con los ciudadanos que no habían tenido dos instancias de juicio, y con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Con dos magistrados elegidos, el alto tribunal anunció que ya estaban trabajando en el envío de 465 expedientes tanto a la Sala de Investigación como a la de Juzgamiento.
Quince días después del anuncio comenzaron los problemas. Primero, por falta de personal. Pese a que el anuncio fue reseñado con bombos y platillos, la realidad es otra. La Sala Plena de la Corte Suprema, integrada por 23 magistrados, tiene la tarea de elegir a siete más: seis de la Sala de Investigaciones y uno de la Sala de Juzgamiento. Se trata de una tarea que tarda meses en resolverse pues, para elegir al ganador, debe tener 16 votos. Las listas de aspirantes están en la Sala Plena desde mayo y sólo dos han sido elegidos: Ramiro Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres.
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Fuentes cercanas al alto tribunal contaron a este diario que la Corte quiere elegir a una mujer como magistrada de esta sala. El próximo jueves se tiene previsto que dediquen la sesión a votar y elegir a los togados que hacen falta. Sin embargo, se espera que el proceso tarde al menos dos meses más. Quienes conocen los cálculos que se realizan a la hora de votar aseguran que, si bien se trata de procesos de alta sensibilidad, la lentitud a la hora de elegir podría afectar la seguridad jurídica de los procesos que ya están en la nueva sala.
A esta situación hay que sumar, según fuentes de la Corte, el hecho de que sólo dos pares de manos han recibido ya 65 procesos y, según sus cronogramas, todavía falta admitir 68 más. “Lo que va a pasar es que van a terminar desbordados de trabajo y se van a frenar todos los casos”. De hecho, el pasado 2 de agosto, la Sala Especial de Primera Instancia publicó una de sus primeras decisiones en un acuerdo de tres páginas. Allí, los magistrados Marín y Torres decidieron suspender los términos de los procesos que tenían en sus manos.
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La prórroga de la suspensión, explicó la Corte, “se adoptó por el alto número y volumen de expedientes, puesto que la Sala todavía no cuenta con la logística ni el personal para iniciar el desarrollo de los procesos, tanto de los tramitados por Ley 600 de 2000, como los impulsados bajo el Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004)”. Una vez acabó la pausa, los expedientes volvieron a tomar impulso y días después se concretó el cronograma de audiencias de la Sala Especial de Juzgamiento. El primer caso fue el de la exfiscal Hilda Niño Farfán.
Y en una de sus primeras decisiones, la sala anuló el proceso en contra de Róbinson Sanabria Baracaldo, exjefe de la Unidad de Investigaciones contra Funcionarios Judiciales, quien habría falsificado la firma del exfiscal Eduardo Montealegre para detener una orden judicial. El hecho de que sólo haya dos magistrados titulares resulta también problemático para quienes terminaron en esta instancia, pues, aseguran, la ley es clara en establecer cuántos son los jueces que deben conocer y tomar decisiones en esta sala.
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“El hecho de que no estén los jueces elegidos viola el debido proceso de los sujetos procesales. Muchas veces un solo magistrado logra persuadir a los otros. Cuando se tienen dos es violatorio del debido proceso”, explicó a este diario el abogado penalista Jesús Albeiro Yepes, quien tiene a varios de sus defendidos en esta instancia. Ante esta situación, la Corte señaló que cada proceso de elección requiere tiempo de debate y análisis y se hacen esfuerzos para completar las salas lo más pronto posible, respetando las discusiones en la Sala Plena.
En cuanto a la ausencia de los seis magistrados de la Sala de Investigación, el alto tribunal explicó que, mientras no se elija a los jueces, la Sala de Casación Penal de la Corte mantendrá su competencia para investigar y acusar. Mientras se resuelve, a la Sala Especial de Primera Instancia seguirán llegando los procesos, que se irán apilando en los despachos. Se espera que, cuando estén todos los jueces, el traspaso de los 465 expedientes termine y los nueve magistrados entren, sin más rodeos, a resolver cada caso.
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