Pese a que lo solicite, la Procuraduría no puede retirarle el esquema de seguridad a Alejandro Ordóñez

La procuradora general encargada, Martha Isabel Castañeda, aseguró que pese a que Alejandro Ordóñez Maldonado tome la decisión de solicitar que se le retire su esquema de seguridad a las autoridades no podrán acceder a dicha petición. ¿La razón? Los riesgos y amenazas que existen actualmente en contra del exprocurador General y su núcleo familiar. (Lea aquí: "Si quieren dejarme sin seguridad pues háganlo": Alejandro Ordóñez)

Explicó que mientras ejercía el cargo de jefe del Ministerio Público se presentaron tres sucesos consecutivos que obligaron a reforzar el esquema de seguridad y protección de Ordóñez. Los estudios del nivel de riesgo indicaban que el esquema debía mantenerse debido a que continuaban las amenazas. (Lea aquí: La polémica resolución de Alejandro Ordóñez para mantener su esquema de seguridad)

“No podemos así el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado renuncie a su seguridad ni la Procuraduría ni la Fuerza Pública (Policía y Ejército Nacional) quitarle la seguridad. ¿Por qué? Porque es una obligación constitucional y legal la que se tiene y en ese evento seriamos nosotros lo que propiciaríamos cualquier eventualidad que pueda presentarse en contra de su vida o integridad personal”, precisó.

En rueda de prensa explicó que el pasado 23 de septiembre cuando abandonó la Procuraduría General se le redujo el cuerpo de escoltas, resaltando que actualmente cuenta tres con vehículos para su transporte y uno para cada uno de sus familiares, su esposa y tres hijas. Igualmente señaló que en sus viajes fuera de la ciudad lo acompaña solamente un escolta.

“El riesgo sigue vigente. Mucho antes de la dejación del cargo se volvió a tener conocimiento que se intentaba por la disidencia de esos miembros de la guerrilla poder nuevamente tratar de atentar contra el doctor Ordóñez, eso ha conllevado a que se adelanten los estudios de seguridad por las autoridades obligadas para eso”, precisó.

Explicó que serán las autoridades encargadas las que evalúen en las próximas semanas la situación de riesgo del exprocurador. Castañeda citó que en una oportunidad uno de los vehículos designados para su protección recibió un disparo en la parte trasera. En el vehículo se movilizaba su esposa.

Días después “de manera inexplicable” desde el exterior se hizo un disparo a una de las oficinas en las que el entonces Procurador acostumbraba estudiar los casos de su despacho. Pocos meses después se conoció “por inteligencia militar” que uno de los frentes de las Farc estaba adelantando la contratación a efectos de atentar contra la humanidad del procurador o uno de los integrantes de su núcleo familiar”.

Finalmente explicó que con la resolución que emitió en agosto de 2013 lo que hizo fue fijar un límite de cuatro años para garantizar después de la salida del cargo la continuidad del esquema de seguridad, resaltando que sus antecesores contaron con protección durante cinco, seis y siete años.

“Carlos Gustavo Arrieta –indicó- lo mantuvo durante seis años, Jaime Bernal Cuellar durante siete años, Edgardo Maya Villazón por cuatro años”. Señala que los estudios de seguridad se realizan de manera individual por lo que cada esquema es diferente dependiendo de las necesidades.

En la tarde del pasado jueves se le envió una comunicación al recién electo procurador, Fernando Carrillo Flórez para informarle que se le dispuso todo el material humano que requiera para que se le brinde la seguridad.