Petro no asistió a audiencia penal para explicar alcances del POT

El abogado Mauricio Pava manifestó que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro no asistió a la audiencia que estaba citada para este viernes en el marco de la denuncia instaurada en su contra por el delito de prevaricato por acción ante la firma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

El jurista señaló que las autoridades habían citado al mandatario distrital para que explicara los alcances de este decreto, el cual ha sido demandando al considerar que se hizo de manera irregular, omitiendo lo dicho por el Concejo de Bogotá.

“El alcalde y otros funcionarios distritales manifestaron que por ocupación no podían atender los llamados de las autoridades en materia penal”, precisó el abogado al indicar que la diligencia judicial fue reprogramada para el próximo primero de octubre.

En este sentido consideró que de no asistir a la nueva diligencia judicial se le solicitará al juez que se adopten una serie de medidas entre las que van entre la sanción y el arresto para que comparezca a la audiencia. “Considero que entre más alta la jerarquía del funcionario mayor debe ser el ejemplo de acatamiento a los llamados de la justicia”.

Pava aseguró además que en la diligencia que estaba programada para este viernes se le iba a solicitar al juez penal que decretara la suspensión del POT hasta que un juez administrativo no tome una decisión de fondo sobre su viabilidad y pertinencia.

“Las autoridades penales citaron a Petro a una audiencia de protección a las víctimas para que se discutiera las probables o muy seguras irregularidades en la expedición del POT, igualmente para adoptar una determinación de cesar el efector jurídico hasta que las autoridades administrativas tomaran una decisión administrativa de suspenderlo o derogarlo”, precisó.

El abogado señaló que en el decreto del Plan de Ordenamiento Territorial se violentaron diferentes leyes, desconociendo así las competencias institucionales. “Lo que hemos podido verificar es que ante el consejo y la comunidad se presentó uno y se decretó otro. La institucionalidad jurídica es la única contención contra los excesos de poder de los lideres ya sean de derecha o de izquierda”. 

“Esperamos que en la próxima audiencia se tomen las medidas de protección para que en el término de tres meses las autoridades administrativas resuelvan las demandas interpuestas y tomen una decisión definitiva. Ante esto queremos que se suspenda el otorgamiento de licencias mientras el POT está vigente y que le va a costar enormes recursos a la ciudad”.

Igualmente señaló que el burgomaestre tiene que explicar ante los jueces la forma en la que se avaló el POT, puesto que “ha venido sosteniendo que su conducta fue legal y ausente de cualquier irregularidad, pero afirmaron que por sus ocupaciones no podían explicar lo que está sucediendo y cómo todo esto se está desarrollando de manera abiertamente ilegal”.

El abogado representa a un grupo de constructores, organizaciones cívicas y ONG, que considerar que con este decreto se está afectando seriamente la integridad de Bogotá y sus ciudadanos.