En la mañana de este martes, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego rendirá versión libre ante la Procuraduría General en el marco de la investigación disciplinaria que se le adelanta por las presuntas fallas en la planeación y ejecución del nuevo sistema de aseo en la capital de la República.
En la diligencia judicial, el mandatario distrital tendrá que responder preguntas relacionadas por los estudios que se tuvieron en cuenta a la hora de preparar la modificación del sistema de recolección de basuras en Bogotá, así como el alquiler de la flota para su ejecución a partir del 18 de diciembre pasado.
El pasado 29 de abril, por medio de una misiva, el alcalde de Bogotá le solicitó al Ministerio Público que le permitiera rendir versión libre además de conocer "las circunstancias que se investigan" desde el pasado 16 de enero cuando se formalizó la apertura de la investigación formal.
En la carta Petro pide a la Procuraduría que se le permita “designar un abogado de confianza para que el mismo se notifique debidamente del auto de cierre y ejerza en adelante mi defensa, segundo conceda tanto al letrado como al suscrito un tiempo razonable y prudencial para estudiar el asunto por el cual estoy llamado a responder".
La carta la finaliza Petro señalando que confía en que se despache su solicitud favorablemente y agrega que "preocupa que en un Estado Social de Derecho se sacrifiquen conquistas ancestrales de cara al obligado respeto de las garantías, privilegiando la celeridad en detrimento del legítimo ejercicio a la defensa, a ser oído y vencido en un juicio justo.
El Ministerio Público busca establecer si el mandatario distrital incurrió en irregularidades en el marco de la firma del convenio interadministrativo con el cual se estableció el cambio del sistema de aseo en Bogotá mediante el cual se le designó dicha tarea a la Empresa de Acueducto de Bogotá.
Y es que para la Procuraduría General en la modificación del esquema se habrían incurrido en omisiones en la planeación y previsión para su implementación lo que condujo a una serie de problemas ambientales en varias localidades de la capital de la República desde el 18 de diciembre, día en que se inició su ejecución.
Igualmente la Procuraduría General busca establecer si existieron irregularidades en la celebración de los contratos que llevaron al alquiler de los camiones compactadores, los cuales según las pruebas recolectadas en los últimos meses presentaban fallas técnicas así como sobrecostos, la contratación de volquetas, las cuales durante tres días recogieron las basuras en diferentes puntos de la ciudad.