El fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema le solicitó a la Sala Penal del alto tribunal que emita fallo condenatorio en contra de los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, y al exsecretario General de Presidencia, Alberto Velásquez en el proceso que se les adelanta por la llamada ‘Yidispolítica’.
En su intervención, el fiscal del caso indicó que existen elementos materiales suficientes para inferir que los procesados incurrieron en el delito de cohecho por dar u ofrecer, al considerar que los testimonios recolectados indican que les ofrecieron prebendas a los entonces representantes a la Cámara Teodolindo Avendaño y Yidis Medina apara que cambiaran su voto a favor del acto legislativo que buscaba crear la figura de la reelección presidencial.
Para el delegado de la Fiscalía, pese a que para el primero de junio de 2004 los congresistas aparecían en la lista de “indecisos” frente a este proyecto y que incluso Medina había mostrado su posición para solicitar el archivo del acto junto a otros representantes a la Cámara “como quedó registrado en su momento por los medios de comunicación”.
Sin embargo, pocos días después, la representante a la Cámara por Santander cambió su posición frente a este proyecto, decisión que se presentó porque altos funcionarios del Gobierno Nacional le presentaron prebendas y le ofrecieron una mayor inversión para su región.
En el marco del histórico debate, el representante Germán Navas Talero y otros congresistas indicaron que “algunos ministros” se habían reunido a puerta cerrada con Yidis Medina y Teodolindo Avendaño quienes cambiaron su posición frente a este acto legislativo que buscaba cambiar un artículo de la Constitución Política.
El fiscal se basó en los fallos condenatorios emitidos por la Corte Suprema de Justicia en contra de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño quienes recibieron notarías y altos cargos en entidades del Estado para personas cercanas.
“El delito de cohecho es complicado porque se presenta a puerta cerrada y se procura por el silencio sobre lo ocurrido y no dejar evidencia sobre lo ilícito (…) Por fortuna para la administración de justicia Yidis Medina decidió revelar y delatar a altos funcionarios del Estado que le ofrecieron prebendas”, precisó.
Igualmente aseguró que las declaraciones de Yidis Medina revisten de credibilidad puesto que sus dichos fueron confirmados por otros testigos, y soportados con material probatorio que permitieron verificar su credibilidad.
“Yidis Medina no faltó a la verdad cuando describió los acercamientos registrados en el año 2004”, precisó el fiscal al indicar que los exministros le hicieron indebidos ofrecimientos para que cambiara su posición y favoreciera el proyecto reeleccionista que beneficiaba al entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Además aseguró que fue tanta la preocupación del Gobierno cuando se empezaron a conocer las primeras denuncias sobre los hechos que rodearon la votación del acto legislativo que incluso le presentaron a un grupo de abogados para que la asesorarán en lo que iba a decir frente a las autoridades judiciales en este caso.
En su encuentro con Sabas Pretelt de la Vega habló con la entonces representante a la Cámara temas relacionados con su seguridad y la de su familia “además de los beneficios que le iba a entregar a la región”.
La Fiscalía tuvo en cuenta las declaraciones rendidas por el ex superintendente de notariado y registro, Manuel Cuello Baute sobre la “trascendental incidencia” en el procedimiento y designación de notarias de primera categoría.
En este punto se indica que existen pruebas para inferir que a Yidis Medina le ofrecieron la notaría segunda de Barrancabermeja en la cual fue nombrada una persona muy cercana a ella y que recomendó. “Existía un compromiso entre las partes”.
“Se hicieron unos indebidos ofrecimientos, en el caso del trámite del acto legislativo Sabas Pretlet de la Vega fue más allá de sus funciones y aprovechándose de su investidura le ofreció nombrarle a sus asesores y a quien ella postulara para que modificara su voto”, indicó el fiscal.
En el caso de Teodolindo Avendaño se indica que se le entregó una notaria en Bogotá, la cual fue negociada por el congresista a cambio de 400 millones de pesos “todo esto está demostrado en elementos materiales documentales que indican el ingreso de este dinero a la cuenta del representante a la Cámara y la negociación efectuada”.
En su intervención el fiscal aseguró que la no asistencia de Avendaño a la sesión de votación del proyecto el 4 de junio de 2004 fue parte de una estrategia para “diezmar la posición negativa” en este polémico debate.
El fiscal del caso indicó que el entonces ministro de Protección Social, Diego Palacio le ofreció altos cargos en un Hospital de Barrancabermeja como parte del acuerdo a los que se había acordado la congresista para cambiar su voto a favor del proyecto reeleccionista.