La Sección Tercera del Consejo de Estado compulsó copias ante la Fiscalía General y la Justicia Penal Militar para que investiguen la presunta participación y conocimiento de integrantes de la Fuerza Pública en los hechos que rodearon la ejecución de tres masacres en La Gabarra (Norte de Santander) entre marzo y agosto de 1999.
El alto tribunal manifestó que se debe establecer la participación de militares en las tres incursiones realizadas por grupos paramilitares en el corregimiento de La Gabarra los días 29 de mayo, 17 de junio y 21 de julio de agosto de 1999. Esto por presuntamente omitir los controles y permitir su paso por la región.
En el fallo se manifiesta que pese a la amenaza que existía en la región por la presencia de este grupo armado ilegal y los informes ante un posible ataque contra la población civil no se tomaron medidas de fondo para protegerlos, al contrario con su accionar se “abandonó a aquella población a su surte”, precisa uno de los apartes.
“Pese a conocer la incursión de grupos paramilitares en la zona omitió su deber constitucional de diseñar las estrategias, protocolos y políticas de seguridad dirigidos a reducir los riesgos a los que normalmente se encontraban expuestos los habitantes del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú”, señala el tribunal de lo contencioso administrativo en el debate jurídico.
En el estudio de la demanda se recolectan los testimonios de varios de los pobladores de dicho corregimiento que indicaron que pese a que se habían presentado incursiones y ataques contra la población civil el día de los hechos no había presencia de la Fuerza Pública en la zona, advirtiendo que existía una base del Ejército a 200 metros.
Varios testigos coincidieron en afirmar que los miliares pasaron horas antes de la incursión de los paramilitares manifestándoles que se debían encerrar en sus casas puesto que iba a pasar algo. Sin embargo, como reitera el fallo, fueron dejados a su suerte. En dicha acción fueron asesinadas 35 personas y la mayoría de la población, por miedo y amenazas, tuvo que abandonar sus viviendas.
Al determinar que se presentó una falla en el servicio y una evidente omisión a sus funciones constitucionales y leales el Consejo de Estado condenó a la Nación representada en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Por estos hechos ya fueron condenados por la justicia ordinaria un oficial y cuatro suboficiales de la Policía.
El alto tribunal solicitó que se investigue la situación de conflicto generalizados en dicha población por la lucha entre los grupos armados ilegales por el control de las rutas para el tráfico de estupefacientes.