Piden presencia del Fiscal en excusas públicas a falsos acusados por crimen de Galán

La defensa de los familiares de Alberto Júbiz Hasbum manifestó, mediante una carta, la necesidad que el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet, participe en el evento de excusas públicas a las personas que fueron acusadas injustamente por las autoridades de haber hecho parte del plan para atentar contra la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 19 de agosto de 1989.

En la carta se manifiesta que debido a la solemnidad del evento y la connotación que tiene el mismo, el jefe del ente investigador debe “sacar un espacio” en su agenda con el fin de que pueda participar en el acto, tal como lo ordenó la Sección Tercera del Consejo de Estado en el fallo emitido contra la Nación el 27 de febrero de 2014.

“Como abogado no puedo considerar que la orden judicial consistente en que el Fiscal General de la Nación presente excusas públicas a las víctimas, quede debidamente acatada si quien hace tal manifestación en el acto solemne es uno de sus subalternos”, precisa uno de los apartes de la misiva firmada por Ramiro Borja Ávila.

“Entiendo que usted ha considerado que entre ‘sus múltiples asuntos’ no es posible que en su agenda se abra un espacio para atender personalmente la orden que la impartió el Consejo de Estado y que tiene como finalidad procurar la restauración moral de las víctimas de las múltiples actuaciones de algunos subalternos de la Fiscalía General”, indica.

En el evento que se realizará en el búnker participará el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo y el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino. Esto cumpliendo el fallo del Consejo de Estado que condenó a la Nación por la privación injusta de Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero.

Por el magnicidio de Galán Sarmiento estas personas estuvieron cinco años privadas injustamente de su libertad. La Fiscalía General los acusó de haber planeado y ejecutado el atentando en la plaza central del municipio de Soacha el 18 de agosto de 1989. Sin embargo la justicia demostró que no había pruebas en su contra. Posteriormente se determinó que su captura y vinculación hizo parte de una especia de ‘cacería de brujas’ para desviar la atención sobre los verdaderos responsables.

Por estas falencias en la investigación y la detención arbitraria de estas cinco personas la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en la Policía Nacional y el DAS, al pago de una indemnización por los daños morales y materiales causados a sus familiares. El alto tribunal determinó quecon el afán de presentar resultados ante la opinión pública fueron vinculados al crimen tres personas inocentes.

En esta actividad participaron activamente el entonces director del DAS, general Miguel Maza Márquez y el director de la Dijín, general Óscar Eduardo Peláez. En este sentido se consideró que actuaron de manera ligera para vincular a personas con el crimen del dirigente político, ya que su actividad fue clave para la detención arbitraria de estas personas que tuvieron que ser dejadas en libertad.

Para el Consejo de Estado, tanto la investigación, como el proceso en general,estuvieron plagados de múltiples irregularidades que tuvieron que ser reconocidas por la Fiscalía General cuando ordenó la libertad de los ciudadanos tras cerrar la investigación. (Ver Condenan a la Nación por detención arbitraria de presuntos homicidas de Galán)

“Se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional que el propio Estado… sometiera a tales personas al escarnio público y se empecinara en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual fue un acontecimiento que conmocionó al país entero y, por esa razón, provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas”, señala la sentencia.

La Sala señala que los hombres fueron víctimas de la irracionalidad del poder que les arrebató injustamente la libertad y afectó su honra y dignidad al estigmatizarlos yhacerlos pasar como los homicidas del dirigente político y de las dos personas que lo acompañaban.

“Fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico que los diversos medios de comunicación le dieron a la noticia de la captura de los asesinos del doctor Luis Caros Galán, divulgación que fue auspiciada y respaldada por el propio Estado, que trasmitió una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito”, explica el fallo.