La Sección Tercera del Consejo de Estado le pidió a la Alta Consejera de la Presidencia de la República para la Equidad de la Mujer tomas las medidas necesarias con el fin de proteger los derechos de las mujeres que hayan sido víctima de actos de violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública y otras instancias del poder público.
El alto tribunal aseguró que el Estado debe tener prioridad para atender este tipo de actos violentos, los cuales no pueden catalogarse como cuestión de ámbito doméstico ni privado “sino que tienen una dimensión de género”.
En el fallo se manifiesta que “los procedimientos de policía no se pueden traducir en una forma de discriminación ni en prácticas de hostilidad arbitraria y sin justificación hacia grupos vulnerables como los niños, los ancianos, las mujeres, los grupos étnicos o las comunidades LGBTI, entre otros”.
El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional por la agresión que sufrió una mujer por parte de varios agentes en el desarrollo de un allanamiento y captura en flagrancia que era ilegal. Los hechos materia de estudio se presentaron en octubre del 2003 en Valledupar (Cesar).
“Teniendo como base el maltrato físico y psicológico al que fue sometida la señora por parte de los policiales durante y posterior al procedimiento de captura, el ingreso injustificado al domicilio de esta y la denuncia temeraria formulada en su contra, son razones que llevan a establecer una relación estrecha del presente caso con la responsabilidad del Estado por violencia de género, teniendo en cuenta el grado de indefensión e inferioridad de la víctima y el uso excesivo o desbordado en el empleo de la fuerza”, concluye el fallo.
En este punto se asegura que la relación de la conducta de los uniformados con la ejecución de su servicio, el fallo menciona que quedó demostrado dicho nexo, pues hicieron uso de su condición de autoridad para irrumpir en la residencia y practicar un procedimiento de policía, por lo que los hechos no fueron del ámbito privado de los agentes.