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Judicial 13 Abr 2013 - 9:00 pm

Reclaman que se les devuelvan de inmediato los $160 millones que invirtieron

La plata embolatada de la Conferencia Episcopal

Dineros destinados para atender mensualmente a sacerdotes de la tercera edad o inválidos en todo el país terminaron enredados en un negocio financiero. Las Carmelitas Misioneras también resultaron afectadas. Esta es la historia.

Por: Juan David Laverde Palma
En Twitter: @jdlaverde9
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La fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano, que forma parte de la Conferencia Episcopal de Colombia, pide el reintegro de la inversión. / AFP

Un total de $160 millones de la Conferencia Episcopal de Colombia y $377 millones más de la Congregación Carmelitas Misioneras andan embolatados. La historia del extravío de estos recursos incluye la adulteración de sellos de dos prestigiosas compañías petroleras, una firma intermediaria que incumplió y una empresa que buscó rendimientos financieros para los religiosos, y cuyos socios ya no pueden ni verse. Con una denuncia de estafa de por medio, mientras la justicia aclara qué ocurrió con esos $537 millones invertidos, monjas y sacerdotes elevan plegarias para recuperar su plata.

La fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano (Masc), una dependencia de la Conferencia Episcopal en cabeza del padre César Alcides Balbín Tamayo, es una de las afectadas. La finalidad de la fundación es dar un auxilio económico mensual a los sacerdotes inválidos o de la tercera edad de las miles de parroquias del país. Se financia con los aportes que cada mes los curas entregan de su sueldo. Alrededor de $60 mil. Aunque el manejo del Masc es autónomo, sigue las directrices de la Conferencia Episcopal. Las otras que tienen el dinero volando son las Carmelitas Misioneras. Ambas entidades se aventuraron en el negocio de comprar facturas para ganar rentabilidad y hoy están penando.

La historia de este embrollo comenzó en noviembre del año pasado, cuando la empresa Tival, que se dedica a la compra y venta de facturas de proveedores de grandes compañías a cambio de un porcentaje, suscribió un acuerdo con la compañía GPC Drilling, que presta servicios de perforación y mantenimiento de pozos petroleros. En esencia, el negocio consistía en que Tival le compraba facturas a GPC por los servicios que ésta les prestaba a las petroleras Parex Resources Colombia y Pacific Rubiales. Una vez endosadas dichas facturas, Tival las ofrecía en el mercado. Ahí fue cuando la fundación Masc y las Carmelitas las compraron. De inmediato le desembolsaron la plata a Tival y esperaron sus pagos con intereses durante tres meses, pero jamás les cancelaron.

Desconcertados por lo que ocurría se comunicaron con Enrique Ariza, uno de los tres socios de Tival con quien cerraron la compra de las supuestas facturas de Parex y Pacific. Ariza les preguntó a sus asociados, Hernando Silva y Jorge Álvarez (quienes manejaban el acuerdo con GPC), qué había pasado y por qué ninguna de las petroleras había cumplido en el pago de su deuda. Según él, ninguno le supo dar respuesta. Pronto descubrió una cadena de falsedades que puso en conocimiento de la Fiscalía. Ariza estableció que las facturas que supuestamente debían pagar las petroleras habían sido adulteradas. Los sellos de las compañías no correspondían.

Acosado por sus clientes religiosos que exigían el reintegro de la inversión y sus rendimientos, Ariza comenzó a investigar a sus exsocios. De la sospecha pasó a la certeza de que Hernando Silva y Jorge Álvarez habían cometido una estafa. Por eso, el pasado 6 de febrero los denunció por el delito de falsedad en documento privado al concluir que no realizaron los procedimientos de verificación con Pacific y Parex cuando compraron las facturas que les vendió GPC. De hecho, también pidió indagar la participación de dos funcionarios de GPC que fueron quienes endosaron las facturas. Lo que quedó claro es que, en este caso, los documentos resultaron fraudulentos y las obligaciones de las petroleras, inexistentes.

Así lo corroboró el propio Ariza al contactarse con Pacific y Parex. Voceros de cada multinacional rechazaron las facturas que él les mostró porque los sellos habían sido falsificados. Sus clientes, las Carmelitas Misioneras y la Conferencia Episcopal compraron facturas ‘chimbas’. “Me empecé a preocupar cuando mis socios empezaron a dilatar el pago de las facturas. En Parex y Pacific me confirmaron que los sellos eran falsos. En seguida me contacté con mi abogado y entablamos una denuncia contra mis socios de Tival y contra algunos representantes de GPC que debían saber que dichas obligaciones eran inexistentes”, le contó a El Espectador Enrique Ariza.

El denunciante añadió que de inmediato pidió una investigación a la Superintendencia de Sociedades, para que evaluara la responsabilidad de sus socios en el negocio con GPC y comenzó a hacer los papeles para disolver su vínculo con Tival. “Jorge y Hernando eran los encargados de buscar empresas que necesitaran liquidez y yo buscaba compradores para esas facturas a cambio de un porcentaje que le quedaba a Tival por esa intermediación. Hoy me preocupa que aunque GPC dice que tiene la plata, no se sabe cuándo se les va a pagar a la Conferencia Episcopal ni a las Carmelitas Misioneras. No está claro cómo será la devolución ni el pago de los intereses. Estoy convencido de la estafa”.

Este diario tuvo acceso a las facturas en disputa y a los certificados de los endosos que le hizo GPC a Tival y que, supuestamente, estaban respaldados por las compañías Pacific Rubiales y Parex Resources por un valor cercano a los $600 millones. Asimismo, El Espectador conoció correspondencia de Pacific en correos cruzados con Enrique Ariza, en donde la petrolera deja constancia de la adulteración de los sellos y otras irregularidades con las facturas. Por ejemplo, en uno de los documentos, con papel membreteado de GPC, se lee que por la movilización de una maquinaria a Yopal Parex le debía $377 millones. Esa fue la factura que compraron las Carmelitas y que fue anulada apenas se radicó.

El gerente corporativo de Parex, Mauricio García, instauró una denuncia para establecer quién y por qué falsificó los sellos de la multinacional para tratar de defraudarlos, que se sumó a la que ya había interpuesto Enrique Ariza. En diálogo con este diario, Mauricio García sostuvo que nunca les había ocurrido tal cosa en su empresa y que por eso se contrató a un abogado externo, Misael Garzón, para que atienda los pormenores del caso. “Ha sido un pasaje bastante desafortunado. Hay una factura que se origina por la relación comercial que tenemos por GPC, pero ésta estaba mal girada y se devolvió. Días más tarde Tival nos presenta otra con unos sellos adulterados de Parex. De inmediato pusimos la denuncia”.

García agregó que a la empresa GPC le hicieron conocer la situación y que todo parece indicar “que este es un delito muy bien orquestado y que estafaron a mucha gente”. Por su parte, voceros de Pacific Rubiales no entraron en mayores detalles sobre la falsificación de una factura por $220 millones —la misma que compraron la Conferencia Episcopal y otro privado—, pero sí advirtieron que desde hace seis meses la petrolera ha venido haciendo campañas internas y mediáticas con sus proveedores para hacerles entender que no utilizan intermediario alguno. “Muchos han sido engañados. Ha habido casos de proveedores falsos que usan nuestro nombre y venden facturas que luego nosotros no podemos reconocer”.

En contraste, los socios de Enrique Ariza, Jorge Álvarez y Hernando Silva —este último representante legal de Tival— refutaron cualquier indicio de ilegalidad: “Aquí no hay estafados”, aseguró Álvarez, agregando: “La plata no se ha perdido, no ha sido robada, no está en mi cuenta ni en la de Hernando. La plata fue girada a una cuenta con NIT de GPC y, de hecho, ya hicimos un acuerdo de pago con ellos”. Según la explicación de Álvarez, GPC se comprometió a reintegrar los $537 millones que invirtieron tanto las Carmelitas como la Conferencia Episcopal, y Tival, a su vez, se comprometió a pagar los intereses. “Esto se trata de una transacción comercial que se cayó, nada más”, sostiene Álvarez.

Tanto él como Hernando Silva reiteraron que GPC es “una compañía honesta y honorable” y que el Episcopado ya conocía del acuerdo de pago. “Yo voy a denunciar a Enrique Ariza mañana mismo —manifestó Silva—. Cualquier giro de Tival tenía el visto bueno de los tres, eso quiere decir que cuando compramos las facturas de GPC él también autorizó la transacción. Quizá hubo omisión de nuestra parte, pero de él también”. Ambos aseguran que darán la cara apenas sean contactados por cualquier autoridad y recalcan que, según el acuerdo de pago con GPC, los religiosos tendrán sus dineros de regreso el 31 de diciembre de este año o antes. “Con $600 millones yo no me enriquezco sino que me friego de por vida”, arguyó Álvarez.

Al ser preguntados por quién adulteró los sellos no supieron dar respuesta. Reconocieron que hubo errores y omisiones, pero que estafadores no son. Mientras las acusaciones van y vienen, y las petroleras aclaran que nada tienen que ver con el embolate de estos dineros, la Conferencia Episcopal y las Carmelitas continúan esperando con paciencia peregrina que la plata vuelva pronto.

Episcopado pidió devolución de dineros

El pasado 14 de marzo la fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano (Masc), de la Conferencia Episcopal de Colombia, envió un derecho de petición solicitando la inmediata devolución de los $160 millones que le entregaron a Tival S.A.S. con el fin de obtener unos rendimientos financieros.

De acuerdo con Jorge Álvarez y Hernando Silva, socios de Tival que compraron unas supuestas facturas que le adeudaban dos petroleras a la empresa GPC —transacción que se completó usando dineros del Episcopado—, GPC ya hizo un acuerdo de pago y los religiosos recibirán todo el dinero invertido más intereses.

Sin embargo, en el derecho de petición enviado con copia a la Superintendencia de Sociedades, la Conferencia Episcopal indicó que no autorizaba “ningún acuerdo de pago, extensiones de plazo y/o condonación de intereses, por lo que les solicitamos se abstengan de realizar cualquier tipo de transacción en este sentido”.

‘Tumbados’ por Interbolsa

Entre los descalabros que dejó la crisis en la firma comisionista Interbolsa, casi 1.600 reclamantes perdieron su plata por los irregulares movimientos en la compra de repos en las acciones de Fabricato.

Entre quienes se acreditaron como víctimas de las maniobras de la comisionista de bolsa están comunidades religiosas que vivieron el drama de perder miles de millones de pesos. Por lo menos siete congregaciones se encuentran entre las reclamantes de dineros, al parecer, perdidos en medio del escándalo de la otrora mayor comisionista de bolsa del país. Entre ellas el Consejo Episcopal Latinoamericano, que reclama $1.178 millones. Los dineros exigidos por las otras entidades religiosas que habrían sido perjudicadas por la caída de Interbolsa suman $7.211 millones.

 Estos casos son otros ejemplos de inversiones realizadas por comunidades religiosas y que, en vez de ganancias, les habrían significado un dolor de cabeza.

jlaverde@elespectador.com

 

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