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Un total de 15.000 personas, entre las que se encuentran miembros del Resguardo Motilón Barí, en los municipios de El Carmen, Convención y Teorama (Norte de Santander), están en medio del fuego cruzado entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército de Liberación Popular (Epl), según la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre la región del Catatumbo. El órgano de control enfocó su atención en el ocaso del Epl, que vendría recrudeciendo su estrategia ante la imposibilidad de continuar la guerra.
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“Se ha presentado una suerte de degradación, producto del desgaste político, militar e ideológico que resulta común en escenarios de guerra prologada, desmovilizaciones y surgimiento de nuevos grupos armados, como se ha vivido en Colombia en las últimas decadas. El problema radica en que mientras se surte ese proceso de deterioro del Epl, las expresiones de violencia cambian y se degradan, para algunos se entra en una fase de pauperiación de la guerra que deviene en prácticas como el pillaje, la extorsión, homicidios selectivos, secuestros y amenazas indiscriminadas”, denuncia la Defensoría.
De acuerdo con el estudio sobre la región de Norte de Santander, en zona fronteriza con Venezuela, el Eln está a punto de ganarle una guerra de tres años a lo que queda del Epl, guerrilla que desmovilizó al 95% de sus miembros en 1991. Por tal razón, miembros del bando golpeado están desesperados por buscar soporte económico y demostrar capacidad en los territorios. ¿Cuál es la génesis de la guerra entre ambos grupos? El rompimiento de un pacto de no agresión, vigente hasta que la extinta guerrilla de las Farc desocupó el territorio tras los Acuerdos de Paz de 2016. “Se originó un vacío de poder”, cuenta la Defensoría.
El Epl incluso ha querido recurrir al diálogo, antes de sembrar el terror en la región, pero el Eln se siente ganador ante un grupo al que consideran “aliado con paramilitares” y “desfigurado en sus ideales revolucionarios”. Incluso, entre los planes del Eln está quedarse con el control total de la zona fronteriza, aprovechándose de los golpes de la fuerza pública a los altos mandos de lo que quedó del Epl. En septiembre de 2019, por ejemplo, las autoridades dieron con la cabeza de Luis Antonio Quicero Sanjuán, alias Pácora, quien fungió como máximo jefe del Epl tras la muerte de Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, en 2015.
En medio de las disputas entre el Eln y el Epl, ambos bandos insistieron en la vinculación a la guerra de la población civil y de sus líderes comunales, quienes han intentado resistir ante las amenazas. Durante el desarrollo de la confrontación, por ejemplo, fue asesinado Alirio Arenas Gómez, el 2 de septiembre de 2018, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Isidro en Convención. Su historia es el crudo relato de la situación en el Catatumbo, pues se había desplazado a tal municipio tras amenazas de muerte, que luego lo encontraron como presidente del Concejo Municipal.
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La Defensoría también registró el asesinato de Dioselí Noriega, el 14 de octubre de 2018, quien era un reconocido líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de la verdad La Laguna de Convención. También era desplazado. Por otro lado, la vereda San Isidro, en el mismo municipio nortesantandereano, ha sido un blanco constante de quienes quieren hacerse con los servicios de los líderes sociales, pues en junio de 2020 el nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal, Juan de Jesús Peonado, fue secuestrado durante cinco meses.
Sin embargo, otros actores armados ilegales, como el Clan del Golfo -o Autodefensas Gaitanistas de Colombia-, estarían utilizando a los comerciantes como medio de financiación, lo cual abre otra línea de investigación en la zona rural del Catatumbo: “El 8 de abril de 2020 fue asesinado con arma de fuego el señor Dios Emiro Arévalo, en el municipio de Convención, cuando se disponía a abrir su local coemrcial: El Redil, ubicado en el barrio La Primavera. Su nombre había sido relacionado en un planfeto de al parecer las Autodefensas Gaitanistas de Colombia , la cual le estaba exigiendo un ‘aporte a la guerra’”.
Por otro lado, las disidencias de las Farc estarían aprovechando la tormenta para atacar a la población reincorporada, a quienes consideran como “traidores de la lucha revolucionaria”. Por ejemplo, el pasado 11 de enero, fue asesinado el desmovilizado Geovany Claro García, a quien el Frente 33 de las disidencias consideró como un “objetivo militar” y como “miembro del Epl”, lo cual quiere decir que otro grupo armado organizado está tras el exterminio de las últimas piezas del Ejerciro Popular de Liberación, aunque los registros de la Defensoría indican que Claro García en realidad estaba en proceso de reincorporación.
La comunidad desmovilizada y en proceso de reincorporación ya había sufrido un duro golpe en abril de 2019, cuando fue hallado el cuerpo sin vida y con signos de tortura del excombatiente de las Farc, Dimar Torres. Por estos hechos, el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo fue condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio en persona protegida, decisión tomada por el juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta. El mismo agente de la Fuerza Pública aceptó su responsabiidad por la muerte de Torres.