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El 13 de abril de 2011, en desarrollo de la indagación preliminar que entonces desarrollaba la Contraloría por el escándalo de Saludcoop, la entidad dispuso averiguar si los nombres de 57 personas o empresas aparecían en los computadores de la EPS. Hoy esa petición al Laboratorio de Informática Forense del organismo de control, conocida por El Espectador, ha generado revuelo entre quienes fueron agregados a esa lista, y se discute si fue una decisión excesiva o necesaria para aclarar los pormenores de este accidentado expediente.
Dos semanas antes la Contraloría, haciendo uso de facultades de policía judicial, adelantó una inspección en la sede de Saludcoop y ante la imposibilidad de llevarse los computadores de los directivos de la empresa, ordenó que se hicieran copias espejo de sus archivos. Esa acción fue el punto de partida de la indagación preliminar contra el presidente de la EPS, Carlos Palacino, y su grupo de colaboradores, por un presunto manejo irregular de dineros públicos. Una defraudación que, según el organismo, se calcula en $1,7 billones.
Ante lo ocurrido, los abogados de Saludcoop dejaron constancia de que este procedimiento era ilegal porque ningún juez había autorizado hacer esas copias espejo y porque la Contraloría no tenía competencia para revisar esos archivos. Lo sorprendente es que días después la abogada investigadora Edith Rocío González fue más allá de la diligencia y ordenó que se buscara información de 57 personas o empresas en las copias de los PC de Saludcoop para establecer posibles nexos, y pidió que se rastrearan correos o datos relacionados con la entidad investigada.
La composición de esta lista la encabezaban los entonces ministros Juan Carlos Esguerra, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Santamaría. Este último era quien había solicitado el proceso de intervención de Saludcoop. Además aparecían los dos hijos del excontralor Julio César Turbay, el exministro de Protección Social Diego Palacio, la congresista Dilian Francisca Toro, el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, cuatro contraloras en ejercicio, algunas compañías auditoras y varios asesores de los ministerios de Hacienda y Protección.
A la larga lista se agregaron otros nombres conocidos, como el de la exprimera dama Lina Moreno; Everardo Mora, exgerente del Fondo para la Reconstrucción de Armenia; Mónica Uribe Botero, exdirectora del sector de Seguridad Social del Minhacienda; las contraloras Nancy Vallejo, Margarita Jiménez, Ligia Borrero y María del Pilar Yepes; así como Martha Elvira Soto (¿la editora de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo?) o las palabras claves “Villavaleria”, “Recobros Fosyga”, “Acemi”, “Famisanar”, “QAB” o la “Cres” (Comisión de Regulación en Salud).
La indagación de la Contraloría siguió adelante y en diciembre de 2011 se convirtió en una investigación formal. En noviembre de 2012 se imputaron cargos contra Carlos Palacino y 77 directivos más de Saludcoop, así como a 31 empresas del grupo. Además, se ordenó embargar sus cuentas. La razón: el presunto desvío de dineros de la salud para millonarias obras de infraestructura u otras inversiones suntuosas de sus directivos por un valor aproximado a $1,7 billones. Salvo el exministro Diego Palacio, ninguno de los imputados formaba parte de la lista del 13 de abril de 2011.
En medio del proceso fiscal había quedado una rueda suelta: la orden impartida al Laboratorio de Informática Forense para que cruzara información sobre los 57 nombres requeridos y las copias de los computadores de Saludcoop. Ya entonces los abogados de la intervenida EPS habían alegado que dichos procedimientos eran ilegales. La propia contralora Sandra Morelli, en marzo de 2012, había dejado entrever que el recaudo de pruebas iba a tener problemas por los métodos adoptados al realizar las copias espejo de los PC de la EPS.
En particular, en una instrucción dirigida a Mónica Cano Bedoya, directora del Laboratorio de Informática Forense, la propia contralora Sandra Morelli reconoció que no se le escapaban posibles “falencias en la preservación de la prueba, accesos remotos, llamadas ilegítimas a denunciantes, búsquedas no protolizadas (sic)” que se apartaban de los manuales del organismo fiscal. Incluso, advirtió que ameritaba investigar a quién debían adjudicársele las responsabilidades disciplinarias del caso. Su regaño quedó formalizado a través de un correo electrónico.
En este documento, conocido por El Espectador, la contralora Morelli admitió que tampoco se le escapaba que la “mala relación entre los equipos directivos” podía originar un ánimo de perseguir a los colegas, así se afectara el proceso, situación que calificó como “antiética”. De igual manera, asumió que ante los métodos adoptados para el recaudo de las pruebas podía llegar a invocarse una causal de nulidad. La alta funcionaria se quejó de los “continuos rumores” sobre irregularidades en el Laboratorio.
En el extenso correo a Mónica Cano Bedoya, la contralora precisó que “el exceso de celo de las directivas del Laboratorio”, que se traducía en no entregar las pruebas a los delegados intersectoriales, “habría podido afectar los procesos y desconocer el derecho de las partes de conocer las pruebas que van a ser usadas en su contra”. Es decir, más allá del caso Saludcoop, Morelli sí advirtió las anomalías que se estaban presentando en el Laboratorio de Informática Forense (encargado de salvaguardar las pruebas técnicas en los procesos fiscales).
La evidencia fue el comentario con el que concluyó su reproche: “Ya ha transcurrido tiempo suficiente para que cada uno entienda su rol, su responsabilidad y el acervo jurídico que nos rige, de tal manera que la contralora general no tolerará más irregularidades o errores en torno a este tema”. Previamente había advertido en el correo que la utilidad del Laboratorio para el desarrollo de los procesos dependía “de la madurez profesional del equipo directivo de la Contraloría”.
La misma funcionaria a la que la contralora Morelli le hizo las advertencias sobre el mal manejo del Laboratorio de Informática Forense, Mónica Cano Bedoya, fue quien recibió la solicitud de la abogada investigadora Edith Rocío González, el 13 de abril de 2011, para que cruzara la información de 57 personas o empresas con supuestos nexos con Saludcoop. Era claro que lo que habían advertido los abogados de Saludcoop sobre posibles violaciones a derechos fundamentales por no existir una orden de un juez para obtener esta información, tarde o temprano iba a salir a relucir en la investigación.
Hoy, casi dos años después de la polémica orden de cruzar información sobre las 57 personas o empresas, la posición de la contralora Morelli es otra. Consultada por El Espectador sobre la petición que en su momento hizo su subalterna Edith Rocío González, defendió las pesquisas de su delegada, que consideró que dichos cruces de información eran normales y necesarios, pero admitió que los desechó cuando asumió que, por esa vía, se podía afectar el expediente. “No hubo violación alguna”, insistió. “Había que investigarlo todo”.
Y luego puntualizó: “Si aparece un concepto de alguna de las personas incluidas en la lista, era lógico que se debía mirar con qué recursos se habían pagado dichos conceptos, porque se trataba de dineros públicos. Además, aquí no hay intocables. Por eso creo que los procedimientos no constituyen abuso alguno. Son verificaciones. Corresponden a una lógica de la investigación. Todos los días llegan denuncias, unas fundadas y otras no, pero por eso no se pueden botar a la caneca. Si hubo una imputación de $1,7 billones, tenga la seguridad de que se sumaron muchos nombres”.
La contralora recalcó que generalmente llegan muchas denuncias que dan lugar a estas verificaciones y que lo que se trataba de averiguar no era la responsabilidad de los contratistas, sino de Saludcoop. Aclaró que nunca le reportaron resultados de esa polémica pesquisa, aunque sigue creyendo que la investigadora González tenía información o indicios para ordenarla. Al ser consultada sobre si este tipo de búsquedas selectivas en bases datos puede traspasar sus facultades, contestó: “Basta que cambien la ley y no se vuelve a hacer”.
A su vez, la directora del Laboratorio de Informática, Mónica Cano, le manifestó a este diario que las razones de la búsqueda de los 57 nombres sólo la puede contestar la investigadora que la pidió. “El Laboratorio realiza una labor técnica, nunca nos llevamos computadores de sitio alguno, sólo hacemos copias de los equipos, pero en este caso era tan grande el proceso de Saludcoop, que queríamos tener la tranquilidad de que las personas que trabajaban con nosotros nada tuvieran que ver con el caso”.
El Espectador consultó a algunas de las personas incluidas en el controvertido listado de abril de 2011. Por ejemplo, el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González consideró que el procedimiento no fue ilegal, pero se declaró sorprendido de que su nombre estuviera allí. “No he tenido contratos ni nada con Saludcoop. Conocí al señor Palacino por el actual fiscal Montealegre. Ni siquiera soy afiliado a esa EPS. Pero sí quisiera saber qué indicio sustentó que me mencionaran en esa solicitud”.
El magistrado González insistió en que si bien la Contraloría tiene funciones de policía judicial que están reguladas, su deber no es averiguar la vida de los ciudadanos. Y concluyó: “Creo que la clave es que el nombre de todos los que aparecemos haya estado en alguna queja de un ciudadano o en algún documento. Es decir, que haya existido un indicio. Estoy seguro de que Saludcoop buscó algo por vía de tutela en la Corte y seguramente no le fue bien. De todos modos, cuando todo este asunto se haga público sí quiero preguntarle a la Contraloría por qué estoy en esa lista”.
El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry explicó que realizó un estudió para Saludcoop en 2008, con proyecciones a 50 años, para establecer modelos de trabajo en el sector salud, y que usó datos de la EPS con casi cinco millones de afiliados. Echeverry aseguró que ese estudio lo hizo con la firma del exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra y con el exsuperbancario Augusto Acosta. “Diez personas y tres firmas trabajamos en eso. Pero nada más. Por eso no me sorprende mi inclusión en esa lista. No le veo misterio a que la Contraloría haga su labor”.
Por su parte, Esguerra se limitó a decir que su firma de abogados ha prestado servicios profesionales a algunas entidades vinculadas con Saludcoop, pero que él nada ha tenido que ver con esta EPS o sus directivos. “Ni siquiera los conozco”. En el mismo sentido se pronunció el exministro de Salud y hoy director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría: “Nunca he tenido ni contratos ni acercamientos ni nada con Saludcoop. Conocí a Palacino siendo ministro. Yo fui quien ordenó la intervención. Que investiguen lo que quieran. No tengo velas en ese entierro”.
Consultados los abogados de Saludcoop, observaron que desde el principio advirtieron que esa recolección de pruebas de la Contraloría con los computadores era ilegal, pero que aún así la contralora Morelli deslizó información a los medios de correos o datos obtenidos en esas copias espejo para crear mal ambiente contra sus clientes. “El oficio es claramente una violación al derecho a la intimidad y a otros derechos fundamentales. Tenía que existir una orden judicial para hacerlo y no se hizo. Eso y los embargos injustificados a Saludcoop le van a costar al Estado”.
Un experto constitucionalista, que quiso mantener su nombre al margen de la polémica, manifestó que para cualquier búsqueda en base de datos se requiere la presencia del Ministerio Público y de una orden de un juez. El jurista se preguntó dónde estaba la razonabilidad de esa medida de la Contraloría y si se tenían indicios de conductas delictivas, por qué no se pidieron investigaciones a la Fiscalía. En otras palabras, agregó el experto, “no se puede violar el hábeas data sin fundamentos y menos hacerlo bajo criterios de eficientismo de la justicia. Eso ya pasó. Vea el DAS”.
Otros abogados sostuvieron que la Contraloría jamás violó la ley con el polémico oficio de abril de 2011 y que sus funciones de policía judicial le permitían hacer estas verificaciones, las que en ningún momento violaron derechos fundamentales. En todo caso sí existe un correo en el que la contralora Morelli reprochó aparentes irregularidades en el Laboratorio de Informática Forense. ¿Qué indicios fundamentaron la inclusión en esa lista de exministros, magistrados, particulares o funcionarios y quizá una periodista en la lista? ¿Ha habido “llamadas ilegítimas a denunciantes”, como lo dijo la contralora en su correo? La controversia está servida.
En Twitter @jdlaverde9