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En la noche del 19 de agosto de 2011 el subintendente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Nelson Giovanni Tovar Pineda recibió una orden directa de sus superiores para conseguir un arma de fuego “a como diera lugar”. Esto tras conocerse la comunicación en la cual se informaba que un patrullero de la Institución había recibido un disparo por parte de un joven 16 años en la calle 116 con Avenida Suba.
El uniformado, quien se encontraba en el CAI de la Alhambra, consiguió el arma en el mercado negro y la traslado al lugar de los hechos donde se encontraban otros miembros de la Policía y un abogado. Los allí presentes le ordenaron disparar la pistola en el humedal Córdoba en cercanías al lugar de los hechos.
El subintendente, quien fue capturado en agosto de 2014, está cerca de firmar un preacuerdo con la Fiscalía General en el cual se compromete a aceptar su responsabilidad en los delitos imputados, lo que le valdría una rebaja en su pena de ser avalado por un juez de conocimiento. Igualmente se compromete a entregar información sobre otros implicados en este caso y ser testigo en los procesos penales que se adelantan.
La abogada Myriam Pachón, quien defiende los intereses de los familiares del joven grafitero, aseguró según las pruebas recolectadas para realizar tuvo el aval de sus superiores quienes conocieron de manera detallada la obtención de arma de fuego y su ubicación predeterminada en el lugar donde horas antes el joven Becerra Lizarazo había recibido una herida mortal por parte del patrullero Wilmer Antonio Alarcón.
Igualmente aseguró que existen otros tres principios de oportunidad firmados sin embargo están a la espera del aval del Fiscal General para que puedan ser presentados ante un juez de garantías. “Llevamos dos años y no ha sido posible”, precisó Pachón quien señaló que en todos estos casos se plantea una condena restrictiva de la libertad.
En el caso del subintendente, de ser avalada la negociación que se ha adelantado con la Fiscalía General, sería la primera sentencia condenatoria por la manipulación y alteración de la escena del crimen. Por estos hechos son procesados otros 13 uniformados y tres civiles cuyo juicio iniciará en los próximos días. “Cuando todo esto acabe quedará demostrado que fue un montaje en contra de Diego Felipe Becerra”.