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El 2 de diciembre de 2006 dos agentes de la Policía Metropolitana de Cali retuvieron sin justificación alguna a un joven. Luego de subirlo a la moto lo arrojaron al suelo donde recibió varios disparos que acabaron de manera inmediata con su vida. La entidad demandada aseguró que se había tratado de un accidente puesto que el arma se había disparado.
La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Policía por el abuso de la fuerza en este caso. Igualmente la Institución deberá pedirle “disculpas expresas y detalladas” a los familiares del menor de edad en un plazo de tres meses. El alto tribunal admitió las pretensiones de la demanda de reparación.
El Consejo de Estado le hizo un fuerte llamado de atención a la Policía por lo que consideraron una violación de sus funciones constitucionales y legales. Resalta el alto tribunal que es “inconcebible” que los funcionarios encargados de dar seguridad a los ciudadanos sean los que difundan el pánico en la población civil.
En el extenso fallo se resalta que los uniformados utilizaron las armas otorgadas para proteger a la población civil de manera muy diferente. “Llegando incluso, a retener y asesinar niños indefensos”, precisa. En este sentido se manifiesta que con estas acciones se vulneraron los derechos fundamentales de la comunidad.
“La imagen de esa institución y la calidad humana de sus integrantes quedan por completo en entredicho, por culpa de unos desadaptados que se escudan en el uniforme y en las armas oficiales para dar rienda suelta a su criminal instinto salvaje”, manifiesta la decisión judicial.
En la decisión judicial se le hizo un fuerte llamado a la Policía, hecho por el cual se le ordenó crear un plan para instruir a todos los policías sobre los derechos que tienen los menores de edad.