Policía hizo un "pacto sepulcral" para ocultar la verdad del crimen del grafitero

Así lo indicó el fiscal del caso en la audiencia de imputación de cargos contra dos coroneles de la Policía y una civil.

Ante la juez 64 de garantías, el fiscal 295 de la Unidad de Vida indicó que existen pruebas documentales y testimoniales suficientes para indicar que los coroneles José Javier Vivas Báez y Nelson de Jesús Arevalo participaron activamente en la manipulación de la escena del crimen en el caso de la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, registrada el 19 de agosto de 2011.

En la diligencia judicial se presentó el interrogatorio rendido por el patrullero Freddy Navarrete, quien narró su participación en la noche de los hechos luego que se registraron una serie de comunicaciones internas en las que se anunció que un patrullero le había disparado a un presunto asaltante que habría participado en un atraco a un bus de servicio público en la localidad de Suba.

“La escena nunca estuvo protegida, se permitió la plantación de un arma y todo esto se hizo con la anuencia del comandante del CAI de Bogotá y el subcomandante de la Policía Metropolitana (…) Ustedes sabían eso que y permitieron esa manipulación”, indicó el fiscal del caso durante la imputación de cargos. 

En esta declaración, el patrullero indicó que el coronel Arevalo coordinó y estuvo pendiente siempre de la llegada de los otros uniformados al lugar de los hechos, así como los registros de los informes que se adelantaron sobre este caso.

Ante esto, en diferentes oportunidades el uniformado aseguró que cuando llegó al lugar de los hechos realizó el protocolo exigido como la ubicación de una cinta de seguridad, una revisión del lugar y la búsqueda de testimonios de personas que pudieron haber presenciado los hechos. 

En ese momento no había nadie en el lugar, ni habían llegado los uniformados que habían respondido las llamadas internas. En su declaración, el declarante consideró que en no presenció ningún arma de fuego de fuego en el lugar, ni otro elemento que se le pareciera y con el que pudiera confundírsele.

En este sentido, aclaró el fiscal en su lectura, Navarrete indicó que con al poco tiempo las comunicaciones internas ordenaba el traslado de una pistola al lugar de los hechos. “Todo fue un montaje de la policía para justificar el actuar de Alarcón”, indicó el declarante.

El pacto de silencio

En su narración indicó que el patrullero Alarcón habría tenido que pagar entre 250 mil y 300 mil pesos por dicha arma. “No sé quién dio la orden, pero nadie hacia nada sin orden del superior que en ese momento era el coronel Aravalo”.

Ya en el lugar de los hechos el patrullero indicó que el abogado Héctor Hernando Ruiz, quien defendió a Alarcón en la primera parte de su proceso penal, recibió el arma por parte de un grupo de patrulleros del CAI de La Alhambra y la limpió con un pañuelo. “Acto seguido la ubicó en el lugar”. 

Luego de eso, el coronel Arevalo le pidió a Alarcón que “se bañara las manos con orines”, igualmente ordenó a un grupo de uniformados que se consiguieran unos elementos para resguardar el arma.

Según la declaración de Navarrete, todos los uniformados realizaron un “pacto sepulcral” de silencio con el fin de no contar nada sobre lo sucedido esa noche. Pacto que se les reiteró en diferentes oportunidades donde se les pidió guardar silencio total y no cambiar su primera versión.

“El coronel Arévalo nos manifestó a los presentes que ‘lo que se estaba haciendo era porque Alarcón era un buen policía’ y el otro era un delincuente. Ruiz dijo que ‘nadie se podía ir para atrás, porque si lo hacían les iba a ir mal”, precisó el fiscal al leer la declaración de Navarrete.

El fiscal del caso indicó además que existen una serie de interrogatorios rendidos por otros uniformados que llegaron que permiten comprobar la asistencia de los coroneles al lugar, así como las contradicciones en las que incurrieron los declarantes.

El arma

Otros de los testimonios aportados en la presente audiencia fue el de un vigilante del sector del barrio la Alhambra quien indicó que en horas de la noche presenció desde su cabina la llegada de una motocicleta con dos policías.

Acto seguido los uniformados caminaron por el lugar “y observaban con curiosidad un objeto, como una pistola. Pocos segundos después uno de los uniformados la dispararon en un humedal, no recogieron nada y se fueron por donde llegaron”.

Para el fiscal, esta declaración concuerda con otras declaraciones que indicaron que dos uniformados se acercaron al lugar de los hechos y le entregaron el revólver al abogado Ruiz con el fin de que lo “plantara” en la escena.

El supuesto robo

En el caso de Nubia Mahecha, el fiscal del caso indicó que para ocultar la verdad era menester crearle un perfil criminal al joven Diego Felipe Becerra con el fin de hacerlo pasar como un delincuente y un atracador y así justificar el accionar del patrullero Alarcón.

“¿Y qué se necesitaba para esto? Pues una denuncia y un denunciante para acreditar la acción en la que supuestamente estuvo involucrado el joven de 16 años y sus dos compañeros”.

La Fiscalía les imputó los delitos a los coroneles de fraude procesal, favorecimiento de homicidio, falsedad en documento público, ocultamiento de material probatorio, fabricación y porte ilegal de armas.

Mientras que a la mujer se le imputaron los delitos de falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento en homicidio.
 

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